Amnistía Internacional denuncia una "erosión" de los derechos humanos en Europa durante 2019

• En su informe anual también alerta de que en España se dieron "restricciones desproporcionadas" de la libertad de expresión
• Menciona a los condenados por el 'procés' y critica la "interpretación excesivamente amplia y peligrosa" del delito de sedición

Disturbios entre grupos de manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas por el Día del Trabajo en París, en mayo de 2019.

Amnistía Internacional (AI) ha alertado de que en 2019 se produjo una "erosión" de los derechos humanos y de la independencia del poder judicial en Europa y denuncia que en España se dieron "restricciones desproporcionadas" de la libertad de expresión.

Así lo ha afirmado la organización en el informe anual que ha hecho público este jueves, en el que sostiene que varios Gobiernos de Europa y también de Asia central "están violando los derechos humanos al reprimir manifestaciones y tratar de debilitar la independencia del poder judicial para evitar rendir cuentas".

Amnistía Internacional, que también ha emitido este jueves un comunicado centrado en la crisis del coronavirus en España, elogia en su retrospectiva anual "a las personas valientes que salieron a la calle para defender sus derechos y los de los demás" el año pasado, pese a la amenaza de represión de las fuerzas de seguridad.

La independencia del poder judicial, amenazada en Europa

“En 2019, hubo personas discriminadas, amenazadas, intimidadas, sometidas a un uso excesivo de la fuerza por la Policía y procesadas en toda la región de Europa y Asia Central", ha afirmado en un comunicado adjunto la directora de AI para Europa, Marie Struthers, quien añade que "la movilización de grupos de base" que se alzaron ante los Estados "hace surgir un rayo de esperanza en el futuro”.

En Polonia, lamentan desde la organización, "peligró la independencia del poder judicial", debido a que el partido gobernante actuó para controlar la judicatura y los tribunales y sus miembros "se vieron expuestos a sufrir acciones disciplinarias por pronunciarse en defensa del poder judicial".

Preocupa también la situación en Hungría, Rumanía y Turquía, donde el poder judicial ha tenido igualmente injerencia del Gobierno, según apunta Amnistía, que denuncia además "restricciones de las protestas" en Francia, Polonia y Turquía.

Se reprimieron protestas en Francia, Austria y España

AI constata que hubo manifestaciones multitudinarias en lugares como Francia, Austria, Polonia, Rumanía, República Checa y Hungría contra las medidas de austeridad y la corrupción y en defensa de la justicia social y la independencia judicial, así como en contra de la crisis climática.

Muchos Estados las reprimieron "con medidas que violaban los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica", entre ellos Francia, Austria y España, precisa.

En Moscú y otras ciudades de Rusia numerosas personas protestaron por la negativa de las autoridades a permitir candidaturas de la oposición en las elecciones municipales, lo que resultó en medidas represivas como sentencias condenatorias contra una veintena de personas "solo por ejercer su derecho de protesta".

Violaciones de derechos humanos a causa de las políticas migratorias

Por otra parte, los Estados europeos siguen eludiendo rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos que resultan de sus políticas migratorias, con las que “externalizan” el control de las fronteras en países "con un dudoso historial de derechos humanos", como Libia y Turquía, lamenta AI.

"En 2019, las políticas migratorias seguían anteponiendo la protección de las fronteras a la protección de vidas humanas", subraya el informe.

Los periodistas, activistas o miembros de ONGs que cuestionaron a los Gobiernos en Europa y Asia Central sufrieron presiones en muchos casos, declara Struthers, que añade que su labor "será todavía más importante durante la crisis de la COVID-19 y después de ella".

España: "restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión"

En el apartado dedicado a España, AI denuncia "restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y reunión pacífica, uso excesivo de la fuerza, abusos contra personas inmigrantes y refugiadas y violaciones al derecho de acceso a vivienda".

La organización también critica la "interpretación excesivamente amplia y peligrosa" de la "vaga" definición del delito de sedición del Código Penal de España que ha hecho el Tribunal Supremo para condenar a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y a otros siete altos cargos catalanes en noviembre de 2019 en relación al referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

Después de recordar su petición de liberación de 'los Jordis', AI también menciona los incidentes violentos ocurridos en las manifestaciones en general pacíficas organizadas en Cataluña contra esas sentencias, en las que resultaron heridos 318 agentes de policía, y apunta que "en varios casos, la Policía empleó fuerza excesiva contra manifestantes".

Acumulación de solicitudes de asilo en España

Al menos 367 personas necesitaron atención médica y, según informes, cuatro de ellas perdieron la vista de un ojo, tras haber sido alcanzadas por balas de 'foam' y pelotas de goma disparados por la policía, dice la organización.

Amnistía Internacional también incluye en el informe la polémica por las sentencias condenatorias dictadas contra ocho personas por su participación en una agresión en 2016 contra dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en Alsasua (Navarra).

En otro apartado, la organización muestra su preocupación por la acumulación de las solicitudes de asilo en España, que repercute negativamente en el derecho de las personas solicitantes de asilo, y dice que cientos de personas han sido forzadas a volver a Marruecos con procedimientos acelerados que, en algunos casos, "podrían no haber garantizado el acceso al asilo".

También han continuado en España los desalojos tanto por impago de hipotecas como de alquileres y otros motivos, algo que ha afectado a más de 54.006 personas, señala AI, que añade que las autoridades han seguido recurriendo a la Ley de Seguridad Ciudadana para imponer sanciones a manifestantes, defensores de los derechos humanos y periodistas.