El Gobierno da un mes a Murcia para quitar el 'pin parental' antes de ir a los tribunales
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dado un mes de plazo al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar el "veto parental", en referencia al polémico 'pin parental', antes de que el Ejecutivo recurra esta medida en los tribunales de Justicia.
En una rueda de prensa en la localidad alavesa de Llodio para presentar el saneamiento del Alto Nervión, la ministra se ha referido a la decisión del Gobierno de Murcia -a propuesta de Vox- de permitir a los progenitores no autorizar la asistencia de sus hijos a charlas y talleres en horario lectivo.
Celaá ha hecho este aviso el mismo día en que los consejeros de Educación de nueve comunidades autónomas gobernadas por el PSOE se han movilizado a través de una carta contra el 'pin parental'.
El llamado ‘pin parental’ es una propuesta –liderada por Vox y apoyada por el PP– que pretende obligar a la dirección de los centros educativos a tener que informar sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI a los progenitores para obtener su consentimiento expreso. Esta medida, que supone un veto a ciertos contenidos educativos, afectaría a actividades organizadas en horario lectivo y, por tanto, a diferencia de las extraescolares, obligatorias para todos los alumnos.
El Gobierno envió el viernes un requerimiento al Ejecutivo murciano para instarle a retirar una medida que constituye "una censura previa, que va incluso contra la libertad de cátedra". A día de hoy no hay respuesta a ese requerimiento y Celaá entiende que el plazo razonable para tomar medidas adicionales como la vía judicial es de un mes.
La ministra ha recordado además que fue la última reforma educativa, la llamada 'ley Wert', impulsada por el entonces Gobierno del PP, la que limitó la capacidad de decisión de los padres en los consejos escolares, y ha reprochado al presidente del PP, Pablo Casado, que este viernes ha vuelto a defender el derecho de los padres a elegir sobre estos contenidos, su "desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo" en España.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha explicado este lunes en RNE que el llamado 'pin parental' se está aplicando en su comunidad autónoma desde septiembre y ha señalado que el Gobierno está utilizando esta polémica como una "cortina de humo" para tapar la creada a su por el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. No descarta llegar a los tribunales para defenderlo.
Polémica sobre el 155 en Murcia
La futura delegada del Gobierno para la Violencia de Género y todavía diputada de Podemos Victoria Rosell ha ironizado con la posibilidad de aplicar al Gobierno de Murcia el artículo 155 de la Constitución si el Ejecutivo autonómico sigue adelante con el 'pin parental', algo que ha generado revuelo mediático y críticas por parte de la oposición.
"Hay unos cauces jurídicos que pueden ser no necesariamente judiciales sino incluso administrativos de requerimiento para que cumpla la obligación, imagínese, incuso de un 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual, o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables".
No obstante, poco después ha aclarado en un mensaje de su cuenta de Twitter que este planteamiento no era una propuesta sino una "ironía", para comparar el comportamiento de PP, Ciudadanos y Vox a este respecto con la desobediencia del Gobierno catalán. "La frase empieza '¿se imaginan?' y termina con una carcajada. Se llama ironía. Lo de enfrente, manipulación", ha afirmado.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha considerado que "parece que están compitiendo por quién dice la barbaridad más grande".
El PP pide la comparecencia de Darias ante la "amenaza" del Gobierno
Las declaraciones de Rosell también ha provocado la reacción del PP, que ha pedido la comparecencia de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en el Congreso para que explique el criterio por el que el Gobierno "amenaza", según este partido, con aplicar el artículo 155 a la Región de Murcia. También ha solicitado la comparecencia de la ministra de Educación, Isabel Celaá, sobre esta misma polémica.
Por su parte, Vox ha presentado este lunes una iniciativa en las Cortes Valencianas para que se instaure la medida en los centros educativos de la Comunidad y su líder, Santiago Abascal, se ha referido al debate sobre si los hijos "pertenecen" a los padres o no y ha comentado que "es evidente que (los hijos) no son de los padres", aunque ha matizado que "tampoco son del Estado, ni del PSOE, ni de Podemos".
Mientras, Más País ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama "garantizar el cumplimiento de la ley y la Constitución frente a los intentos de censura educativa por parte de cualquier comunidad autónoma".
Madrid, Andalucía o Galicia, en contra del pin parental
En la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación, Enrique Ossorio (PP), ha rechazado la implantación del pin parental y el vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), ha dicho que la "polémica" es "ficticia" y creada por PSOE y Vox para "polarizar". "¡Es vergonzoso que el Gobierno hable de aplicar el 155 a Murcia, una comunidad que respeta la Constitución!", ha escrito el partido en un mensaje en Twitter, en el que ha criticado que "el PSOE nunca ha denunciado ni se ha sonrojado por el adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña".
En Andalucía, el consejero de Educación, Javier Imbroda, también se ha mostrado en contra a pesar de que el portavoz parlamentario de Vox en la región, Alejandro Hernández, ha asegurado que PP y Ciudadanos se han comprometido a aplicarlo.
Dentro del PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, ha pedido "sosiego", tras advertir de que no participará en la idea de "politizar la educación", y su compañero de partido y presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado la posibilidad de aplicarlo ya que no considera que deban "entrar en la libertad de explicación, de cátedra, de los profesores".
Otras nueve comunidades también se han pronunciado al respecto, en este caso las gobernadas por el PSOE: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y Valencia-, que han suscrito un texto contra el veto parental bajo el título Educar en libertad y para la libertad.
Además, el pin parental ha provocado la convocatoria, desde el Sindicato de Estudiantes y la asociación Libres y Combativas, de una huelga general "estudiantil, feminista, antifascista y antirracista" para el próximo 6 de marzo con el fin de frenar "la ofensiva de la extrema derecha" al querer imponer el pin parental en los centros educativos.