El Gobierno reformará la ley de cadena alimentaria y debatirá la venta a pérdidas de los agricultores

• Luis Planas ha mantenido este lunes la primera mesa de diálogo agrario con las organizaciones agricultoras
• El colectivo mantiene las protestas contra el bajo valor que perciben de las transacciones comerciales

Luis Planas, durante la reunión de la mesa de diálogo con las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.

El Gobierno se ha comprometido este lunes a reformar la Ley sobre la cadena alimentaria en 2020 y que en el borrador de estudio se incluya el debate sobre la práctica de la venta a pérdidas por debajo de los costes de producción, una de las principales reclamaciones del sector agroalimentario.

Así lo ha avanzado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras mantener el primer encuentro de la mesa de diálogo agrario con las organizaciones Asaja, COAG y UPA, creada tras las manifestaciones del sector la semana pasada y que continuarán en los próximos días.

El titular de Agricultura ha reconocido que uno de los retos de la reforma es "incluir las prácticas de competencia desleal" y "evitar la venta a pérdidas". Así, espera que el borrador pueda llegar al Congreso en el curso de este año y prevé presentarlo este martes ante el Consejo de Ministros. Junto a ese compromiso de modificar la actual Ley de la cadena, Planas ha presentado un paquete de propuestas que incluye revisar la Ley de organizaciones interprofesionales o intentar aumentar la dotación para los seguros agrarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

El objetivo de la modificación será adaptar la normativa a la directiva comunitaria y darle un "papel más significativo" a "cada uno" de los eslabones de la cadena, lo que incluirá "todas" las figuras relativas a las prácticas de competencia desleal registradas en la norma comunitaria, ha explicado Planas en rueda de prensa.

Por otro lado, el ministro pretende reunir al Observatorio de Precios de la cadena la próxima semana para determinar qué sectores están en peor situación (entre ellos el hortofrutícola y el del aceite de oliva).

Sobre la ley de las organizacoines interprofesionales, Planas ha afirmado que ve necesario un cambio para "mejorar la estructura vertical y horizontal" del sector. Además, se ha referido a la subida del salario mínimo interprofesional para defender que es un compromiso "político y social del Gobierno", pero ha mostrado la voluntad de estudiar si esa medida puede generar algún impacto en la rentabilidad de las explotaciones para "arbitrar", en su caso, las medidas que fueran pertinentes.

Conseguir un buen reparto de fondos y un plan estratégico nacional para la futura Política Agraria Común (PAC) y ampliar los mercados de destino son otros ejes que el ministro ve esenciales para ayudar al sector y atajar la crisis actual con la actitud "firme y decidida" que tiene el Gobierno. Para ello, Planas ha asegurado que será necesario que el sector empresarial, la distribución y los consumidores "sean capaces de reconocer" la contribución que el campo hace a la sociedad.

Los agricultores mantienen las protestas

El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha mostrado su disposición a seguir trabajando con el ministro, pero ha advertido que mantendrán las protestas, convocadas por Asaja, COAG y UPA bajo el lema Agricultores al límite.  Lo ve "justo y legítimo", ya que las medidas "no se adoptan de un día para otro". Es más, Barato ha considerado que la subida del SMI es la "puntilla" al sector agrario, que "tanto problemas tiene".

Por su parte, el secretario general de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, ha coincidido en seguir con las protestas para que se "dé una respuesta concreta" y "lo más inmediata" posible a la crisis. Y desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), su secretario general, Lorenzo Ramos, cree que el "mensaje" lanzado por los agricultores en la calle "ha llegado" al Ministerio: por "primera vez, vemos que se reconoce que tenemos razón en lo que denunciamos".

El colectivo denuncia el bajo valor que perciben de las transacciones comerciales: consideran que los consumidores pagan ocho veces más de lo que ellos reciben. A esto hay que sumarle unos costes de producción cada vez más elevados derivados, según estas instituciones, al alza del salario mínimo interprofesional, un argumento que el Gobierno ha rechazado desde el primer momento; y el encarecimiento de los carburantes y fertilizantes.

"Tengo intención de trasladar en las próximas semanas el borrador de la reforma de la cadena alimentaria, no solo trasponer la directiva de prácticas desleales, para darle un papel más significativo a cada uno de los eslabones de la cadena", ha señalado Planas.