Anticorrupción pide 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por fraude fiscal

• Los dos actores están implicados en el caso Nummaria

Los actores de 'Cuéntame' Ana Duato e Imanol Arias

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2009 y 2015 al que hay que sumar, en el caso de la actriz, delito de falsedad documental. El escrito de la Fiscalía hace referencia al llamado caso Nummaria, el despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica para que sus clientes evadiesen impuestos, y acusa también a otras 29 personas físicas y cuatro entidades como responsables civiles. La Abogacía del Estado, por su parte, ha solicitado 28 años para ambos.

La Fiscalía reclama la mayor pena para el responsable del despacho, el abogado Fernando Peña (casi 300 años de cárcel), por liderar la organización criminal con la que se cometió el fraude. Entre los 31 acusados por estos hechos figura también el marido de Ana Duato, Miguel Ángel Bernardeu, productor de Cuéntame cómo pasó, para el que la Fiscalía pide 18 años de cárcel.

Según el escrito de acusación, "una parte muy importante de los clientes del despacho Nummaria ha utilizado estructuras societarias opacas diseñadas por éste con el fin de evitar la tributación que hubiera correspondido en España por la obtención de rentas provenientes de todo tipo de negocios situados en nuestro país".

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En concreto, para el actor Imanol Arias, Nummaria creó una estructura que le permitió ocultar al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó. De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascenderían a 2,7 millones de euros.

Por este motivo, al actor se le imputan en total seis delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos referidos al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los años comprendidos entre 2010 y 2015, ambos inclusive.

Por su parte, según el escrito de Fiscalía, la actriz Ana Duato defraudó la cantidad de 1,9 millones de euros a Hacienda, y se le imputan siete delitos fiscales relacionados también con el IRPF. En su caso en dos periodos: el de 2010-2012, y el comprendido entre 2014 y 2017.

El pasado 12 de junio, el juez Ismael Moreno, dictó un auto por el que proponía juzgar a Imanol Arias y Ana Duato junto a otras 29 personas físicas y jurídicas. En el auto, el juez acordó su procesamiento por delitos contra la Hacienda Pública, insolvencia punible o frustración de la ejecución, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal.

El despacho Nummaria, expuso el juez, "facilitó estructuras jurídico-económicas diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes" que, según el juez, "eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas".

Los dos actores han realizado ingresos por cuotas no abonadas

Arias, con posterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria y a la apertura de esta causa, ha realizado diversos ingresos por un total de 2,3 millones de euros en pago por las cuotas no abonadas de los ejercicios 2009 y 2010 y por declaraciones complementarias.

Al igual que su compañero de reparto, Duaot, tras la apertura de esta investigación, ha pagado ya 838.163 euros por los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. La estructura creada para Duato, muy similar a la de Arias, consistió en la cesión de sus derechos de imagen a una sociedad bajo su control, Gaumukh Aeie, participada en un 40% por la sociedad inglesa Nevington Ltd y en el 60% por Grupo Ganga Producciones (de la que también es partícipe junto con su marido).

Estas sociedades se encargaron de firmar los contratos con terceros y facturar por los servicios realizados por la actriz para la que fijan, al igual que en el caso de Arias, una retribución por un importe muy inferior a lo facturado por los servicios en forma de renta vitalicia.