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La Corte Internacional de Justicia ordena a Myanmar medidas cautelares para proteger a los rohinyás y evitar más crímenes

  • El alto tribunal de la ONU obliga a Myanmar a que proteja a la minoría musulmana de un supuesto genocidio
  • Las medidas "deberán ser efectivas" y se recogerán en un informe que presentarán a la Corte dentro de cuatro meses

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El presidente de la Corte Internacional de Justicia, Abdulqawi Ahmed Yusuf (4-R), dictaminó en la demanda presentada por Gambia contra Myanmar, durante una sesión judicial en La Haya, Países Bajos, el 23 de enero de 2020.
La Corte Internacional de Justicia ha dictado sentencia en la demanda presentada por Gambia por la persecución de la minoría musulmana rohinyá en Myanmar, la antigua Birmania.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha ordenado este jueves a Myanmar (antigua Birmania) la aplicación de medidas cautelares para proteger a la minoría musulmana rohinyá de un supuesto genocidio.

El alto tribunal de la ONU ha decidido, por unanimidad, obligar a Myanmar a tomar "todas las medidas a su alcance" para prevenir crímenes contra los rohinyás en su territorio, como el asesinato de sus miembros.

El Ejército de Myanmar también deberá evitar otros delitos que puedan cometerse contra la minoría musulmana, como que sus miembros sean víctimas de "daños mentales o corporales" o la imposición de medidas "que prevengan el nacimiento" de rohinyás.

Asimismo, tanto el Ejército de Myanmar como "grupos armados irregulares" no podrán cometer actos que supongan la comisión del delito de genocidio o de intento de genocidio.

Informes sobre las medidas adoptadas

Las medidas "deberán ser efectivas", dijo el presidente de la CIJ Abdulqawi Ahmed Yusuf, que ha leído la decisión, y las autoridades de Myanmar tendrán que "preservar las evidencias relacionadas con las alegaciones" de genocidio, las cuales se estudiarán cuando se juzgue el fondo del asunto.

Por último, los magistrados exigieron al país asiático que entregue dentro de cuatro meses un informe al tribunal con las medidas tomadas para cumplir con la orden dada a conocer este jueves.

Una vez entregado ese primer informe, Myanmar deberá entregar otro cada seis meses con un seguimiento del cumplimiento de esas medidas hasta que los jueces se pronuncien sobre el fondo del caso.

El representante de víctimas rohinyás Tun Khin en la Corte Internacional de Justicia, este jueves, en La Haya, Paises Bajos

El representante de víctimas rohinyás Tun Khin en la Corte Internacional de Justicia, este jueves, en La Haya, Paises Bajos. EFE/ David Morales Urbaneja

El alto tribunal de la ONU se ha alineado de esta manera de forma casi total con la posición del país denunciante, Gambia, que presentó sus alegaciones basándose en un informe de la ONU que alertó de elementos en la actuación del Ejército de Myanmar desde agosto de 2017 que podrían definirse como un "intento de genocidio".

Myanmar ha dicho en su defensa que las operaciones de sus fuerzas militares formaban parte de una lucha contra grupos armados que atacaron comisarías de policía.

La ex premio Nobel de la Paz y líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, acudió a La Haya el pasado diciembre para defender al Ejército y aseguró que el sistema de justicia militar de su país procesará a los sospechosos de los abusos.

Birmania reconoce crímenes de guerra contra los rohinyá

Una comisión creada a instancias del Gobierno birmano reconoció el lunes que la minoría musulmana rohinyá fue víctima de "crímenes de guerra" en 2017, pero negó que hubiera una "intención genocida" como apuntan investigadores de la ONU.

Estas conclusiones han sido recibidas con escepticismo por activistas de organizaciones como Amnistía Internacional, que han cuestionado su imparcialidad y pedido la publicación del informe final con la metodología usada para su elaboración.

En un comunicado, la Comisión Independiente de Investigación (ICOE, en sus siglas en inglés) anunció el final de su investigación sobre los ataques de un grupo insurgente rohinyá y la respuesta del Ejército birmano entre agosto y septiembre de 2017 y la entrega de un informe final al presidente birmano, Win Myint.

Tras la entrevista a unos 1.500 testigos, el grupo de expertos afirmó que se produjeron "crímenes de guerra" y "serias violaciones de los derechos humanos" durante la campaña de las fuerzas de seguridad birmanas en el estado Rakáin (oeste).