El IVA pendiente marca la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas

• El Estado adeuda 2.500 millones de euros a las autonomías por la liquidación del IVA de 2017
• Montero comunicará a las CC.AA. la senda de ajuste del déficit público

Las comunidades autónomas no renuncian al cobro del IVA de 2017

Las denuncias y quejas de las comunidades autónomas por la liquidación del IVA de 2017, que supone unos 2.500 millones de euros, marcarán esta tarde la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que no se convocaba desde el verano de 2018.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladará a las CC. AA. la nueva senda con los objetivos de déficit y deuda pública y el esfuerzo fiscal de cada administración para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

A la reunión en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid, asiste también la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Allí Montero informará de la "andadura" prevista para preparar los presupuestos, algo "urgente" para España al seguir prorrogadas las cuentas de 2018.

Los consejeros autonómicos acuden dispuestos a reclamar el pago de la liquidación del IVA de 2017. Montero ha insistido en que el asunto está zanjado, pero el clamor es casi unánime: las comunidades del PP pero también las del PSOE amenazan con ir a los tribunales. Madrid lo hizo ya el año pasado y ahora han seguido sus pasos Galicia, Murcia y Andalucía.

Entre las socialistas, la primera en acordar un recurso ha sido Castilla-La Mancha, pero Aragón, Extremadura y Baleares no descartan hacerlo, a la espera de una respuesta de Hacienda que podría llegar este viernes.

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Desde Valencia, el presidente autonómico, Ximo Puig, señala que hablar del IVA pendiente es "desviar la atención" y ocultar el verdadero problema: la infrafinanciación. Sostiene Puig que la Comunidad Valenciana es "la peor financiada".

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El Gobierno argumenta que no pudo aprobar la "solución" cuando correspondía, en 2019, como consecuencia del rechazo a las cuentas públicas que recogían el abono del IVA, pero la ministra de Hacienda está dispuesta a estudiar "medidas paliativas" sobre la liquidación del tributo.

En 2017, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, obligó a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real y permitió que el tributo se pagara el día 30 de cada mes en vez del 20. Este cambio normativo provocó que la recaudación del IVA de diciembre de 2017 se trasladara a enero de 2018. Así, la liquidación del ejercicio 2017 fue solo de once meses, faltando el abono de una mensualidad.

El último encuentro del Consejo de Política Fiscal se produjo telemáticamente el 22 de agosto de 2018, y de manera presencial el 31 de julio de ese año. Tal y como sucedió entonces, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudirá al CPFF pero sí lo hará la secretaria de Economía, Natàlia Mass. Desde la patronal de pymes catalanas, creen que "cada autononomía tiene sus intereses, pero Cataluña debería acudir como muestra de esa vuelta a la normalidad".

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En el orden del día se encuentra la actualización de la senda oficial aprobada por Rajoy en la que se fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5 % del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas inalcanzables, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez augura un déficit del 1,7 % este año y del 0,4 % en 2021, con lo que la estabilidad presupuestaria se aplaza al año 2022.

Una décima de déficit para las comunidades

El objetivo autonómico previsto inicialmente por el Gobierno de Sánchez es de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones logren estabilidad presupuestaria el año que viene, pero este umbral podría flexibilizarse para dar aire a las comunidades que siguen sin recibir la liquidación del IVA.

Bruselas reclamaba a España un ajuste estructural del 0,65 % del PIB, equivalente a entre 6.000 y 7.800 millones de euros, para 2019 y 2020. Tras salir del procedimiento de déficit excesivo, las cuentas españolas están controladas en el brazo preventivo, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales, que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.

En cualquier caso, el Gobierno tiene fácil aprobar la nueva senda, ya que Hacienda cuenta en el CPFF con el 50% de los votos, frente a la otra mitad repartida entre las autonomías, por lo que logrará la mayoría con que una sola comunidad vote a favor.

Tras el visto bueno del CPFF, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero o techo de gasto, para después presentarlo junto a la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda en las Cortes, en donde deberá conseguir apoyos suficientes. Si finalmente lo logra, el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.

Sobre la senda de estabilidad, varias regiones apuntan que no van a reclamar un margen mayor sino que se les pague lo que se les debe, tanto del IVA como del sistema de financiación. Otras quieren más flexibilidad, como Extremadura, que insiste en que su problema es de ingresos. Su consejera de Hacienda defiende un objetivo de déficit "más y mejor secuenciado en el tiempo" para poder "cumplir, sin recortes".

Reforma de la financiación autonómica

La posición de otras comunidades es que no sólo se tiene que compensar este IVA y que es el momento de abordar la reforma de la financiación autonómica. La posición de la Comunidad Valenciana es clara al respecto y quiere reivindicar una vez más ante el Consejo de Política Fiscal que se aborde ya el cambio de la ley.

La actualización del sistema de financiación está pendiente desde 2014. Tiene que negociarse con las 15 comunidades del régimen común, incluida Cataluña (quedan fuera las forales, País Vasco y Navarra). Está por ver si el Ejecutivo está dispuesto a acordar una reforma sin los catalanes, si el resto de autonomías aceptarían una hipotética bilateralidad o si finalmente se sumará la Generalitat.

Por último, está pendiente la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para trasladar a los ayuntamientos y los presidentes de diputaciones los objetivos fiscales para la administración local.