Delgado defiende su etapa en el Ministerio como una "fortaleza" para estar al frente de la Fiscalía

• Asegura que "el mero hecho de tener una ideología u otra no inhabilita para el desempeño de cargos públicos"
• Delgado ha comparecido en el Congreso en un duro interrogatorio de la oposición para validar su idoneidad para el cargo

Dolores Delgado defiende su paso por Justicia como un plus para el cargo de fiscal general del Estado

"No debería llamar la atención, ni debería producir desasosiego, que quienes nos representan en el poder legislativo, quienes lo hacen en el Ejecutivo y quienes desempeñan cargos judiciales o fiscales hayan podido ostentar alguna otra representación", ha reflexionado la exministra de Justicia Dolores Delgado durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, un examen para certificar que cumple los requisitos que se exigen para ser nombrada fiscal general del Estado. El hecho de haber sido ministra de Justicia antes de asumir el cargo "no debe entenderse como una debilidad, sino como una fortaleza", ha defendido Delgado, que ha sido propuesta para el cargo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y cuyo perfil ha generado críticas desde la política y desde la judicatura

En un repaso de sus 30 años de "trabajo de trinchera" como fiscal especializada en asuntos de narcotráfico y terrorismo y como defensora de las víctimas, Delgado ha insistido en varias ocasiones en su "compromiso con el servicio público" y ha destacado que Gobierno y Ministerio Fiscal "no son instituciones contrapuestas sino complementarias" que "cooperan y deben cooperar para el funcionamiento del sistema".

En este sentido, en este último trámite legal para acceder al cargo en el que no se ha producido ninguna votación, la exministra ha subrayado que el diseño del sistema preserva "la autonomía, la imparcialidad y la independencia" de los fiscales y ha instado a los grupos a valorar su idoneidad como servidora pública. "La fórmula elegida por el legislador constitucional español es un sistema híbrido", ha recordado al inicio de su intervención.

Asimismo, ante las críticas a su pertenencia al anterior gobierno de Pedro Sánchez y por las grabaciones que la vinculan con el excomisario José Manuel Villarejo, ha destacado que el fiscal general "se desvincula durante su ejercicio" del Ejecutivo y que, en su elección, participan los tres poderes del Estado: "el Ejecutivo propone al candidato, el Judicial informa sobre la legalidad del nombramiento, el Legislativo sobre la idoneidad del mismo y finalmente el jefe del Estado nombra al mismo".

Pese a esta declaración de intenciones, y a pesar de haber superado el análisis de los requisitos formales para su nombramiento que tuvo lugar el pasado 16 de enero en el Congreso General del Poder Judicial (CGPJ), ni PP, ni Vox ni Ciudadanos creen que vaya a ejercer de manera autónoma y temen que sea una pieza más en la estrategia del Gobierno para "desjudicializar" el conflicto político catalán. Por su parte, el Ejecutivo defiende su derecho a elegir a la persona que considera más idónea para el cargo, subraya la larga trayectoria como fiscal de Delgado y garantiza que actuará con "absoluta independencia".

La exministra de Justicia Dolores Delgado ha defendido el aval de su trabajo como fiscal "desde la trinchera" y como ministra "desde los despachos" como principales fortalezas para defender su candidatura a ocupar el cargo de fiscal general del Estado en la evaluación a la que se ha sometido este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Delgado propone que la Fiscalía sea "autoridad nacional"

Delgado ha presentado sus proyectos para la Fiscalía ante los diputados, encabezados por la reclamación de una puesta a punto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un avance en los tiempos de respuesta y tramitación, la "inaplazable" reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o la mejora de la comunicación y la transparencia del organismo en su compromiso con la sociedad.

También ha propuesto que esta institución sea "autoridad nacional" desvinculada del Ministerio de Justicia para evitar las "indeseables sospechas" de injerencia del Gobierno en los procedimientos en curso. A su juicio, el Ministerio público se vería reforzado "si la propia Fiscalía fuera autoridad central, autoridad nacional en lugar del Ministerio de Justicia, como ocurre en los países de nuestro entorno, lo que eliminaría las indeseables sospechas de injerencia o conocimiento por parte del Ejecutivo de procedimientos en curso".

"Quiero comprometer mi mandato en avanzar en la apertura de la institución", ha asegurado Delgado, antes de defender que los fiscales deben "ser autónomos y responsables" ante la sociedad y ante su propia jerarquía interna. "Necesitamos un modelo de fiscal, un fiscal del siglo XXI, que incorporare lo mejor de la modernidad y conserve la esencia", con la transparencia como principio presente en su acción para lograr "que los ciudadanos se sientan orgullosos y satisfechos de su Fiscalía". Una institución que se ha comprometido a "modernizar y dotarla de medios" reivindicando el peso que le corresponde.

