Un mes de estado de alarma en España: pasos y tropiezos de una anomalía en la democracia

• El Gobierno decretó el estado de alarma por el coronavirus el 14 de marzo, lo que supuso el confinamiento de los ciudadanos
• Prorrogado dos veces, no tiene fecha final a la vista y su gestión ha suscitado polémica con la oposición y las autonomías
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Un mes de estado de alarma en España, el segundo decretado en democracia

Hace justo un mes, el 14 de marzo, el presidente del Gobierno anunció que este se convertía en la única autoridad y decretaba el estado de alarma en España para hacer frente a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que este provoca, la Covid-19. Se hacía así uso de un recurso previsto en la Constitución pero que solo se había puesto en práctica en 2010, para un problema sin ningún parecido con el actual, la crisis de los controladores aéreos.

Ese día España acumulaba 5.753 casos confirmados, 1.522 más que la víspera, y habían fallecido ya 136 personas con coronavirus, 86 de ellos en la Comunidad de Madrid, según los datos del Ministerio de Sanidad. Era el quinto país en número de casos en todo el planeta y el segundo en Europa, detrás de Italia. Un mes después, son más de 170.000 casos y 17.000 muertos los que se contabilizan en España, el país con más afectados por habitante, el segundo país en todo el mundo en número de casos, solo superado por un Estados Unidos con siete veces más población.

El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, apenas tres meses a los mandos del país, se ha tenido que enfrentar a una crisis sin precedentes, al igual que una ciudadanía que se ha ido acostumbrando a unas exigencias extraordinarias que han sacudido la vida cotidiana en todos los órdenes y que lo que pretenden es "ganar tiempo" para que no colapse el sistema sanitario y para que se avance en el desarrollo de medicamentos o vacunas, los únicos instrumentos definitivos para proteger a la población de este nuevo virus.

Desde entonces, los españoles solo podemos salir de casa para compras de primera necesidad, en supermercados, farmacias, gasolineras, estancos (se incluyeron las peluquerías, pero después se retiraron), ópticas, ortopedias, tiendas de telecomunicaciones, comercio por internet, prensa, tintorerías y lavanderías, veterinarios y tiendas de comida para animales...; para ir a trabajar en actividades declaradas esenciales; para el cuidado de mayores dependientes y menores o para el paseo de mascotas -no en el caso de los niños, que ya no iban al colegio en todo el país desde el 12 de marzo-; y, por supuesto, para ir a centros de salud y hospitales.

Toda la Sanidad, descentralizada en las comunidades autónomas, quedó bajo las órdenes directas del ministro del ramo, Salvador Illa, y el Ejecutivo central asumía también el control de las carreteras para asegurar que se cumplían las restricciones a la movilidad. El transporte público urbano e interurbano redujo drásticamente su volumen -el tráfico y la contaminación atmosférica han descendido a niveles casi desconocidos- y todos los cuerpos y fuerzas de seguridad quedaban a las órdenes del ministro del Interior.

También el Ejército y la Unidad Militar de Emergencias se han movilizado por todo el país, sobre todo en relación con la desinfección de residencias de ancianos y para levantar hospitales de campaña con los que apoyar a unos servicios sanitarios desbordados.

Se abrió un escenario inédito que generaba inmediatas preguntas para las que no había una respuesta definitiva, y cuyas modificaciones, ampliaciones y reducciones sobre la marcha desde entonces han ido generando sucesivas dudas y discusión en el ámbito político, económico, social, sanitario...

Sucesivas prórrogas y revisiones hasta un final sin fecha

Esa es la constante desde entonces en una situación que ha experimentado revisiones y ampliaciones. El 25 de marzo, el Congreso votó la prórroga del Estado de alarma por 15 días más, hasta el 12 de abril a las 00:00 horas, y lo avaló entre duras críticas a la gestión de Pedro Sánchez y su gobierno de coalición, por "llegar tarde" a la crisis y por no haber tomado medidas más drásticas.

Y después se ha añadido una modificación para endurecer el confinamiento y cerrar toda actividad económica no esencial, aplicada desde el 31 de marzo hasta el 9 de abril, las jornadas laborales previas a la Semana Santa, mediante la introducción de un "permiso retribuido recuperable", que llevó al cierre de actividades industriales y de la construcción, y que esta semana se ha eliminado hasta volver a la situación de la casilla de salida, la del 15 de marzo.

En medio, empezado ya abril, el Gobierno anunció que pediría al congreso una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, en la que estamos ahora, y que el Congreso aprobó el Jueves Santo en un pleno bronco con duras críticas de PP y Vox, que le costó el voto el contra del partido de extrema derecha y de los antisistema de la CUP, frente al repaldo casi total de la primera prórroga.

El Congreso aprueba una segunda prórrroga del estado de alarma, hasta el 26 de abril

Ello a sabiendas de que hará falta al menos otra ampliación de 15 días del estado de alarma, con independencia de que la situación mejore, como ha anticipado Sánchez. Como en Italia, que pese a la evolución favorable de la última semana, no concibe levantar el confinamiento hasta entrado mayo. Como Francia, que lo prolongará hasta el 11 de mayo y a partir de esa fecha comenzará la desescalada.

Desescalada. Fase 2. Esas son las palabras que esperan los ciudadanos para sentir que la vida vuelve a su cauce y que la pandemia está todo lo controlada que puede estar dentro de nuestras fronteras. Tiene muchos adjetivos: "progresiva", "muy dura", "muy cautelosa", pero no tiene fecha, plazo ni método. Sí se sabe que para llegar a ella hace falta la detección -y podría ser que también el rastreo- de contagios asintomáticos y leves, fuera del radar actual de las pruebas diagnósticas, y que en ese período de vuelta a la vida ordinaria no abandonaremos las mascarillas ni buena parte de los hábitos incorporados en este tiempo para trabajar, desplazarse o relacionarse.

El confinamiento de personas con coronavirus puede ser obligatorio buscando "la restricción mínima", según expertos

Unidad en la calle, discusión entre los partidos

Día a día, apoyado en una retórica épica y bélica, con menciones frecuentes a una "guerra" contra un virus ante el que no se puede "deponer las armas", Pedro Sánchez ha tratado de arengar y cerrar filas en la ciudadanía llamando a un patriotismo cívico en el "frente" contra la pandemia a la vez que ha pedido la colaboración de los demás políticos para colaborar en la "posguerra" posterior.

En el caso de los ciudadanos de a pie, enfrentados a un desafío vital extraordinario, casi ha bastado recordarles tres sencillas reglas: distancia social (mantener al menos un metro de separación con otras personas, mejor si son dos), lavarse las manos con agua y jabón o hidrogel desinfectante y la llamada higiene respiratoria (toser o estornudar en el codo, no tapándose con la mano). Se les agradece su paciencia y se les pide -se nos pide- responsabilidad y solidaridad que, salvo excepciones, se están demostrando con creces para lograr el objetivo común.

A los partidos políticos se les ha lanzado un llamamiento a la unidad y una oferta aún indefinida de reeditar unos nuevos Pactos de la Moncloa, un guante que sus destinatarios no se han mostrado dispuestos a recoger.

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Así sonaron los Pactos de la Moncloa de 1977 - Escuchar ahora

Bajo ese nombre que apela a uno de los iconos de la Transición, o el más genérico de Pacto de Reconstrucción, Sánchez quiere involucrar a todos los partidos, Ejecutivos autonómicos, ayuntamientos, patronal y sindicatos en un intento de socializar la gestión de la Covid-19. Sin embargo, tanto la oposición y líderes del PP en los gobiernos regionales como los presidentes autonómicos nacionalistas lanzan reproches al Gobierno, al que critican de "desinformación" y de pedir su apoyo a decisiones previamente tomadas y no consensuadas, mientras también hay quien plantea, como Canarias, una salida al confinamiento a distintas velocidades, fuera del patrón común dictado hasta ahora, a lo que el ministro de Sanidad se niega.

Tampoco ha gustado a los partidos de la oposición que, amparado en lo excepcional de la situación, el Ejecutivo no se haya sometido al preceptivo control parlamentario desde el 26 de febrero hasta la sesión que celebrará el miércoles un Congreso semivacío, ni a los medios de comunicación que, en aras de la distancia social y la prevención, las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa diarias fueran previamente filtradas por el secretario de Estado de Comunicación.

Y la sucesión de medidas de protección económica y social con la que se han querido apuntalar las restricciones derivadas del estado alarma también han seguido un itinerario político complicado, con mención especial a la renta mínima vital para proteger a las personas más vulnerables durante esta pandemia, y a las características de la ayuda de la Unión Europea, que desechó los llamados "coronabornos" y aprobó movilizar finalmente medio billón de euros en ayudas inmediatas, entre una línea de crédito para ofrecer liquidez a los Estados, inversiones, préstamos a pymes y un fondo para costear los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

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Problemas de coordinación

Mantener la coordinación asumida por el Gobierno desde un Ministerio de Sanidad vacío de las competencias necesarias para un mando único ha traído una serie de problemas en el mantenimiento de las acciones durante el estado de alarma.

Desde el primer día, al no contar con una medición única e inequívoca de los casos de contagio, del número de personas en cuidados intensivos, y ni siquiera del balance de fallecidos, al dejar fuera a los fallecidos en residencias de ancianos que presentan síntomas propios de la enfermedad u otros casos que no habían sido diagnosticados como de COVID-19.

En 30 días de confinamiento, el Gobierno ha emitido tres órdenes en el Boletín Oficial del Estado para pedir datos a las comunidades autónomas sobre la situación en las residencias de mayores. Aún no se han recogido todos y, por lo tanto, no se ha podido analizar la situación.

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Los problemas con la adquisición de los test rápidos han impedido aumentar el seguimiento homogéneo de la enfermedad en España, pese a que el Gobierno presume de su capacidad para realizar 20.000 pruebas PCR al día. Sobre todo, impiden desvelar la incógnita fundamental de cuántas personas hay sin síntomas o con síntomas leves, para conocer la propagación real de la enfermedad. El Gobierno pretende realizar una encuesta epidemiológica con más de 60.000 personas en las próximas semanas para determinar cuántas han contraído la enfermedad y han desarrollado inmunidad al coronavirus.

Al mismo tiempo, los obstáculos para la importación y llegada de equipos de protección para el personal sanitario, con mercados internacionales colapsados, precios inflados, mercados piratas y un laberinto de comisionistas e intermediarios ponen nuevas trabas que dejan en evidencia la capacidad de la administración pública para actuar con coordinación y eficacia.

En definitiva, al no conocer los números reales, los cálculos y actuaciones del Ejecutivo no tienen más que una base apenas aproximada, y de ahí la polémica ante el posible riesgo de que el retorno a las actividades económicas no esenciales traiga consigo un repunte del coronavirus.

Sea como sea, será la combinación del criterio político discrecional del Gobierno y la evolución de los datos sanitarios a su disposición la que marque hasta cuándo España mantendrá el estado de alarma y el grado de apertura de las actuales medidas de aislamiento y restricción de la movilidad y la actividad económica.

En Wuhan (China), donde empezó la pandemia en el mes de diciembre, el confinamiento duró más de dos meses. Al cumplirse un mes del suyo, España podría no haber alcanzado el ecuador en esa travesía.