Abengoa, investigada junto a Deloitte, por presunta estafa a sus inversores

• El juez ve indicios de este delito en la causa que investiga la alteración contable de Abengoa entre 2014 y 2016
• Ha detectado una posible ocultación "sistemática" de pérdidas, avalada por los auditores de Deloitte

Planta de bioetanol en la localidad salmantina de Babilafuente del grupo Abengoa. 

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una ampliación de la querella contra Abengoa y Deloitte por un presunto delito de estafa a los inversores, en la causa que investiga la supuesta alteración contable de las cuentas de 2014 a 2016 de la multinacional de infraestructuras, energía y agua.

La querella inicial que dio origen a este procedimiento, presentada por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, se admitió en febrero de 2017, para investigar si las "óptimas" cifras que reflejaban los estados financieros de la empresa y la "idílica" situación patrimonial y financiera difundida por sus administradores antes de solicitar el preconcurso de acreedores era real.

Hasta ahora la investigación sólo se dirigía al expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, pero tras esta ampliación afecta además al socio auditor de Deloitte Manuel Arranz y a las antiguas consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, quienes ya fueron absueltas, junto a Benjumea y Sánchez Ortega, en la causa que investigaba las indemnizaciones percibidas por los gestores tras su relevo en 2015.

"Sistemática ocultación" de pérdidas, que "avalaron" los auditores de Deloitte

La Fiscalía, por su parte, ha detectado una posible alteración contable de las cuentas de Abengoa y de sus filiales Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía. En concreto, ve indicios de una "sistemática ocultación de sustanciales pérdidas de sus activos", así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas.

Todo ello provocaba una "notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad" que habría perjudicado a sus socios y accionistas, según la Fiscalía.

El magistrado ha tenido en cuenta una resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de febrero de 2018, que sancionó a Deloitte y su socio Manuel Arranz. Dicho informe ponía de relieve que la empresa, "con el aval" de la auditora, trasladó al mercado una imagen de sus situación que no se correspondía con la realidad.

Así, el magistrado sostiene que " los auditores no verificaron la correción y fiabilidad de ingresos registrados en las cuentas de Abengoa del ejercicio 2014" por lo que no se podía constatar que se encontraban "libres de incorrecciones materiales debido a fraude".

Tal como incide el auto, el organismo constató una "absoluta falta de justificación" por parte de los auditores de más de 4.514 millones de euros en las cuentas de Abengoa, un importe equivalente al 63,14 % de su cifra de negocio.

Asimismo, el ICAC destacaba una "grave y patente" incorrección material en los estados financieros de la compañía, que no pasó desapercibida por los auditores, sino que "sorprendentemente" fue avalada por estos.

Por todo ello, el titular del juzgado central nº 2 entiende que se puede atribuir a Abengoa, Deloitte y los tres directivos una grave alteración y presunta falsedad de la realidad económica-financiera y patrimonial que se ocultó a los miles de inversores que decidieron invertir sus ahorros en la compañía.

Frente a expectativas de beneficios y dividendos, había "pérdidas de tal magnitud que la compañía se hizo insostenible", ha añadido el juez, y se vio obligada a reconocer su situación de insolvencia.