El 'procés' independentista aboca a Cataluña a sus cuartas elecciones anticipadas en ocho años
- Cataluña ha celebrado elecciones autonómicas en 2010, 2012, 2015, 2017 y ahora convoca otras este 2020
- Entre ellas, el independentismo ha pasado por dos referendos ilegales, tres presidentes distintos, juicios y prisión
El anuncio del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de un adelanto electoral una vez que se aprueben los presupuestos vuelve a colocar a Cataluña en una situación de inestabilidad que prolonga la extraordinaria alternancia de crisis y bloqueo que experimenta la política catalana en la última década. Elecciones en 2010, en 2012, en 2015, en 2017 y ahora, en 2020: quintos comicios en diez años, las últimas cuatro convocatorias han sido elecciones anticipadas por razón de las diferentes fases evolutivas del 'procés' independentista y las relaciones entre los dos partidos que lo han liderado: Junts per Catalunya (JxCat) y ERC.
Elecciones 2010: Mas desbanca al PSC y su tripartito
Este periplo empezó en 2010, en medio de la acuciante crisis económica, el desempleo, los desahucios, los recortes en los servicios públicos y una deuda que presionaba a las comunidades autónomas. En Cataluña gobernaba un tripartito de PSC, ERC y ICV con el socialista José Montilla al frente de la Generalitat.
El nacionalismo exigía un cambio en la financiación económica y el líder de CiU, Artur Mas, demandaba un pacto fiscal especial para Cataluña, cuando la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varios artículos del Estatuto de Autonomía dinamitó la política catalana.
Las urnas dieron un vuelco a las fuerzas políticas, y CiU, con 62 escaños -a seis de la mayoría absoluta-, alcanzó el Govern, aunque en minoría, apoyado en las abstenciones del PP de Alicia Sánchez-Camacho, entonces tercera fuerza parlamentaria, frente a un PSC y ERC que se hundieron, en especial los socialistas, con el peor resultado de su historia.
Una nueva formación nacida para combatir la hegemonía política del nacionalismo, Ciudadanos, encabezada por un joven político llamado Albert Rivera, entra en el Parlament con tres escaños, al igual que el partido SI, del expresidente del FC Barcelona Joan Laporta.
Pero el discurso nacionalista seguía en alza, y cada Diada se convertía en un termómetro político y social del independentismo. La legislatura se quebró al no poder aprobarse los presupuestos, al tiempo que Mas convocaba elecciones para defender el llamado "derecho a decidir", un mantra que empezó a copar el discurso político en Cataluña.
Elecciones 2012: nace la alianza CiU-ERC
En la Diada de 2012, cientos de miles de personas se manifiestan por la independencia en Cataluña, y dos días después, el presidente Mas pide un Estado propio tras fracasar su propuesta de pacto fiscal.
El 25 de noviembre de 2012 se celebran en Cataluña unas elecciones anticipadas en más de dos años. Volvió a ganar CiU, pero Artur Mas vio que en su órdago perdió 12 escaños (de 62 a 50) y se alejó más de la mayoría absoluta, mientras que le salió un competidor en el bando soberanista, un ERC encabezado por su nuevo líder, Oriol Junqueras, que dobló sus escaños hasta los 21 y ascendió a segunda fuerza política.
De estas elecciones sale una alianza entre CiU y ERC y un acuerdo para impulsar el "derecho a decidir", la consulta soberanista convocada el 9 de noviembre de 2014, en la que, pese a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, votan 2,3 millones de catalanes y el 81% se muestra a favor de que Cataluña sea un Estado independiente.
De la consulta, sin efectos vinculantes, salieron cuatro querellas para Artur Mas, por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación y una crisis abierta con el histórico socio de los convergentes, la Unió Democràtica de Catalunya de Josep Antoni Duran Lleida.
Elecciones 2015: de CiU a Junts pel Sí
La consulta soberanista de 2014 alumbró un nuevo proyecto para Artur Mas: la formación de una lista única independentista para que los catalanes pudieran pronunciarse, esta vez en las urnas y de nuevo en unas elecciones anticipadas, pero convocadas en esta ocasión en clave de plebiscito. Al plan se unió ERC, con Oriol Junqueras añadiendo otra idea: listas con un programa común y un único punto, la independencia.
De esta manera, el 27 de septiembre de 2015 se convocan unas nuevas elecciones, anticipándose 14 meses a la fecha que les correspondería. Para estos comicios, pactados con ERC y convocados expresamente para que el inicio de la campaña electoral coincidera con la Diada, Mas rompe con su socio histórico, Unió, que se desentiende de la hoja de ruta independentista de Mas, y CDC forma con ERC una lista única, Junts pel Sí, cuyo plan incluye declarar la independencia entre seis y ocho meses después de las elecciones. Es el llamado proceso de "desconexión" con España.
En la lista, cuyo número uno no es Mas (aunque sí era el candidato a la Generalitat), sino Raül Romeva, ex de ICV, entran también las entidades soberanistas, con la expresidenta de la ANC Carme Forcadell como número dos -acabó siendo la presidenta del Parlament-.
En esa intención plebiscitaria, Mas fijó en 68 diputados (la mayoría absoluta en el Parlament catalán), la barrera de la victoria para los independentistas. El 27S, los independentistas de JxSí y la CUP sumaron la mayoría absoluta en escaños (62 de la lista conjunta de CDC y ERC más los diez de la CUP), pero no en votos, y la suma de los convergentes y los republicanos era menor que en 2012. El proceso de "desconexión" se puso en marcha con una Cataluña dividida en dos.
