La Fiscalía pide diez años para el exsecretario de UGT en Asturias por desvío de fondos para cursos de formación

• Lo acusa del desvío de 1,4 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación entre 2010 y 2014

El exsecretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga (d), acompañado de su abogado, en una imagen de archivo.

La Fiscalía ha solicitado para el ex secretario general de UGT de Asturias Justo Rodríguez Braga una pena de diez años de prisión por cinco delitos de fraude de subvenciones por el presunto desvío de 1,4 millones de euros de los fondos públicos, para cursos de formación entre 2010 y 2014.

Los otros cinco exdirigentes y técnicos del sindicato acusados afrontan penas de entre cuatro años y dos meses y diez años de cárcel, mientras que, para la organización sindical, el Ministerio Público solicita que se le imponga una multa de 244.028 euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.

La Fiscalía sostiene que el desvío sistemático de fondos públicos se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que UGT y su fundación IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales) lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones.

Beneficios destinados a la financiación del sindicato

El escrito del fiscal recogido por Europa Press evidencia que tanto Rodríguez Braga, como la secretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz, participaron de una "actuación concertada" para desviar "de forma sistemática" los fondos públicos recibidos vía subvención tanto por el sindicato como por IFES, respecto a los fines para los que les fueron concedidos. Estas operaciones les permitieron obtener con cargo a las subvenciones "beneficios económicos que revertían principalmente en la propia organización sindical".

Para llevar a cabo esta "operativa fraudulenta", contaron con la "necesaria colaboración" del entonces Delegado Territorial de IFES en Asturias, ya fallecido, y con la ayuda de los encargados de la administración y contabilidad en UGT Asturias y la Delegación Territorial IFES -Alberto González y Silvia Sariego, respectivamente-. Contaban además con la "cooperación o auxilio" de la administradora de dos empresas, María Jesús Ocaña.

El Ministerio Fiscal estima que los beneficios fueron destinados a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

La investigación se inició en Asturias en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de una operación por hechos similares en Sevilla.