La Agencia Antifraude señala que las ITV valencianas fueron privatizadas de forma "inusualmente" rápida

• Así lo aseguran los informes en el sumario del caso Erial, que investiga, entre otros, al expresidente Eduardo Zaplana
• Antifraude señala que algunos trámites complejos del expediente se resolvieron de forma simultánea en el mismo día

La UCO sitúa a Zaplana detrás de 17 millones de euros en comisiones irregulares del 'caso Erial'

La Agencia Valenciana Antifraude señala en sus informes que el proceso de privatización de las ITV valencianas y la adjudicación de los parques eólicos fueron "inusualmente rápidos" y que no respetaron la legalidad vigente y se efectuaron en unas condiciones que perjudicaron al erario público.

El levantamiento de la última parte que quedaba secreta en el sumario del caso Erial, en el que se investiga al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana y varios de sus colaboradores más cercanos, ha revelado esta y otras conclusiones que vienen a reforzar las tesis de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga a Zaplana y al ex director general de la Policía Juan Cotino, entre otros, por el supuesto cobro y pago, respectivamente, de comisiones por la privatización de las ITV (1997) y la adjudicación de los conocidos como planes eólicos (2003).

Este juzgado ha encargado a la Agencia Antifraude tanto la designación de personal de auxilio para los agentes de la UCO encargados del caso como la elaboración de sendos informes sobre los referidos procesos administrativos.

Antifraude ha expuesto que el proceso de privatización de las ITV se había hecho por decreto del Consell del 30 de julio de 1996, sin que consten estudios sobre las diferentes alternativas posibles para la prestación del servicio, que había sido público desde 1988. Así, no se elevó la propuesta al Consell ni se respetaron los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia; además, se incumplió la normativa porque no existió acuerdo de la Comisión para la Racionalización del Sector Público.

"Asombrosa inmediatez y celeridad" del proceso de contratación

El personal de Antifraude ha subrayado la "asombrosa inmediatez y celeridad que concurre en este proceso de contratación. Es peculiar que en el mismo día se realizasen de forma simultánea varios trámites complejos como son el análisis, por parte de la comisión de estudio, de las propuestas, su ponderación por los miembros de la mesa, la emisión de la propuesta de adjudicación y la emisión de la resolución de adjudicación".

"Todo ello en un arduo expediente que implicaba la ponderación razonada de un gran número de ofertas para cada uno de los cinco lotes, una inusual celeridad difícilmente compatible con los lógicos tempos de la tarea administrativa". Según el informe, se tardó en resolver todo el expediente un total de 4 meses y 22 días, desde el inicio hasta su adjudicación.

La agencia ha comunicado que en la mesa de contratación se incorporó la figura del vicepresidente, un cargo "inaudito" porque no está recogido en la legalidad vigente y según Antifraude "solo podría servir para aumentar la representación y control político en la mesa".

“En Aragón las adjudicatarias abonaron más dinero que en la Comunidad Valenciana aunque esta tiene cuatro veces más vehículos“

Además, tres compañías habían ofrecido mejores ofertas económicas con respecto a las que resultaron adjudicatarias, sin embargo, estas no fueron beneficiadas con ningún lote aunque se trataba de empresas con "sobrada solvencia empresarial", una decisión que "privó a la Administración de recibir importantes ingresos".

Las adjudicatarias pagaron más en otras regiones

El informe señala que en otras regiones, como Aragón, los importes abonados por las empresas adjudicatarias del servicio de ITV fueron superiores a lo recaudado por la Generalitat, a pesar de que el parque automovilístico valenciano es más de cuatro veces superior y, por tanto, había más negocio en la Comunitat.

Por otra parte, durante el proceso de privatización no se contempló la actualización del IPC en el canon de gestión ni en el importe del arrendamiento por uso de instalaciones, lo que supuso dejar de ingresar 20,5 y 1,7 millones de euros hasta 2015, respectivamente.

Con respecto a los planes eólicos, el informe de la Agencia Antifraude advierte de que la fórmula elegida en la Comunitat fue distinta a la de otras regiones. Se hizo por acuerdo del Consell el 26 de julio de 2001, con la fórmula de convocatoria pública para la adjudicación de unas zonas delimitadas que resultó de "dudoso encaje legal en la normativa vigente".