Una jueza de Girona pide al Supremo que investigue a Puigdemont por un supuesto fraude cuando era alcalde

• Remite una exposición razonada por indicios de delito en la empresa de suministro de aguas Agissa, a petición de Anticorrupción
• Habría desviado un millón de euros de la concesión de aguas para comprar un fondo de arte

Boletines RNE - Una juez pide al Supremo que investigue a Puigdemont por fraude en la gestión del agua de Girona

El juzgado de instrucción 2 de Girona ha enviado al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que ve indicios de delito de Carles Puigdemont cuando era alcalde de la ciudad por un supuesto fraude en Agissa que era la empresa de suministro de aguas, según han indicado fuentes jurídicas a RTVE. Además se investigan los delitos de prevaricación y falsedad documental en la gestión de la calidad del agua.

La magistrada ha accedido a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, ya que considera que Puigdemont habría destinado en 2015 un millón de euros previstos para "la aplicación del canon extraordinario de la concesión del servicio de aguas" a comprar un fondo de arte para el Ayuntamiento.

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de JxCat es un prófugo de la Justicia por la causa del procés y ha argumentado en Twitter que hace un año surgió otra investigación con los mismos elementos.

Puigdemont sostiene que la causa será archivada por el Alto Tribunal y sospecha que "buscan la extradición" por todos los medios, según ha reflejado en las redes sociales. Este sábado el líder catalán se dio un baño de masas en la localidad francesa de Perpiñán donde instó al independentismo a mantener la "movilización permanente" y a "prepararse" para avanzar hacia el objetivo de una república sin exclusiones.

El inicio de esta investigación se remonta a cuatro años atrás, tras una denuncia de la CUP presentada en Anticorrupción. La jueza de Girona solicitó la imputación de Puigdemont ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero tras adquirir el expresident la condición de europarlamentario, es el Supremo el que debe conocer estas actuaciones.

La gestión del servicio de agua corre a cargo de Aigües de Girona, Salt i Sarriá de Ter, S. A. (Agissa), una empresa mixta con un 80% de capital privado y el 20% restante de los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarriá de Ter. En marzo de 2013, al aprobar la segunda prórroga de la gestión del agua a dicha sociedad, se introdujo el pago de un canon extraordinario de 3,75 millones de euros a los tres consistorios.

Un artificio contable

De esa cantidad, el ayuntamiento de Girona recibió 2.625.000 euros, importe que "debía revertir en el propio servicio" de aguas, según informe del secretario municipal que consta en el escrito de Anticorrupción. Sin embargo, y mediante un "artificio" contable, explica el fiscal, un millón de euros acabaron en la compra de un fondo de arte del historiador Rafael Santos Torroella valorado en 4,7 millones.

El artificio consistió en la "modificación de crédito por transferencia entre partidas" y finalmente la compra y financiación de la colección fue autorizada por un total de 11 concejales del Pleno del 14 de febrero de 2014. Una modificación que no se podía llevar a cabo porque "no se podía usar el dinero obtenido por el canon extraordinario al estar afecto a una finalidad concreta", esto es, "el ciclo del agua".

La operación para ocultar la procedencia del dinero para el primer pago de la colección de arte se hizo, para Anticorrupción, "con el conocimiento y aprobación de Carles Puigdemont". Una maniobra que, en opinión de la magistrada, contravino la Ley de Haciendas Locales.

Perjuicio al patrimonio municipal

Los investigadores subrayan que toda esta operación llevó aparejado un perjuicio en el patrimonio del Ayuntamiento de Girona. En un informe de la Agencia Tributaria incorporado a las actuaciones, se advierte de que "a la vez que se ha incrementado al doble el canon, las inversiones a realizar se han reducido casi a la mitad, en detrimento de la calidad y del estado de las instalaciones".

"Se ideó un artificio, desde los presupuestos del equipo de Gobierno, que fue asumido, con mayor o menor conocimiento, por 11 concejales en el Pleno de 14 de febrero de 2014. Y ese artificio llevó a una sustancial merma en el patrimonio del Ayuntamiento en un área tan sensible como el agua", subraya el escrito de Anticorrupción en el que se basa la solicitud de imputación al Supremo.

Ahora, la Sala de lo Penal del alto tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena deberá decidir si abre causa contra Puigdemont por este asunto. En caso de hacerlo, se nombraría un instructor, que sería quien decidiría si pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder imputar al expresident y que se sumaría al suplicatorio que ya solicitó el instructor del procés, Pablo Llarena.