La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el responsable de los cadáveres hacinados en la Complutense

• Le imputa un delito contra la salud pública al tener a sus trabajadores en condiciones "degradantes" y "nocivas"
• Las instalaciones, donde los cuerpos para las prácticas de Medicina se pudrían sin control, no respetaban la normativa

Departamento de Anatomía de la Universidad Complutense de Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita ocho años de prisión ara José Ramón Mérida Velasco, el ex director del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid por un su responsabilidad en el hacinamiento de cadáveres con los que los estudiantes hacen prácticas. Se le imputa un delito contra la salud pública por tener a sus trabajadores en condiciones "degradantes" y nocivas".

El Ministerio Público considera que el médico, "pese a las reiteradas quejas de los trabajadores por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud", obligó durante años a los trabajadores a prestar sus servicios “en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas”.

Unas condiciones que se mantuvieron hizo hasta que la Inspección de Trabajo ordenó en 2014 su paralización después de extraerse del sótano 534 cadáveres, detalla la Fiscalía. Mérida fue destituido tras aquello, y dos años más tarde el entonces rector de la Universidad, José Carrillo, fue imputado por haber conocido los hechos durante el tiempo que se produjeron.

En su escrito, la Fiscalía acusa a Mérida de someter a los trabajadores “a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral”.

Una de sus quejas que recoge de los trabajadores es la de obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales “hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción”.

Mérida, gracias a su cargo, era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio.

"Desesperanza" y "alteraciones en la percepción de la realidad"

“El miedo a la pérdida del empleo, el empeoramiento de su condición física y mental, la imposibilidad de mantener el orden en su puesto de trabajo por desbordamiento del entorno laboral, la falta de respeto y valoración de las tareas que realizaban en condiciones vejatorias, sumió a los trabajadores en un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad que les rodeaba, de manera que aceptaron como inevitable y normal una situación que, de modo objetivo, constituía una violación permanente a su dignidad como seres humanos”, denuncia la Fiscalía.

Eel representante del Ministerio Público sostiene que las características del centro de trabajo y las circunstancias en las que el acusado dirigía la actividad laboral de los técnicos “determinaba la creación de un grave riesgo para la salud, integridad física y mental de los trabajadores”. Tales circunstancias eran conocidas por Mérida “así como los riesgos derivados de las mismas por su condición de médico y director del Departamento de Anatomía”.

Uno de los hechos que destaca la Fiscalía, aparte de la falta de ventilación, es que cuando se averió la cámara frigorífica donde se conservaban parte de los cadáveres, el acusado ordenó a los técnicos que extrajeran de ella entre 40 y 50 cuerpos y que los dejaran en una sala para ser incinerados.

“Sin embargo –añade la Fiscalía-, al no poderse proceder a la cremación de los cuerpos por su elevado número, se quedaron en dicha sala en proceso de deterioro o pudrición”. Para solventar el problema, Mérida ordenó instalar otro motor “pero también era insuficiente y formaba capas de hielo sobre los cadáveres que debían extraerse unos cuatro o cinco días antes de su uso y, después de él, se volvían a introducir en la cámara en proceso de descomposición”.

Las instalaciones no cumplían la normativa

Las instalaciones, según se recoge en el escrito de acusación, no cumplían la normativa reglamentaria de lugares de trabajo ya que “los trabajadores no disponían de duchas, aseos adecuados, vestuarios ni taquillas individuales”.

Tampoco el uso docente que hacía con los cadáveres era el más adecuado porque los cuerpos accedían al sótano sin protocolo de actuación, sin identificación y sin referencia a su origen o padecimiento de enfermedades infecto-contagiosas. “Esta falta de control sanitario de acceso de cuerpos -explica la Fiscalía- determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos, infecciosos y/o parasitarios, que se agravaban por la falta de un adecuado control sobre la salud de los técnicos”.

Pero es que, además, los trabajadores usaban ropa inadecuada para realizar sus tareas y la condiciones de higienes era “deficientes” y manejaban manualmente y “de modo repetitivo” cargas cuyo peso oscilaba entre 70 y 120 kilos. Entre otras tareas, se les ordenaba “introducir los cuerpos en tinas de metro y medio de profundidad y extraerlos desde el fondo para su utilización o destrucción”.

El escrito denuncia que los trabajadores carecían de un libro de instrucciones y de funcionamiento del horno crematorio y que. a la primera queja motivada por el mal funcionamiento de la cámara frigorífica por exceso de cadáveres y el mal olor que desprendía, la respuesta fue: “las puertas cerradas y que no se hable nada”. Cuando se le expuso la necesidad de llevar los cadáveres a otro sitio la repuesta fue que “era muy caro” y ante el requerimiento para que frenara la afluencia de cadáveres por falta de espacio, ya no hubo respuesta.

Al tener conocimiento Mérida de que el 20 de mayo de 2014 iba a tener la primera visita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, recriminó a los técnicos su negativa a colaborar con él en las tareas de destrucción de cadáveres y efectos tóxicos. Ese mismo día la Inspección ordenó la paralización de todos los trabajos y al depurarse responsabilidades por parte del Rectorado de la Universidad, se extrajeron del sótano 534 cadáveres, a los que se dio destino legal.