El Gobierno "refuerza la posición negociadora" de los agricultores para conseguir precios justos

• El Gobierno ha aprobado un real decreto ley que modifica la norma de la cadena alimentaria
• Las organizaciones agrarias consideran que las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros son "insuficientes"

El Gobierno aprueba un paquete de medidas en beneficio del sector del campo

El Gobierno ha aprobado un decreto ley que reforma la ley de cadena alimentaria para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agroalimentarias. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha justificado la urgencia legislativa por la volatilidad de precios, la mala meteorología, el aumento de los costes de producción y el desequilibrio que perjudica a los agricultores como eslabón más débil.

Este decreto ley permitirá "un refuerzo de la posición negociadora" de los productores agrícolas y ganaderos, un "mayor equilibrio en la cadena alimentaria" y una "mayor transparencia en el proceso de formación de los precios". Planas ha insistido que el Gobierno reconoce "como legítimas las reivindicaciones" del campo y que han tratado de darles respuesta "desde el primer día", tras 18 reuniones con los distintos actores.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han declarado que consideran las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros "insuficientes" y han pedido más esfuerzos mientras se mantienen las protestas convocadas por el sector. Así lo han indicado los representantes en la rueda de prensa posterior al encuentro de unas tres horas que han mantenido con Planas, que a la salida del mismo ha expresado la voluntad del Gobierno de seguir dialogando para abordar las cuestiones pendientes.

Multa de entre 100.000 y un millón de euros por la venta a pérdidas

No ha habido sorpresas y el contenido de la norma coincide con el avanzado por RNE. Se prohíbe la venta a pérdidas, el valor añadido tiene que ir aumentando en la cadena alimentaria y los contratos deben incluir por escrito un precio mínimo que recoja los costes de producción La norma señala que los establecimientos comerciales que vendan productos alimentarios de forma reiterada a un precio inferior a los costes de producción en España incurrirán en una falta muy grave cuya sanción está fijada entre 100.000 euros y un millón de euros.

Promociones agresivas

También se regulan las promociones comerciales de carácter agresivo como "si se lleva dos paquetes de detergente le regalamos un litro de aceite de oliva virgen extra", aunque se permite vender por debajo del precio fijado en productos perecederos para evitar el despilfarro alimentario que en España supone tirar un 30% de los alimentos que se producen.

Esta ley tiene un régimen sancionador que incluye publicar el nombre de las empresas que cometan infracciones graves o muy graves como las referidas a las campañas promocionales.

Además se reduce de 35 a 20 el número de peonadas exigidas en Andalucía y Extremadura para el subsidio por desempleo, se bonifican los contratos indefinidos en el campo y se da más margen de acción a la Inspección de Trabajo.

Inspección y bonificaciones

Así, el Gobierno ha aprobado facilitar el acceso de la Inspección de Trabajo a viviendas y locales de descanso puestos a disposición de los temporeros. La autorización no solo se limita a albergues, sino que se amplía al ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Las empresas que transformen contratos temporales con trabajadores pertenecientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, incluidos los fijos discontinuos, podrán bonificarse de la cuota empresarial por contingencias comunes. Para combatir la brecha de género, la bonificación será mayor en el caso de las trabajadoras agrícolas.

El real decreto ley también recoge una fiscalidad más escalonada para los jóvenes agricultores que ahora podrán pagar en cuatro años y no en uno por las ayudas europeas de la Política Agraria Común (PAC).

Las organizaciones agrarias ven "insuficientes" las medidas

Planas se ha reunido esta tarde en la mesa del diálogo agrario con las tres asociaciones convocantes de las movilizaciones en el campo, Asaja, UPA y COAG para detallarles los pormenores del decreto.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha tachado de "insuficiente" el contenido de las medidas adoptadas, aunque, en lo referente a la Ley de la cadena alimentaria, "puede ser positivo" si este se puede desarrollar. "Quedan muchas cosas", como desgravaciones fiscales y concreción en las tarifas eléctricas y los seguros agrarios, ha insistido Barato, que se ha mostrado a favor de mantener el sistema de módulos.