Las medidas con las que el Gobierno pretende compensar a las empresas que más electricidad gastan

• El Estatuto del Consumidor Electrointensivo bonificará el 85% de la factura eléctrica de 600 industrias
• Con el objetivo de mejorar su competitividad, unos 90 millones podrían ser devueltos a estas empresas

La ministra de Comercio, Turismo e Industria, Reyes Maroto a su llegada a la sesión solemne de la apertura de la XIV Legislatura.

El Gobierno beneficiará a unas 600 industrias de alto consumo eléctrico, a través del llamado Estatuto Electrointensivo, con una bonificación del 85% de sus facturas eléctricas.

Según han indicado fuentes del Gobierno, el Ministerio de Industria sacará este martes a audiencia pública el nuevo texto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que fue revisado después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtiera de que algunas de sus medidas podían ser consideradas por la Comisión Europea como ayudas de Estado.

Su objetivo es mejorar la competitividad de las industrias con gran consumo de electricidad, que representan el 17 % de la demanda nacional y han llegado a soportar diferenciales con sus competidores de Francia y Alemania de hasta 20 euros/megavatio/hora (MWh), aunque ahora los precios del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel) van convergiendo.

Así, el Estatuto bonifica un 85% de los cargos de las facturas de las industrias grandes consumidoras de electricidad, destinados a financiar los costes de las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de los territorios no peninsulares. Esta cantidad se les devolverá con cargo a los presupuestos del Ministerio de Industria y no se aplicará en el recibo de otros consumidores.

La nueva norma, que será tramitada por urgencia y que ya no pasará por la CNMC al haber sido incorporadas sus observaciones, podría ser aprobada por el Consejo de Ministros a lo largo de marzo.

Más 262 millones de euros de apoyo a estas industrias

Según el Gobierno, unos 90 millones podrían ser devueltos a unas 600 industrias por este mecanismo, a lo que habrá que sumar las compensaciones por costes indirectos de dióxido de carbono (CO2) para las que el año pasado el Ministerio de Industria destinó 172 millones de euros, una cantidad que tiene intención de ampliar en los Presupuestos Generales del Estado que se aprueben. Con los datos actuales, se elevan a más de 262 millones el apoyo a estas industrias.

Asimismo, el Estatuto establece un mecanismo transitorio para calcular el importe de los cargos que está pagando de forma efectiva cada consumidor y, así, poder compensárselo en tanto el Gobierno actualiza los cargos de la factura eléctrica.

El tercer eje de medidas lo constituye un mecanismo de cobertura de acuerdos para fomentar que los consumidores electrointensivos establezcan contratos de suministro a largo plazo con proyectos de generación de electricidad renovable. Lo hará a través de un fondo por parte de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), cuya cuantía está por determinar, y otras garantías.

El objetivo de esta medida es, según han explicado fuentes del Gobierno, generar mercado donde ahora éste falla, pues no hay contratos a diez años de industrias con comercializadores y generadores de electricidad, debido a que las altas garantías que se exige a las industrias no las provee el mercado, lo que hace que ahora esos contratos no vayan más allá de tres o cuatro años.

Para que las industrias puedan acceder a esas garantías previstas en el Estatuto, deberán contratar al menos por cinco años un 10% de su consumo anual, una vez que el fondo haya sido puesto en marcha.

De las 600 industrias que podrían beneficiarse de las medidas del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, -cuyo consumo es de unos 40.000 GWh al año y que afectan a un entorno de 300.000 trabajadores-, 153 están en Cataluña (25 % del total), 44 en el País Vasco, 31 en Galicia, 19 en Asturias y 19 en Madrid.

Las subastas de interrumpibilidad, rediseñadas

Aunque el Estatuto no hace referencia a las subastas de interrumpibilidad, un mecanismo con el que se ha compensado a la industria electrointensiva por su disponibilidad a bajar o parar su consumo para cubrir las necesidades del sistema eléctrico o frenar la subida de precios, este mecanismo va a ser rediseñado y será distinto. La interrumpibilidad pasará a ser un mecanismo sólo de gestión de la demanda y será el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), el que diga que necesidades de potencia se requiere. La potencia interrumpible a subastar se ha reducido paulatinamente en las últimas subastas y en la última sólo salieron a puja 1.000 MW, por los que las industrias adjudicatarias obtuvieron sólo 4,38 millones de euros frente a los 95 millones de la anterior