Las claves del accidente de Metro de Valencia, el mayor que ha habido en España
- El siniestro sucedió el 3 de julio de 2006 al descarrilar un convoy de la línea 1 del Metro de Valencia
- La causa se ha archivado y reabierto varias veces y el lunes iba a empezar el juicio oral
Hace más de 13 años, en el verano de 2006, en el metro de Valencia se produjo el que es hasta ahora el mayor accidente en este medio de transporte en España, y que causó 43 víctimas mortales y provocó lesiones de diversa consideración a otras 47 personas. El caso iba a llegar a juicio este lunes, pero finalmente no habrá, después de que los acusados y la Fiscalía hayan alcanzado un acuerdo de conformidad.
¿Cómo fue el accidente?
El 3 de julio de 2006, solo cinco días antes de que el papa Benedictino XVI aterrizara en España para clausurar en Valencia el Encuentro Mundial de las Familias, el convoy UTA 3736 de la línea 1 del Metro de Valencia, la más antigua, que venía de la estación plaza de España, descarriló en la curva previa a la estación de Jesús a las 13.03 horas.
Como resultado del vuelco de los vagones, 43 personas perdieron la vida, entre ellas el maquinista, que inicialmente quedó herido, pero que murió poco después, y otras 47 personas resultaron heridas.
De las víctimas mortales de ese día –dos heridos murieron días más tarde-, treinta eran mujeres y 16 eran vecinos de Torrent, municipio donde finaliza la línea 1.
La investigación del accidente determinó que el convoy circulaba a 80 Km/hora, el doble de lo permitido. Una de las primeras conclusiones fue que el conductor era el único responsable del accidente, posiblemente por un desvanecimiento, pero como murió en el siniestro, nunca pudieron interrogarle.
Los acusados
El próximo lunes debían sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Valencia ocho acusados, todos exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
Los procesados eran: la que fuera gerente de FGV cuando el accidente, Marisa Gracia, el ex jefe de Talleres, Luis Miguel Domingo; el ex director de Operaciones, Manuel Sansano; el que fuera responsable de la auditoría para la seguridad y circulación, Juan José Gimeno; el ex jefe de la Línea 1, Sebastián Argente; el director técnico, Francisco García; el adjunto de Explotación, Vicente Contreras, y el ex director de Estudios y Proyectos, Francisco Orts.
¿Qué peticiones de condena había?
La Fiscalía solicitaba para cada uno de los ex altos mandos de Ferrocarrils tres años y siete meses de prisión por 43 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y otros 37 delitos de lesiones.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por la Asociación de Víctimas de Metro 3 de julio, reclamaba una condena de cuatro años de prisión para cada uno de ellos por considerarlos autores materiales -por omisión o cooperación necesaria- de 43 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 47 delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.
Causa archivada y reabierta varias veces
A lo largo de los más de 13 años que han pasado desde el accidente, las víctimas han tenido que ver hasta varios archivos de la causa, uno de ellos apoyado por la Fiscalía, y todos enmendados por la Audiencia Provincial de Valencia.
En marzo de 2007, dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales, el juzgado de Instrucción número 21 archivó por primera vez el caso, a petición de la Fiscalía. En diciembre de ese mismo año, confirmaba el archivo de la causa.
Entonces, el juez consideró que la causa del accidente fue la excesiva velocidad, sin ningún fallo técnico, tal y como había indicado el informe policial, y entendía que la responsabilidad penal se había extinguido al haber fallecido el conductor, Joaquín Pardo.
Sin embargo, aunque la decisión fue confirmada en mayo de 2008 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, en enero de 2014, la Sección Segunda de la Audiencia ordenó la reapertura del caso, por orden de la Fiscalía.
En mayo de 2017, la causa volvió a ser sobreseída al descartar responsabilidades penales y al considerar no acreditado un fallo en el vagón o la vía, pues según los expertos, las instalaciones se encontraban en estado apropiado.
Tanto la Fiscalía como la Asociación de Víctimas 3 de julio recurrieron esta última decisión de sobreseimiento, por lo que en febrero de 2018, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ordenaba de nuevo al juzgado instructor que reabriese una vez más la investigación, e instaba a la instructora que llamara a declarar a los investigados en la causa, y si consideraba que no era necesario, que abriese juicio oral.
Finalmente en febrero 2019, la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia decretaba la apertura del juicio oral, que debería comenzar el próximo lunes.
Investigación en las Corts valencianas
Dos semanas después del accidente, se abre una comisión de investigación en las Corts valencianas, que se cierra en solo cinco días, después de una treintena de comparecencias.
El dictamen de la comisión es aprobado con los únicos votos del PP, partido que en ese momento gobernaba tanto la Generalitat Valenciana, como el Ayuntamiento de Valencia. La comisión concluye que la causa del descarrilamiento fue el exceso de velocidad y que la línea 1 era segura.
En febrero de 2012, se conoce la existencia de un contrato con una consultora, cuya finalidad era aleccionar a los comparecientes en la comisión de investigación de las Corts para que evitaran pronunciar palabras como “tragedia”, “deficiencia” o “baliza”, algo que fue confirmado en 2016 por el que fuera jefe de seguridad de Metro en el momento del accidente, Arturo Rocher, quien denunció presiones a los trabajadores.
En julio de 2015, con la llegada al Ejecutivo valenciano del PSOE y Compromís, ambas formaciones junto con Podemos acordaron crear una nueva comisión de investigación sobre el accidente del metro.
Esta nueva comisión parlamentaria concluyó un año después que el siniestro se debió a la falta de seguridad, que fue "previsible y evitable", alertó de la falta de inversiones en la línea y responsabilizó políticamente al expresident Camps y al exconseller y expresidente de Les Corts Juan Cotino.
La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio
En octubre de 2006, tres meses después del accidente, se constituye la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio para exigir responsabilidades políticas y penales y una investigación exhaustiva del siniestro.
Para la Asociación de Víctimas, entre los responsables del accidente, estaban precisamente Camps y Cotino.
A lo largo de los años, las víctimas y sus familiares se manifestaron en numerosas ocasiones para reclamar justicia el día 3 de cada mes en la plaza de la Virgen.
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