El Tribunal de Cuentas reclama 4,1 millones al gobierno de Puigdemont por el dinero desviado para el 1-O

• El organismo fiscalizador entrega la liquidación provisional, aún pendiente de las alegaciones de los investigados
• Una vez que se fijen las fianzas, los investigados deberán abonarlas si quieren evitar embargos

El expresidente catalán Carles Puigdemont es hoy eurodiputado, pero su inmunidad no le libraría de esta condena.

El Tribunal de Cuentas reclama 4,1 millones de euros al expresidente catalán Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y al resto de su gobierno, incluyendo ex altos cargos de la Generalitat -hasta 31 personas- por los fondos públicos presuntamente desviados para pagar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, una cantidad que ha cifrado provisionalmente en 4.146.274,97 euros, según han informado fuentes jurídicas.

El órgano fiscalizador ha citado a las defensas de estos 31 investigados para comunicarles el acta de liquidación provisional, pendiente aún de que los representantes legales presenten las alegaciones que estimen pertinentes, lo que podría hacer que la cantidad varíe.

Una vez concluya este trámite se dará a conocer la fianza que se impondrá a los presuntos responsables para responder a una posible condena y garantizar así el reintegro del dinero utilizado para este fin a las arcas públicas. Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale, que suele ser de 15 días, se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva.

La inmunidad de Puigdemont no funciona ante el Tribunal de Cuentas

Este procedimiento es el mismo que se siguió en su día contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, a quien se consideró máximo responsable de los gastos de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que se cifró en casi cinco millones de euros y que tuvo que responder de forma solidaria con las fianzas del resto de implicados.

Previsiblemente, es el sistema que se aplicará a Puigdemont -huido en Bélgica-, quien, además no podrá escudarse en la inmunidad que tiene adquirida como eurodiputado porque esta figura no funciona en la jurisdicción civil.

Entre los investigados, además del expresidente catalán y de Junqueras, condenado a 13 años de prisión por el delito de sedición por el 'procés' independentista, se encuentran los exconsellers Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (también condenados por sedición y en prisión); Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia por la misma causa); y Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (huidos).

También se ha citado este martes a los representantes legales de la exconsejera cesada en el verano de 2017 Neus Munté y a los ex altos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Josep María Jové -uno de los negociadores que impuso ERC para acordar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez- y Josep Gineta (procesados por el juzgado de Barcelona que investiga la organización del referéndum).

Para concretar la cantidad que deberán abonar los investigados, se han analizado los gastos vinculados a la actuación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para la creación de páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos que darían soporte digital a la votación; el uso de 2.259 locales habilitados como puntos de votación o publicidad institucional, como la denominada campaña 'Civisme'.

Igualmente, se ha indagado si se usaron fondos públicos para el suministro de papeletas, censo electoral, cartelería y cartas certificadas, que fueron incautadas en las naves de la empresa Unipost, así como la acción exterior desarrollada por la Generalitat en favor del proceso independentista.

El procedimiento comenzó por la denuncia que Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución interpusieron en el Tribunal de Cuentas.

Dos millones de euros

La denuncia de la Fiscalía en el Tribunal de Cuentas no fija una cifra concreta del dinero que presuntamente se habría malversado el 1-O y que se debe reclamar. Sí cita facturas relacionadas con los locales de votación (900.906,70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666,96 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería.

También destaca que la "acción de la presidencia catalana" en el exterior absorbió 2,3 millones de euros, a lo que añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.

Por su parte, los otros dos demandantes, Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución, consideran que el Gobierno de Puigdemont destinó 1.971.601,20 euros procedentes de fondos públicos de la Generalitat.

La magistrada instructora ha tenido también en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo que se dio a conocer el pasado 14 de octubre por el 'procés' independentista, que se remitió al Tribunal de Cuentas ya que la competencia de reclamar este dinero es del órgano fiscalizador.

El Supremo cifró en más de 2,35 millones lo gastado por la Generalitat en la consulta independentista y condenó por el delito de malversación de caudales públicos a Junqueras y a los exconsellers Romeva, Turull y Bassa.