El exportavoz de los controladores afirma que "nunca" dejaron sus funciones cuando se cerró el espacio aéreo en 2010

• "No al cien por cien, pero había gente para que siguieran volando los aviones", ha dicho César Cabo, cara visible del sindicato
• La Fiscalía les acusa de "una acción colectiva y concertada" para paralizar la actividad al margen de la negociación legal

Una mujer, ante el panel de vuelos del aeropuerto de Bilbao durante el 4 de diciembre de 2010, día en el que el Gobierno militarizó el control aéreo.

El exportavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) César Cabo ha negado que el cierre del espacio aéreo en 2010 estuviera motivado por la ausencia de controladores en sus puestos y ha defendido que "nunca" desatendieron sus funciones.

"A lo mejor no al cien por cien, pero había gente para que siguieran volando los aviones", ha dicho en el juicio en el que se le acusa, junto a sus compañeros, de abandono de función pública durante la paralización de los aeropuertos en el puente de diciembre de 2010. El conflicto provocó el cierre del espacio aéreo durante 20 horas, la declaración del estado de alarma, movilizando al ejército por primera vez en democracia, con 700.000 pasajeros afectados y unos 5.000 vuelos cancelados.

No obstante, Cabo, quien fuera la cara visible del sindicato, ha reconocido que comunicaron por escrito una merma en sus capacidades para trabajar tras la "cuasi colisión" entre un avión y un helicóptero, pero que siguieron cumpliendo con su labor.

El resto de acusados que, como él, han denegado el acuerdo con la Fiscalía han declarado hasta el momento en la misma línea.

Acusan al Gobierno de "una campaña contra los controladores"

El que fuera secretario de comunicación de la USCA ha indicado a la magistrada Margarita Valcarce que se encontraba de vacaciones cuando se produjo el cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas en el Puente de la Constitución de 2010, que afectó a 600.000 pasajeros.

Ante la sobrecarga de horas que arrastraban las torres de control de todo el país, el sindicato le pidió ayuda para convocar a los medios a una rueda de prensa en la que explicarían más detalles del nuevo cómputo que iba a proponer el Gobierno.

"Estábamos saturados de decretos y dije que íbamos a ir a los tribunales por algo que no compartíamos", ha señalado Cabo, que ha puntualizado que aquel año fue particularmente "intenso" aún no teniendo cargo sindical alguno.

"Te meten 10 o 12 decretos al año, el señor Blanco -en alusión al entonces ministro socialista de Fomento, José Blanco- hace una campaña contra los controladores, vas a medios y te atacan los periodistas, y te insultan por la calle porque ganas dinero", ha lamentado.

El origen del conflicto se remonta a enero de 2010, precisamente a las negociaciones del convenio; tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a AENA la gestión y el control del tráfico aéreo, en manos de los controladores desde 1999.

En lo referente al conflicto laboral, el laudo arbitral con el que se zanjó posteriormente, dio la razón a los controladores en que hacían un exceso de horas.

El desafío de los controladores aéreos que ha paralizado el tráfico aéreo, ha sido un hecho sin precedentes en la democracia española con la declaración del Estado de alarma. El Ministrerio de Fomento anunciaba la reapertura del espacio aéreo pocos minutos antes de las 4 de esta tarde. Casi todos los controladores han vuelto esta tarde a sus puestos de trabajo.Los vuelos se han ido reanudando con cuentagotas. Hace poco más de una hora, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguraba que las medidas excepcionales durarán 15 días y que habrá expedientes a los controladores. Las pérdidas económicas se calculan millonarias aunque aun no están cuantificadas. El Gobierno ha dicho Lo que el estado de alerta durará 15 días y que los españoles podrán viajar con normalidad durante las Navidades. AENA calcula que la situación no estará normalizada hasta dentro de 48 horas.

Alegan que no estaban “en las condiciones óptimas” por el estrés

Durante la sesión, también ha intervenido Roberto Huerta, otro de los controladores que, como Cabo, no ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid, que pide, para todos ellos, multas de entre 60.000 y 75.000 euros e inhabilitación durante un año.

A preguntas del Ministerio Público y de su propia defensa, Huerta ha refutado que desatendiera sus funciones a pesar de que aquella tarde del 3 de diciembre sufrió un "incidente muy grave" entre un avión de Iberia y un helicóptero que estuvieron "a un minuto de habérsela pegado".

Aunque el accidente se pudo evitar, el estrés fue tal que, horas después, rellenó dos formularios, uno para que se tuviera constancia del incidente y otro, de nueva creación, en el que reportaba que, a consecuencia de ello, "no estaba en las condiciones óptimas".

Este último documento es precisamente una de las principales pruebas de la Fiscalía, que recoge que un grupo de 59 controladores presentó a su responsable un documento "de su puño y letra" en el que cada uno alegaba una disminución de capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto.

Por ello, les acusa de "una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal", cuando la el sindicato mayoritario, la USCA, negociaba en aquel momento con AENA el segundo convenio laboral.

La crisis de los controladores aéreos - Escuchar ahora

Huerta ha reconocido que había una situación de "nerviosismo general" en la sala por motivos que, aunque desconocía con toda certeza, podían deberse al incidente del avión, al ambiente general o al cierre de la patronal. "Vi a una compañera que estaba llorando, pero no sé si tuvieron que relevarla y por qué circunstancia. Era una señora de 50 y tantos, y es duro ver llorar a alguien así", ha apuntado.

Tanto él como otro de sus compañeros, Eduardo Pérez, se han referido a los problemas que tuvieron los controladores para entrar a sus respectivos puestos la mañana del 4 de diciembre ante la presencia de la Policía Nacional.

"No pude acceder a la hora habitual del relevo, las 8. En la rotonda de Torrejón (Madrid) no se puede aparcar, así que nos retiramos a la zona más cercana, un centro comercial. Paramos un momento y alguien nos avisó de que ya habían quitado los coches", ha recordado.

Al igual que otros acusados, Pérez ha dicho que una vez dentro de la sala vio a "unos cuantos" compañeros suyos, menos que de normal, pero más que suficientes dado el cierre del espacio aéreo.

De los 133 controladores acusados del delito, 119 han alcanzado un pacto con la Fiscalía y se comprometen a pagar unos 15 millones en total. Sus condenas oscilan entre los 31.500 euros y cinco meses de inhabilitación para los seis representantes sindicales, y unos 15.000 euros, para los 113 restantes.