¿Qué implicaciones tendría rebajar la pena por sedición en el Código Penal?

• Si se reforma a la baja el delito de sedición, el Tribunal Supremo deberá reducir la condena a los líderes del 'procés'
• Reformar el Código Penal con el apoyo del Congreso supondría un menor coste para el Gobierno que un indulto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista con RTVE en el palacio de la Moncloa.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa una de las cuestiones más espinosas que tiene por delante para emprender la salida que busca para el desafío independentista en Cataluña y allanar el camino de la legislatura: una reforma del Código Penal para revisar los delitos de sedición y rebelión, en especial el primero, por el que fueron condenados a penas de entre nueve y 13 años de cárcel -al sumar delito de malversación- los líderes independentistas promotores del 'procés'.

Si se llega a reformar el Código Penal para revisar a la baja las penas de cárcel asociadas a estos delitos, la Sala del Tribunal Supremo que condenó por sedición a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart tendría que aplicar un descuento de sus años de condena.

La propuesta de reformar estos delitos en el Código Penal no ha causado sorpresa en la Sala de lo Penal del Supremo, según fuentes consultadas por Europa Press, ya que algunos de sus magistrados han venido advirtiendo de esta posibilidad incluso desde antes de conocerse la sentencia el pasado mes de octubre.

La rebaja del delito de sedición beneficiaría a los condenados

El derecho penal no es de aplicación retroactiva salvo que ello redunde en beneficio del reo, como sería el caso. Así que de rebajarse los años de cárcel previstos para los delitos de rebelión o sedición, o de ir a una nueva tipificación penal de esas conductas, los presos del 'procés' se verán favorecidos.

El tribunal encargado de realizar dicho cambio sería el propio tribunal sentenciador en ejecución de la sentencia, al encontrarnos ahora en dicha fase procesal.

La vía del Código Penal tiene menor coste político para Sánchez

Fuentes jurídicas coinciden en señalar que la aplicación de esta reforma penal, al venir respaldada por una mayoría reforzada en el Parlamento, supondría un menor coste al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la aprobación de indultos parciales o totales cuya aprobación corresponde en exclusiva al Gobierno.

Sin embargo, esta vía también exigiría a Sánchez un mayor apoyo en el Congreso del que obtuvo para su investidura, pues el Código Penal es ley orgánica y requiere para su reforma una mayoría absoluta de apoyos (al menos 176 diputados) en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Sumar los votos de ERC, JxCat y Bildu

Es decir, el PSOE precisaría más apoyos que el que logró sumar a favor de la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. Bastaría, no obstante, con mantener dichos apoyos y obtener el sí de aquellas formaciones que se abstuvieron, como ERC y Bildu, además del voto favorable de otras como JxCat.

Ya en 2018, ERC presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para suprimir el delito de rebelión y el de sedición del Código Penal para quienes declararan la independencia de una parte del país o para quienes convocasen o promovieran referendos careciendo de competencia para ello.

Preguntado por este asunto, Sánchez manifestó en su entrevista del lunes en TVE que "hay que ir paso a paso a paso", si bien considera que la crisis con Cataluña ha demostrado que el Código Penal español no se corresponde con la época que ha tocado vivir a España y que no tiene delitos homologables a lo que ocurre en otros países europeos. Por ello, considera que este debate se tendrá que abrir en el Congreso de los Diputados.

Qué es hoy sedición

En su actual redacción, el Código Penal castiga por sedición a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

Prevé condenas de ocho a diez años de cárcel para quienes dirijan o induzcan la sedición o sean principales actores (el caso de los 'Jordis' en el "procés") y de diez a 15 años si esos mismos comportamientos los perpetran autoridades (los siete exconsellers condenados y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell).