El Gobierno sopesa llevar al TC el decreto andaluz que cambia una veintena de normas en pleno estado de alarma

• Pide un informe al Consejo de Estado por si afecta a sus competencias en materia audiovisual y de patrimonio histórico
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El Gobierno abre la vía para recurrir un decreto ley de la Junta de Andalucía de medidas económicas

El Consejo de Ministros ha abierto este martes la vía para recurrir ante el Tribunal Constitucional un decreto ley con diversas medidas económicas para hacer frente al coronavirus y que fue aprobado en pleno estado de alarma.

Dicho cambio realizado por la Junta modifica una veintena de normas, y desde el Gobierno central se ha solicitado un informe al Consejo de Estado para determinar si invade competencias estatales en materia audiovisual y de patrimonio histórico.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. El informe del Consejo de Estado es preceptivo, pero no vinculante, por lo que el Ejecutivo podría recurrir "algunos puntos" referidos al patrimonio histórico y sector audiovisual si lo considera oportuno.

El decreto fue aprobado en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía el pasado 2 de abril y modifica una veintena de leyes y seis decretos anteriores que afectan a numerosos sectores, entre también el turismo, la construcción o el comercio.

Tanto el PSOE de Andalucía como Adelante Andalucía solicitaron a la Junta la retirada del decreto porque consideraban que una norma de ese calado requería un debate más sosegado. La medida también ha suscitado las críticas de distintos sindicatos y colegios y asociaciones profesionales.

Puntos controvertidos del decreto

El consejero de Economía andaluz, Rogelio Velasco, ha defendido este martes en una entrevista en la televisión regional que el decreto "va a hacer mucho más fácil a las pymes y a los autónomos la relación con la administración autonómica", así como a "simplificar costes" y reducir obstáculos burocráticos. El consejero de Hacienda de la región, Juan Bravo, justificó también hace días que la norma permitirá eliminar o simplificar hasta 100 trámites burocráticos "de la mano del sector privado", pero son dos los puntos polémicos que estudia el Ejecutivo.

Uno es la modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía. La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) mostró en una carta su "alarma" por si el decreto implica derogar el "marco jurídico autonómico por el que se rigen las emisoras municipales", un marco que prohibe la privatización o externalización de la gestión de estas emisoras.

Por otro lado, el Gobierno estudia recurrir un punto relativo a la Ley de Patrimonio Histórico. La modificación que incluye el decreto andaluz podría permitir, por ejemplo, que se lleven a cabo obras en el entorno de edificios de patrimonio histórico con una declaración jurada, sin necesidad de autorización previa.