El Gobierno aprueba microcréditos para inquilinos "vulnerables" y prohíbe los desahucios durante la pandemia

• El Ejecutivo calcula que se podrán beneficiar de este paquete de medidas medio millón de personas
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El Gobierno aprueba 'microcréditos' para el pago de alquileres de hogares vulnerables y prohíbe los desahucios

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una batería de medidas sociales que incluyen ayudas para quienes vivan de alquiler y estén en una situación de "vulnerabilidad" a raíz de las restricciones y medidas del estado de alarma por el coronavirus. Suspensión de los desahucios, microcréditos a interés cero para los inquilinos y que los grandes tenedores elijan entre condonar la mitad de la deuda o reestructurarla en el tiempo son algunas de ellas.

El Consejo de Ministros ha aprobado también otras ayudas como la prohibición de los cortes de suministros mientras dure la alarma, un subsidio para empleadas del hogar y otro extraordinario para trabajadores temporales sin derecho a paro.

En materia de alquileres, el vicepresidente social del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado un paquete de medidas "para proteger el derecho a la vivienda", uno de los objetivos "centrales" del Ejecutivo y algo "imprescindible porque es la trinchera desde la que se resiste al virus", ha dicho.

Iglesias ha explicado que medio millón de personas se podrían beneficiar de estas ayudas que, a falta de más detalles que serán desglosados en el Boletín Oficial del Estado, son las siguientes:

Suspensión de los desahucios

El Ejecutivo ha aprobado que se suspendan desde este mismo martes y durante los próximos seis meses"todos los desahucios" para proteger, especialmente, a personas que carezcan de alternativa habitacional.

Prórroga de los contratos de alquiler

También se prorrogarán automáticamente y de forma extraordinaria los contratos de alquiler de vivienda habitual que caduquen en los tres meses posteriores a la entrada en vigor del estado de alarma y para un período de seis meses. El objetivo, según el Ejecutivo, es "evitar las subidas abusivas" de los precios aprovechando la crisis del COVID-9.

Moratoria de los pagos

Los inquilinos podrán acogerse a una moratoria o aplazamiento del pago de las mensualidades, pero dependerá de si el arrendatario es o no un gran tenedor de vivienda -disponga de menos o más de diez viviendas en propidad-.

La moratoria será automática para los inquilinos de pisos que pertenecen a grandes propietarios y durará hasta que termine el estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Finalizado este plazo, deberá pagar las cuotas no pagadas en los tres años siguientes, sin ningún tipo de penalización ni intereses.

Si el arrendador es un particular, el inquilino en situación de vulnerabilidad podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta y el propietario tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo. En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado, que son las del punto siguiente.

Microcréditos a seis años y sin intereses

Las personas en situación de "vulnerabilidad" podrán acogerse a "microcréditos públicos" a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) sin ningún tipo de interés y a devolver en los próximos seis años, ampliable hasta los diez "en caso de que tengan dificultades" para devolverlos.

“Los requisitos de vulnerabilidad son amplios“

Los requisitos de "vulnerabilidad", según el Gobierno, son "muy amplios" e incluyen, entre otros, personas que hayan sido despedidas temporalmente por un ERTE, paradas o que tengan su jornada reducida, así como autónomos que hayan suspendido su actividad o hayan visto sus ingresos reducidos en un 75%.

El Estado pagará la deuda si prevalece la vulnerabilidad

Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, los inquilinos que no puedan hacer frente a la devolución de las ayudas públicas "van a contar con el apoyo del Gobierno". De esta forma, el Estado ofrece una ayuda para víctimas de violencia de género, personas sin hogar "y otras especialmente vulnerables" de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble. Y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos.

Los grandes tenedores: quita o reestructuración de la deuda

"Este paquete de medidas incluye una distinción clave" entre pequeños y grandes propietarios, ha detallado Iglesias, quien ha determinado que "no es lo mismo un pequeño propietario o un fondo buitre o un gran tenedor" de viviendas. Mientras que los primeros recibirán "íntegramente" el ingreso que obtienen de sus vivencias, los grandes tenedores "van a tener que arrimar el hombro".

“Los pequeños propietarios recibirán sus ingresos íntegros“

¿Cómo? Los grandes tenedores de viviendas -no ha especificado más detalles- "tendrán que elegir" entre condonar el 50% de la deuda de sus inquilinos durante los meses del estado de alarma, o reestructurarla para que pueda pagarla en varios plazos.

El hecho de que el arrendatario sea o no un gran propietario no influye para que los inquilinos puedan acogerse a las líneas de ayuda del Gobierno mencionada en los apartados anteriores.

Por último, en término de viviendas, aunque no se refiere a los alquileres, el Gobierno amplía la moratoria del pago de las hipotecas también a locales y oficinas de autónomos, simplificando además los criterios de vulnerabilidad para acogerse a la misma.