El Gobierno recurrirá al TC el decreto andaluz que cambia una veintena de normas por invasión de competencias

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El Consejo de Ministros antenpondrá un recurso de anticonstitucionalidad ante el decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía

El Gobierno ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley que aprobó la Junta de Andalucía el pasado 2 de abril y que modifica una veintena de normas en pleno estado de alarma con el fin de simplificar procedimientos burocráticos y con medidas económicas.

Lo ha hecho tras recibir el informe favorable del Consejo de Estado, que considera que el decreto invade las competencias del Gobierno en materia audiovisual y de patrimonio.

"El Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley de la Junta de Andalucía para la mejora y simplificación de la realidad productiva que incluye modificaciones que regulan un conjunto amplio de materias", ha confirmado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Sin embargo, el Ejecutivo se abre a negociar con la Junta "para resolver esta controversia" y que "se adecúe el decreto ley al ámbito competencial previsto en la Constitución".

Invasión en las materia de Patrimonio y telecomunicaciones

Según el Ejecutivo, el decreto de la Junta invade competencias estatales en materias relativas a la protección del patrimonio cultural en su artículo 13 y al ámbito de las telecomunicaciones en los apartados 4 y 6 del artículo 28. Además, considera que las disposiciones recurridas no se justifican en la "extraordinaria y urgente necesidad" y porque "porque los prejuicios que pueden producirse pueden ser de imposible reparacion".

Así, Montero ha defendido que, respecto a la Ley del Patrimonio Histórico, el decreto "exime autorización previa y comunicación a la Consejería correspondiente de obras sobre bienes de interés cultural y su entorno" y "vulnera la competencia estatal en la defensa de bienes culturales y contra la expoliación".

Por otro lado, considera también que invade las competencias del Gobierno en materia de telecomunicaciones y medios de comunicación social en los apartados que "derogan la prohibición" de la "comunicación comercial o audiovisual".