La izquierda rechaza crear una comisión de investigación por la presunta explotación de menores tutelados en Baleares
- PSOE, MÉS y Unidas Podemos han rechazado las propuestas de Ciudadanos y Vox de investigar para esclarecer los hechos
- El Consell de Menorca reconoce que algunas de sus menores tuteladas podrían haber sufrido explotación
Mientras el escándalo por la presunta explotación sexual de menores tuteladas en centros de Baleares crece, los partidos de izquierda (PSOE, Més y Unidas Podemos) han rechazado en el Parlament balear las propuestas de Ciudadanos y Vox de crear una comisión de investigación no permanente para esclarecer lo ocurrido, una decisión que está siendo duramente criticada por los partidos de la oposición.
Tras la negativa de la cámara este martes, el diputado de Cs, Juan Manuel Gómez, volvió a defender durante el debate la necesidad de esta comisión ante la "gravedad de los hechos" y lamentó que se "haya vetado tanto la comisión como las comparecencias solicitadas por su partido”.
"Es un error trasladar toda la responsabilidad del análisis a una comisión técnica en otra institución porque es quien tiene las competencias de la tutela. Aquí no venimos a hablar sólo de tutela, sino de menores y todos los itinerarios de gestión sobre ellos", manifestó Gómez, que asegura que en su partido "se ven obligados" a exigir las dimisiones de la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, y de la directora gerente de la Fundación S'Estel, Fina Tur.
La segunda comisión fue defendida durante la sesión plenaria por la diputada de Vox, Idoia Ribas, quien dijo que "parece que les importe un pimiento" a los partidos del 'Pacte' "lo sucedido". "Les importa que no se aireen responsabilidades", añadió.
El pasado jueves, también el pleno del Consell de Mallorca rechazó la creación de una Comisión de Investigación sobre los presuntos casos de explotación sexual, aunque aprobó llevar a cabo una Comisión de Expertos que fue respaldada por los 17 consellers del equipo de gobierno de PSIB-PSOE, Podemos y MÉS per Mallorca, tres en contra de Ciudadanos y tres abstenciones de El Pi, mientras que los representantes del PP y Vox no participaron en esa votación
El Consell de Menorca admite que algunas menores son objeto de investigación
La Fiscalía de Baleares abrió el pasado mes diligencias para una investigación penal sobre presuntos casos de tráfico de drogas y prostitución de menores dependientes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) tras haberse detectado, al menos, 16 casos de explotación sexual infantil.
Desde entonces, el debate público y político sobre la supuesto explotación ha ido en aumento, pero se ha acrecentado en las últimas horas después de que el Consell de Menorca haya reconocido –tras negarlo días antes- que algunas menores tuteladas por el Servicio de Familia son objeto de esa investigación que se está llevando a cabo y que se saldó en febrero con la detención de cuatro hombres.
La consellera de Bienestar y Familia de Menorca, Bárbara Torrent, ha asegurado, no obstante, que desconoce todavía si han sido víctimas o no.
La responsable insular ha apuntado que, desde el momento en que recibieron el pasado mes de enero información de dos jóvenes tuteladas sobre el caso, estas entraron a formar parte de la investigación. "Ahora será la Justicia quien tendrá que determinar ellas han sido víctimas de corrupción o no", ha añadido.
Torrent ha indicado no se tomarán más medidas después de este caso, puesto que la información ofrecida por las menores tuteladas se puso en conocimiento de las autoridades y "tres semanas después, se produjeron las detenciones". "El protocolo ha funcionado y ha dado resultados de manera rápida y efectiva", ha manifestado.
El escándalo ha recalado en la sesión de control al Ejecutivo
La consellera ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, asegurando que desde el Servicio Insular de Familia se ha actuado siempre "con la máxima diligencia". "Siempre que hemos tenido indicios de un hecho que pudiera ser delictivo lo hemos denunciado, porque consideramos que es nuestra obligación y responsabilidad", ha indicado.
Este miércoles, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido interrogado por ambos partidos en la sesión de control del Congreso acerca de la actuación del Gobierno en este tema y ha asegurado que ninguno de los 350 diputados del Congreso alberga "la más mínima duda" de que haya que intervenir para acabar con esa "situación tan vergonzosa",
El asunto, sin embargo, ha sido el centro de uno de los momentos más tensos de la sesión de control al Ejecutivo, ya que Iglesias ha estallado contra el PP y le ha reprochado que se “descojone” al hablar de menores presuntamente prostituidas.
La vulnerabilidad de estos menores
El escándalo saltó a raíz de una violación grupal a una menor de 13 años tutelada por el Consell de Mallorca. La agresión sexual se cometió, según fuentes cercanas al caso, en un piso del Camp Redó, en Palma, la pasada nochebuena y fueron detenidos siete varones (seis menores de entre 14 y 17 años y un adulto de 19) y una chica, también menor, que supuestamente habría actuado como enlace y forzado a la víctima a permanecer en la casa.
La detección de 16 casos de menores que viven en centros tutelados en Baleares que han sido víctimas de explotación sexual y el despido por parte del Govern de cinco educadores de centros de internamiento levantaron las alarmas entre Fiscalía y organizaciones por la infancia. Coinciden en que muchos de estos niños y jóvenes están desprotegidos.
El IMAS señaló a mediados de enero en un comunicado que tenía a 359 menores tutelados en alguno de los 30 centros propios o concertados que dan atención residencial a niños y jóvenes con medidas de protección y que, entre todos ellos, había una constancia de 16 casos de explotación sexual infantil.
Se precisó que en todos estos casos se actuó siguiendo el protocolo del IMAS y que se informó en todo momento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sin embargo, los expertos han denunciado en varias ocasiones que la falta de recursos y el hacinamiento en muchos de sus centros hace que los menores estén más expuestos a la marginalidad y a los abusos. Esto podría indicar que una revisión del sistema de control de los menores tutelados y del funcionamiento de esos centros es también necesaria.
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