Bruselas pide al Gobierno que mantenga los aspectos positivos de la reforma laboral de Rajoy

• También advierte de que ligar las pensiones al IPC arriesga su sostenibilidad y perjudica a los más jóvenes
• La tasa de pobreza y exclusión social disminuye pero aún se sitúa en el 26%

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados

La Comisión Europea ha instado este miércoles al Gobierno a evaluar de forma "cuidadosa" el impacto potencial que tendría cualquier modificación de la reforma laboral llevada a cabo en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y a "preservar" los aspectos más positivos de la misma, que "apoyó una sólida creación de empleo" durante la fase de recuperación.

Así consta en el informe sobre la economía española que el Ejecutivo comunitario ha publicado este miércoles. "Será importante que sólo se adopten nuevas medidas tras una cuidada evaluación de su potencial impacto y manteniendo los logros de pasadas reformas", recoge el texto.

Bruselas indica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha expresado su "intención" de "revisar" aspectos de la última reforma laboral, sobre la que "se reconoce que apoyó una fuerte creación de empleo durante la recuperación", apunta el documento, citando un informe de este año del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En concreto, señala que el nuevo Gobierno pretende restablecer el poder de negociación y "superar" la segmentación laboral. Estos cambios suponen, por ejemplo, abolir el límite de un año para la extensión automática de los convenios (ultraactividad) y recuperar la prevalencia de los convenios colectivos sectoriales frente a los acuerdos a nivel de empresa.

Advertencia sobre las pensiones

En el documento, el Ejecutivo comunitario también ha advertido de las consecuencias que podrían tener los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de vincular de manera permanente la evolución de las pensiones al IPC y "disociar" sus niveles a cambios en la esperanza de vida de la población española.

"Eliminar ambos elementos de la reforma de 2013 corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy a expensas de las futuras generaciones, salvo que se adopten medidas de compensación", remarca el documento.

"Si los cambios con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 se hicieran de forma permanente y sin medidas de compensación adecuadas, el gasto en pensiones crecería significativamente y empeoraría la equidad intergeneracional en el medio y largo plazo", añade.

El texto, de hecho, señala que incluso aplicando "totalmente" la reforma de 2013, los pensionistas españoles seguirían contando en el largo plazo con una tasa de sustitución superior a la de la media comunitaria.

En particular, los servicios del Ejecutivo comunitario calculan que vincular de nuevo las pensiones a la inflación "podría conducir a un incremento en el gasto en pensiones para 2050 de aproximadamente el 4 % del PIB. Además abolir el factor de sostenibilidad sumaría "al menos" un 0,7 % del PIB al gasto en pensiones en el largo plazo.

La tasa de pobreza española es del 26%

En su informe Bruselas vuelve a destacar, además, que España es el país con un mayor número de contratos de trabajo temporal, un 26 % del total, y que el riesgo de pobreza y exclusión social "sigue siendo alto, en particular entre los niños".

En concreto, el organismo señala que, en 2018, la participación de personas en riesgo de pobreza o exclusión social disminuyó por cuarto año consecutivo hasta el 26,1 %, es decir, una de cada cuatro personas se encuentran en esta situación en nuestro país.

Sin embargo, la brecha con la media de la UE sigue siendo grande (4,2 puntos) y "está aumentando", apunta el informe. Además, existen "grandes disparidades regionales", con tasas mucho más bajas en las regiones del norte (por ejemplo, 12 % en el País Vasco y Navarra) que en las del sur (45 % en Extremadura), "reflejando en parte fuertes diferencias en los resultados del mercado laboral", detallan.

Sobre el aumento del salario mínimo, de un 22,3 % en 2019, la Comisión afirma que "ha aumentado los costes laborales" y que, si bien aún no se ha cuantificado su efecto sobre el empleo y las tasas de pobreza, se han anunciado nuevos aumentos hasta 2023.