Elecciones 2017: convocadas por el Gobierno tras la aplicación del 155
No fue Artur Mas el que puso en marcha el hoy conocido como 'procés'. Entre el 9-N y el 1-O, dos consultas unilaterales y sin respaldo legal, el líder de CDC, con la amenaza de una condena de inhabilitación que se concretó más tarde y con los escándalos de corrupción en su partido, hubo de sacrificarse por un desconocido Carles Puigdemont, periodista de formación y alcalde de Girona, que se convirtió en el nuevo presidente de la Generalitat.
En esos dos años, Cataluña atravesó hitos inéditos en materia política, electoral y judicial, con una deriva independentista que culminó con la aprobación de las principales leyes de "desconexión" con España y la celebración del referéndum del 1-O que supuso un antes y un después en las relaciones entre Cataluña y el Estado.
Asediada por la corrupción del caso del 3% y la retahíla de escándalos de la familia Pujol, CDC se refundó como PDeCat, que presentó una nueva marca electoral, JxCat, para competir de nuevo con ERC, mientras el pulso en la calle lo marcaban las entidades soberanistas de ANC y Òmnium Cultural, lideradas por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Tras intentar un referéndum pactado, Puigdemont convoca uno ilegal el 1 de octubre de 2017. El 1-O fue una consulta sin garantías y desarrollada a partir de un censo sin control que derivó, tras las cargas policiales vistas en todo el mundo, en una tensión sin precedentes en la que tuvo que intervenir el rey Felipe con un discurso televisado llamando al orden constitucional.
El 1-O sirvió a corto plazo para cimentar un mandato político que hicieron suyo los separatistas, con una declaración de independencia que, sin embargo, el Gobierno frenó en el acto, al aplicar por primera vez el artículo 155 de la Constitución, intervenir las instituciones catalanas y convocar de nuevo elecciones anticipadas, el 21 de diciembre de 2017.
Las elecciones del 21D fueron históricas no solo por estas circunstancias sino porque las ganó Ciudadanos, un partido con apenas una década de vida liderado por Inés Arrimadas, aunque el independentismo fue capaz de mantener la mayoría absoluta y Cs ni siquiera optó a la presidencia, relegado en la práctica a liderar la oposición, frente a un JxCat como fuerza dominante del bloque separatista.
El 'procés' termina en prisión y vuelve a las urnas en 2020
El referéndum del 1-O abrió otra vía, la judicial, fundamental para entender el convulso mapa político de hoy. El Govern de Carles Puigdemont, todos los líderes políticos del 'procés' y otros altos cargos, incluidos mandos de los Mossos d'Esquadra, se enfrentaron a sendos juicios en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con los graves cargos de rebelión, sedición, organización criminal, malversación y prevaricación.
En doce meses, Cataluña vivió un terremoto: un gobierno procesado y sustituido por el Estado, políticos huidos intentando formar gobiernos virtuales en el corazón de Europa y presentándose a sucesivas elecciones para propagar sus discursos y blindar su situación judicial en el Parlamento Europeo, y en la Generalitat un presidente vicario, Quim Torra, expresidente de Òmnium Cultural, un abogado y editor que ni siquiera tenía carné del partido.
La sentencia del 'procés' llevó a la cárcel a los principales líderes políticos del Govern de Puigdemont, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras, condenados por sedición y malversación. Casi todo el Govern condenado salvo su expresidente, huido en Bélgica, al igual que otros compañeros de gabinete, exhibiendo internacionalmente el discurso de la represión y el exilio que sus aliados purgaban en la prisión.
Desde que fue investido en mayo de 2018, Quim Torra ha mantenido con el patrocinio y el visto bueno de Puigdemont el pulso al Estado, reivindicando la aspiración independentista de una república catalana bajo la amenaza de la reiteración de la unilateralidad. Una idea de la se ha ido desmarcando de forma paulatina y ostensible ERC, que ahora es puntal del Gobierno de Pedro Sánchez, el líder socialista que apoyó aplicar el artículo 155, y trata de impulsar el independentismo sin salir de los límites de las mesas de negociación política.
Torra ha seguido en línea recta hasta no dudar en jugarse también la inhabilitación por desobediencia al negarse a retirar en el plazo debido unas pancartas en apoyo a los políticos encarcelados por el 'procés', pero ahí, con ERC en un nuevo escenario estratégico con el Gobierno y con las encuestas situándole como primera fuerza en Cataluña, se ha plantado y no ha querido seguir el juego.
La Mesa del Parlament, con el voto favorable de ERC y el presidente de la Cámara, Roger Torrent, avaló la orden de la Junta Electoral Central de retirar la credencial de diputado a Torra y abrió el abismo definitivo entre los convergentes y los republicanos. El Parlament, que tras la renuncia a votar de los diputados de JxCat no fue capaz de aprobar sus propios presupuestos, quedó en la práctica bloqueado y Torra, una vez que cumpla con la aprobación de unos presupuestos para Cataluña que llevan tres años prorrogados -y que no gestionará él-, ha vuelto a tirar los dados con unas nuevas elecciones para recomenzar la partida.
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