Los empresarios piden la suspensión del pago de impuestos y una ampliación de la línea de avales
- Insisten en que se flexibilicen los ERTE y que puedan mantenerse temporalmente después del estado de alarma
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Las patronales CEOE y Cepyme han pedido este sábado la suspensión del pago de impuestos como el IVA, el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social en los sectores y empresas con mayor descenso de actividad ante la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prorrogar el estado de alarma por el coronavirus hasta el 26 de abril.
En un comunicado, las organizaciones empresariales, aunque han apoyado la medidas de contención, han ofrecido también su esfuerzo para detectar en el marco del diálogo social cuáles son esos sectores y empresas más vulnerables a la crisis del coronavirus, con el fin de aplicar con urgencia una suspensión fiscal que ya han adoptado -dicen- 22 países europeos y quince comunidades autónomas.
Denuncian una situación "angustiosa" para las pymes
Los empresarios argumentan que no está siendo posible disponer de la información contable y fiscal del gran espectro empresarial para poder cumplir con los deberes tributarios.
Como ejemplo, señalan que un 80 % de las pymes realizan sus declaraciones a través de profesionales externos que están emplazados en locales diferentes a la empresa y que en un 50 % el tratamiento de facturas se realiza en papel, sin olvidar que el pago en ventanilla física de entidades financieras es aún muy frecuente.
Esto les impide solicitar aplazamientos, puesto que su tramitación sería en si misma un nuevo obstáculo para muchas empresas que están ya al borde del cierre.
Además alegan que "muchas empresas y sus trabajadores viven en estos momentos una situación angustiosa tras semanas con pocos o nulos ingresos, a la espera de una financiación que no está fluyendo a la velocidad deseada".
Piden ampliar la línea de crédito a 50 millones de euros
En esa línea subrayan que este sentido el actual contexto requiere también seguir agilizando el crédito, por lo que piden que las líneas públicas de avales se amplíen con carácter inmediato, de los 20.000 millones iniciales a los 50.000 millones de euros y destinar este nuevo tramo especialmente a pymes y autónomos.
Insisten, además, en flexibilizar los procesos de regulación temporal de empleo (ERTE) y que puedan mantenerse temporalmente después de finalizar el estado de alarma.
"Una vez más, nos ponemos al servicio del Gobierno para trabajar en la preparación de una salida progresiva de la crisis para todos los sectores económicos, sobre todo en ámbitos tan complejos como el industrial, y reiteramos nuestro convencimiento de que las empresas españolas formamos parte de la solución", han afirmado.