La Generalitat estudia la fórmula para que los presos del 1-O y otros en su situación se confinen en sus casas

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Oriol Junqueras en una imagen de archivo.

Las juntas de tratamiento penitenciario de la Generalitat de Cataluña están estudiando desde este martes la fórmula para que los presos del 'procés' independentista y otros reclusos catalanes en situación de segundo grado bajo el artículo 100.2 del reglamento puedan pasar el confinamiento por el coronavirus en sus domicilios.

Con nueve casos confirmados entre los internos, 20 funcionarios de prisiones y 34 casos en estudio, el objetivo de la medida, afirma el Departamento de Justicia en un comunicado, es "esponjar" las cárceles para evitar su propagación. Recuerda, además, que el 69% de los presos de tercer grado ya están en sus casas.

Así, la consellera de Justicia, Ester Capella, ha dado instrucciones a las juntas de tratamiento de las cárceles para que estudien si la ley permite que los reclusos del 100.2 puedan permanecer en sus domicilios mientras dure el estado de alarma, como sucede con parte de los que están en tercer grado.

Precisamente, este lunes el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva pidieron al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda la pena de prisión que les impuso el Supremo por su papel en el 'procés' y los excarcele a raíz del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

El Supremo advierte de que podría ser delito

Sin embargo, el reglamento penitenciario solo permitiría, en principio, el confinamiento domiciliario de los reclusos de tercer grado, no de los que están clasificados en segundo. Además, la autoridad penitenciaria desde que se decretó el estado de alarma está en manos del Ministerio de Interior.

Además, fuentes del Tribunal Supremo han advertido de que, en el caso de que las juntas de tratamiento acuerden la excarcelación de los presos para cumplir el confinamiento en sus domicilios, el alto tribunal exigirá a cada una de las juntas y de los directores de los centros penitenciarios que expliquen "a la mayor brevedad" el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen "de forma nominal·" a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo. "Ello se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación", prosiguen las fuentes.

El Departamento de Justicia catalán justifica, sin embargo, que la excarcelación de los presos del 100.2 es una "medida excepcional en una emergencia sin precedentes" que se aplicará solo a los reclusos con un bajo riesgo de reincidencia y que dispongan de un domicilio fijo y, aunque de aplicación inmediata, tendrá que ser avalada después por el juez de vigilancia.

Por ello, los centros penitenciarios estudian, ahora, uno por uno, la evolución y el pronóstico de los segundos grados con 100.2, que salen de los equipamientos para trabajar, hacer voluntariado, formación, tratamiento o el cuidado de personas mayores. Unas salidas que han quedado suspendidas desde el inicio de la emergencia sanitaria.

101 presos disfrutan del artículo 100.2

Actualmente, 101 presos de las cárceles catalanas tienen autorizadas las salidas del artículo 100.2. Antes del estado de alarma, eran 157, pero 56 han pasado a ser clasificados en tercer grado en las últimas semanas.

En declaraciones a los medios a través de un mensaje de vídeo, la consellera ha explicado que ha ordenado a los directores de centro que "busquen" lo que la ley "permite" para esponjar las cárceles catalanas".

"Nos lo pide Naciones Unidas, y el departamento de Justicia ya hace días que está tomando decisiones y recorriendo caminos que hasta ahora no había recorrido. En estos momentos, tenemos el 69 % de las personas clasificadas en tercer grado confinadas en su casa. Pero no es suficiente, necesitamos que haya menos gente en las cárceles", ha apuntado.

En relación a si esa medida afectará a los líderes independentistas en prisión -todos ellos confinados en la cárcel, después de que se les suspendieran sus salidas para trabajar por el 100.2-, la consellera ha precisado que "las decisiones las toman y las tomarán las juntas de tratamiento".