Aprobado el objetivo de déficit autonómico en el 0,2% para 2020 con el voto favorable de las autonomías del PSOE

• Han votado en contra los consejeros del PP de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia y Ceuta
• Hacienda no reintegrará los 2.500 millones correspondientes al IVA de diciembre 2017 pero flexbiliza la senda de déficit

El Gobierno aprueba el objetivo de déficit autonómico en el 0,2% para 2020 mientras los consejeros reclaman el IVA

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este viernes el objetivo de déficit autonómico en el 0,2% del PIB para 2020.

Dicha meta ha recibido el voto favorable del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria -en coalición con PRC-, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana), más el voto de Melilla (presidida por Cs); mientras que se han opuesto las lideradas por el PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia), más la ciudad autónoma de Ceuta.

Cataluña no ha podido votar por la inasistencia del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonés, ya que la secretaria de Economía, Natalia Mas, que es quien ha acudido a la reunión, no tiene capacidad para hacerlo.

La relajación del objetivo de déficit en dos décimas para 2020, frente al equilibrio presupuestario que estaba vigente, ha sido una de las contrapartidas que Hacienda ha ofrecido a las autonomías para compensar que no se va a reintegrar el IVA de un mes de 2017 que quedó sin ingresar por un cambio en la gestión del impuesto.

"Protegemos a las comunidades autónomas del esfuerzo fiscal exigiendo solo un escalón a la hora de recorrer la pendiente hacia la estabilidad presupuestaria", ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Además, la ministra ha ofertado a las comunidades autónomas una serie de medidas paliativas. Así, ha ofrecido descontar del déficit autonómico de 2019 la liquidación del IVA de diciembre de 2017, unos 2.500 millones de euros. Y ha subrayado que el desfase originado por el cambio normativo del IVA aprobado por el Gobierno de Rajoy podrá ser financiado con el "extra Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) a un tipo del 0%".

La estabilidad presupuestaria se retrasa hasta 2022

El Gobierno no ve posible ingresar ese dinero con el ejercicio 2019 ya concluido, ya que la financiación autonómica se liquida a dos años y la de 2017 se cerró el año pasado.

En este sentido, Montero ha dicho que "el Gobierno no se queda el dinero del IVA, las comunidades ya lo han gastado y ese gasto, al no tener respaldo presupuestario, se ha traducido en mayor déficit y en un aumento del período medio de pago a proveedores".

La nueva senda trasladada por Montero a las comunidades autónomas establece un objetivo más flexible de déficit autonómico, fijándolo en el 0,2% del PIB este año, el 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario para los ejercicios 2022 y 2023.

Conforme a la nueva senda, el Gobierno otorga más margen a las comunidades, ya que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera también ha aprobado los objetivos de deuda para los próximos ejercicios. Para el presente año, ha quedado establecido en el 23,4% del PIB; en 2021, en el 22,8%; en 2022, en el 22,1%; y en 2023, en el 21,4%.

Las comunidades del PP insisten en cobrar el IVA

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han rechazado la senda de déficit propuesta por Hacienda porque entienden que es a cambio del IVA de 2017 que finalmente no van a cobrar. Además, han exigido la reforma ya del sistema de financiación para tener más recursos.

El consejero madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, ha censurado que la solución no es permitir más déficit sino liberar los fondos que "son" de las comunidades autónomas y que su región ha reclamado ya en los tribunales. Además, ha advertido contra que se puedan establecer déficits asimétricos, distintos para cada autonomía, algo que a su juicio la ministra ha "insinuado".

El consejero de Hacienda de la Xunta, Valeriano Martínez, ha dicho que Galicia mantiene la intención de acudir a los tribunales para reclamar los 200 millones adeudados del IVA. También ha advertido de que la comunidad no va a renunciar a los 170 millones que exige por cumplir las reglas fiscales. "Fue el tema que formulé y tomaron nota, pero no puedo salir contento".

En el mismo sentido se ha manifestado el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien ha insistido en que lo "justo" es recibir los 142 millones del IVA de 2017 que debe el Estado. "No se paga el IVA y se plantea más déficit”, ha subrayado Carriedo. Sobre la posibilidad de recurrir a los tribunales, ha insistido en que Castilla y León estudiará "todas las posibilidades".

Nuevo modelo de financiación autonómica

Con respecto al sistema de financiación, varias comunidades han pedido líneas generales de actuación y algún calendario, pero Hacienda no ha ofrecido fechas y ha explicado que se va a reunir con los grupos parlamentarios para conocer su disposición. No obstante, la ministra ha dicho que "hay voluntad de que en esta legislatura se desbloquee" el nuevo modelo de financiación.

El consejero de Murcia, Javier Celdrán, ha insistido en que este es el problema de las comunidades, la "infrafinanciación". "Lo que hay que hacer es dotar a las comunidades de la financiación necesaria para que prestemos en condiciones nuestros servicios".

Por parte de Andalucía, Juan Bravo ha reiterado sus críticas al impago del IVA y que a cambio se ofrezca "un préstamo". "Le hemos propuesto posibilidades pero ella no quiere pagar los 2.500 millones", ha dicho de María Jesús Montero. "Salimos profundamente preocupados porque vemos que la solución que se busca para este país no es la del compromiso con las comunidades autónomas".

Mientras, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha reclamado los 7,2 millones que no han sido transferidos a la Ciudad Autónoma en 2019 para hacer frente a los gastos de la producción del agua o por los servicios que la Administración local presta en el entorno de la frontera.

Las comunidades del PSOE reconocen el esfuerzo de la ministra

El consejero de Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha tachado de un "poco absurda" la solución para devolver a las comunidades el IVA de 2017 a través de un FLA a tipo 0, que ha contado con la "satisfacción a medias" del resto de regiones gobernadas por los socialistas que reconocen, sin embargo, el "esfuerzo" de la ministra.

"No puedo dirigirme a los ciudadanos de Castilla-La Mancha diciendo que el Estado no me reconoce aquella deuda pero me presta dinero", ha subrayado el consejero manchego, que se ha mostrado decepcionado por la solución planteada por la ministra que provocaría "elevar nuevamente el endeudamiento".

Por su parte, la directora de Economía de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Más, ha criticado la senda de estabilidad propuesta por Hacienda y ha calificado de "deshonesta" la propuesta del ministerio porque a su juicio ofrece una relajación de la trayectoria del déficit pero no liquida la deuda pendiente del IVA de 2017. El incumplimiento en el pago de este dinero se suma, ha dicho, a otros "incumplimientos" para Cataluña como inversiones, fondos para dependencia o para los Mossos d'Esquadra.

Por contra, la consejera de Hacienda del Gobierno del Principado de Asturias, Ana Cárcaba, ha señalado que la flexibilización del objetivo de déficit para 2020 es algo positivo y ha celebrado que el Ejecutivo haya propuesto medidas alternativas para "tratar de paliar los efectos negativos asociados a la recaudación del IVA de 2017".