La oposición carga contra el "reconocido desprestigio" de Delgado

Tras esta intervención, los miembros de la comisión han tenido la posibilidad de preguntar y cuestionar sus objetivos en un duro interrogatorio por parte de la oposición que ha coincidido en denunciar una falta de reconocido prestigio como jurista exigida para acceder al cargo. "Ustedes han venido a asaltar la Fiscalía, han venido a ocuparla", ha sentenciado el diputado del PP Luis Santamaría, que ha expresado "un no firme, tajante y rotundo a la pregunta de si la señora Delgado es la candidata idónea para la función para la que se la propone" porque "va a ser una fiscal general de parte, genuflexa ante el Gobierno y defensora del independentismo".

"Usted es de desconocido prestigio, pero sí de un reconocido desprestigio", ha ironizado el diputado de Vox Javier Ortega Smith que, como el representante de Ciudadanos, ha recordado las tres veces que fue reprobada en las cámaras mientras ocupaba el Ministerio. "Usted viene a garantizar [...] el pago de la deuda que ha contraído el presidente del Gobierno con sus socios comunistas, con sus socios proetarras y con sus socios separatistas", ha sentenciado.

En el polo opuesto se ha situado el portavoz de Unidas Podemos en esta comisión, Jaume Asens, quien ha pasado de las críticas que había hecho su partido a la exministra desde la oposición a valorar como "una buena noticia que quien ostente el cargo sea una mujer". Además, ha criticado a los diputados del PP que "lo único que les molesta de la señora Delgado es que ahora no tengan una alfombra roja en la Fiscalía".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal ha asegurado que Delgado va a estar "siempre bajo sospecha" y le ha preguntado si se abstendrá de dar o recibir instrucciones desde este nuevo puesto. "Me ha dado un cierto miedo cuando ha dicho que quiere reformar el régimen disciplinario de los fiscales", ha afirmado.

Delgado: "La ideología no nos inhabilita para cargos públicos"

"El mero hecho de tener una ideología u otra no nos inhabilita para el desempeño de cargos públicos", se ha defendido Delgado en su turno de réplica. También ha explicado que no puede hablar ni le corresponde de la politización de la judicatura aunque es algo que quizás les competa a los diputados.

Delgado tampoco ha negado que "las discrepancias ideológicas son claras" y "evidentes", pero ha asegurado que "el propio Tribunal Constitucional ha señalado [...] que la ideología es innata y que esto no conlleva determinación para decidir determinados pleitos". "No debemos estigmatizar la política", ha proseguido, antes de reiterar que su etapa como ministra de Justicia enriquece su perfil. "Mi trayectoria en el Ministerio me avala y he respetado en todo momento la independencia del Ministerio Fiscal", ha zanjado.

Varios han sido los encontronazos que ha habido entre los ponentes en este turno de preguntas. Uno de ellos ha tenido lugar cuando la diputada de EH Bildu Bel Pozueta ha pedido a Delgado que exija responsabilidades por las "torturas sistemáticas" policiales. Una afirmación que ha provocado la interrupción y protesta por parte de Ortega Smith. "Si tenemos que compartir con proetarras estas instituciones, al menos que tengan la decencia de no nombrar a la Guardia Civil o de lavarse la boca después de hacerlo", ha reclamado el diputado en su última intervención.

La portavoz de EH Bildu en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, Isabel Pozueta, quien ha pedido a la candidata a fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, que exija responsabilidades por las "torturas sistemáticas" policiales. Unas manifestaciones que ha llevado al secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, a interrumpir esta intervención al considerar que es "inaceptable" y una "falta de respeto" que se haga alusión a "prácticas reiteradas".

Otro rifirrafe se ha producido cuando el portavoz socialista Pablo Arangüena -que ha defendido que el prestigio de Delgado "se mantiene incólume" y que "la avalan décadas de carrera profesional"- ha afeado al PP su historial de casos de corrupción o la polémica por el currículum académico de su líder. En este momento, la presidenta ha reclamado "decoro" por sus gestos a los miembros del partido de Pablo Casado.

De coordinar la lucha contra el yihadismo, al ministerio de Justicia

Delgado nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP, si bien el Gobierno de Sánchez ha prometido revertir esta situación.