Torra denuncia ante el Supremo una "confabulación" entre Cs y la Junta Electoral para cesarle como presidente

• Cuestiona la "imparcialidad" de los miembros de la Junta Electoral Central
• Alega una vulneración del derecho a tener un juez imparcial

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante un acto político el pasado fin de semana.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado este martes ante el Tribunal Supremo una falta de imparcialidad de la Junta Electoral Central (JEC) y ha apuntado a que su condena por desobediencia se debe a una "confabulación" entre Ciudadanos y al menos un exvocal de la JEC para apartarlo del cargo y "neutralizarlo" políticamente.

La defensa de Torra ha presentado un escrito ante el Supremo en el que se opone a la petición de la Fiscalía y la acusación popular contra su recurso de casación a la sentencia condenatoria de inhabilitación que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le impuso al por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.

En su escrito, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, alega una vulneración del derecho a tener un juez imparcial, a un proceso con las debidas garantías y vulneración también del derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho a la libertad de expresión.

En este sentido, argumenta que la parcialidad que ha invocado en todo el procedimiento "no solo era una falta de imparcialidad, sino una auténtica suerte de conspiración para perjudicar la opción política que representa".

Cuestiona la imparcialidad de los miembros de la JEC

Pero además, cuestiona la imparcialidad de los miembros de la Junta, a raíz de las recientes informaciones que apuntan a que el exvocal Andrés Betancor cobró como asesor de Ciudadanos mientras participaba en debates del árbitro electoral, entre los años 2017 y 2019.

"¿A alguien le sigue cabiendo alguna duda, después de descubrirse la confabulación existente entre, al menos, uno de los miembros de la Junta Electoral Central y el partido político Ciudadanos para perjudicar a mi representado y al partido y opción política que él representa?", sostiene Torra en su recurso.

Para Torra, "llama prodigiosamente la atención" que la Fiscalía obvie en su escrito que dos miembros de la Junta "no guardaban absolutamente ninguna apariencia de imparcialidad y, al menos, uno de sus miembros estaba a sueldo" de Ciudadanos, formación que presentó la denuncia que dio pie al proceso contra el presidente catalán.

La defensa de Quim Torra sostiene que la Junta Electoral "actuó contaminada por convicciones políticas" y por "motivaciones espurias", en una "estrategia política tendente a neutralizar políticamente" al presidente catalán, pues dieron lugar a tramitar las consultas del PP y Ciudadanos.

El escrito de Torra denuncia un "plan urdido" por Betancor y critica que la "desvergüenza" del vocal debió ser valorada por el juez instructor y por el tribunal que juzgó el caso.

Asegura que la JEC no es competente para emitir requirimietos a Torra

El letrado insiste, como ya alegara en el juicio por desobediencia, que la Junta Electoral Central "no era competente" para emitir los requerimientos a Torra para que retirara los símbolos de apoyo a los políticos presos, teniendo en cuenta que el presidente de la Generalitat era "un tercero ajeno a la organización del proceso electoral".

"La orden era abiertamente ilegal y no debía acatarse", mantiene la defensa, que cree además que los requerimientos de la Junta a Torra vulneraban "derechos fundamentales" del presidente de la Generalitat y de terceros y "generaban indefensión".

El escrito hace también hincapié en la "distinta reacción" ante hechos semejantes atribuidos a Pedro Sánchez, que la Junta Electoral Central "ha ventilado con una sanción económica, sin atribuirles relevancia penal".

La defensa pide al Supremo que, antes de resolver sobre el asunto, eleve una batería de cuestiones prejudiciales a la justicia europea sobre la supuesta parcialidad de los jueces que han instruido o juzgado la causa contra el presidente catalán y la posible vulneración de derechos fundamentales de Torra.