Isa Serra, condenada a 19 meses de prisión por un delito de atentado durante la protesta contra un desahucio
- El TSJM argumenta que insultó, empujó y arrojó objetos contra miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
- La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid ha sido absuelta del delito de desórdenes públicos que pedía la Fiscalía
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la portavoz de Unidas Podemos (UP) en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión por un delito de atentado, tras considerarla responsable de "haber proferido insultos, dado empujones y arrojado objetos" contra miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante la protesta contra un desahucio, el 31 de enero de 2014, en el madrileño barrio de Lavapiés.
En el fallo, al que ha tenido acceso RTVE, la Sala le imponen 19 meses de inhabilitación para "el derecho al sufragio pasivo" al margen de la condena de prisión, que en principio no implicaría el ingreso en la cárcel.
Tras conocer la sentencia, Serra ha asegurado en su cuenta de Twitter que se trata de una sentencia "desproporcionada e injusta que me condena porque dan un plus de credibilidad a la palabra de tres agentes que dicen que les insulté y les agredí, a pesar de que todas las pruebas contradigan eso".
Para la portavoz de UP "hay intereses políticos" por parte de los jueces y ha indicado que recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo.
Culpable de un delito leve de lesiones y de un delito de daños
Los jueces consideran también a la acusada culpable de un delito leve de lesiones, por el que le imponen una pena de multa de cuatro meses, a razón de una cuota diaria de diez euros, y de un delito de daños, por el que la sancionan igualmente a pena de cuatro meses, con la misma cuota diaria.
En relación a la responsabilidad civil, Isabel Serra deberá indemnizar a dos policías por las lesiones causadas: a una agente deberá abonarle la cantidad de 4.850 euros y a otro cuatrocientos euros.
La Sala absuelve a Serra del delito de desórdenes públicos que le solicitaba el Ministerio Fiscal, al considerar que no quedó acreditado durante el juicio, pese a la violencia desarrollada y los lesivos resultados provocados, que la intención de los autores de estos actos fuera la de atentar contra la paz pública, presupuesto básico para aplicar esta figura delictiva.
“La acusada -señala la sentencia-, integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal, diciéndole: ‘Eres cocainómana’, ‘mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros’".
En la sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, los jueces aclaran que el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de reunión pacífica, “son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y sirven como vehículos para canalizar protestas, en principio legítimas, como el caso presente de solidarizarse con una persona desahuciada de la vivienda que ocupa". Pero añade que "su ejercicio tiene límites" y no puede amparar "comportamientos ilegales o castigados por el Código Penal”.
Serra negó las acusaciones
La Fiscalía pedía para la diputada de Podemos, que siempre defendió su inocencia, una pena de 23 meses de prisión y 5.200 euros de indemnización para dos agentes de Policía Municipal que resultaron heridos durante los incidentes que se produjeron el 31 de enero de 2014.
En el juicio, que se celebró los pasados 12 y 13 de febrero, la diputada regional afirmó que solo podía entender las acusaciones "en el sentido político" al estar en contra de los duros insultos que la Policía le atribuye.
En la vista oral, la fiscal María de la O Silva mantuvo su solicitud de 23 meses de prisión al considerar acreditado que participó en los altercados. "Fue cruel con la Policía", aseveró entonces la representante del Ministerio Fiscal.
Para sustentar su acusación, se basó en el testimonio de los agentes de la Policía Municipal de Madrid que situaron a la diputada regional como una "de las cabecillas" de los disturbios. En cambio, la defensa cuestionó el valor de los reconocimientos fotográficos de los agentes.