Sánchez propone la cogobernanza con las comunidades y varios presidentes exigen el fin del estado de alarma

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Críticas entre los presidentes autonómicos a la prórroga del estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo la puesta en marcha de un procedimiento de "cogobernanza" con las comunidades autónomas durante la desescalada, con el objetivo de "reforzar el consenso y la coordinación", según ha confirmado la Secretaría de Estado de Comunicación.

Así lo ha manifestado Sánchez durante la conferencia telemática con los presidentes autonómicos, la octava que mantiene desde el inicio de la crisis del coronavirus, en la que algunos de los líderes regionales, como Quim Torra, Iñigo Urkullu o Alberto Núñez Feijóo, le han exigido el fin del estado de alarma, pese a la intención del jefe del Ejecutivo de pedir una nueva prórroga -la tercera- el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados.

Las condiciones de esta cogobernanza aparecen recogidas en una orden ministerial que se ha publicado este domingo en el BOE y que establece unos indicadores que sirvan de referencia para constatar que un territorio cumple una serie de cincunstancias epidemiológicas para que pueda avanzar de fase dentro del plan de desescalada o tenga que hacerlo de forma más lenta.

En concreto, y según ha avanzado en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, las comunidades autónomas deberán garantizar en un plazo máximo de cinco días que disponen de entre 1,5 y 2 camas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 100.000 habitantes por si hubiera un rebrote, como condición de "obligado cumplimiento" para pasar de fase.

La intención del Ejecutivo es que, aunque sea el Ministerio de Sanidad quien pilote la evaluación de las distintas fases, esta se produzca en base a un "diálogo bilateral" con las comunidades autónomas para que estas decidan primero "la unidad de actuación terrotorial que consideren más conveniente", aunque el Gobierno ya ha mostrado sus preferencias porque los cambios de fase se realicen en base a las unidades provinciales.

Dsicrepancias sobre el estado de alarma

Pero las mayores discrepancias en este encuentro telemático se han producido en lo referente a la prórroga del estado de alarma, al que algunos de los líderes regionales quieren poner fin mientras que el Gobierno considera que es un instrumento indispensable en la desescalada.

Así, el presidente catalán, Quim Torra, ha pedido durante su intervención "excluir a Cataluña del estado de alarma" y que sea la Generalitar "la autoridad competente" durante la desescalada.

Más moderado, aunque en una línea similar, se ha mostrado el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido que se vuelva a la legalidad ordinaria "para garantizar la salud pública" y se devuelvan las competencias a las comunidades autónomas.

Urkullu ha reiterado sus críticas al Ejecutivo pero también su disposición "plena" a la colaboración y ha planteado un "gobernanza compartida, colaborativa, basada el decisión".

En esa misma línea, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el "uso desproporcionado" del estado de alarma para efectuar el desconfinamiento y considera que "hay legislación ordinaria" para realizar la desescalada.

Su compañero del Partido Popular, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno, ha secundado esta postura y ha señalado que lo "razonable" sería, si la cifra de contagios sigue cayendo, que el estado de alarma no siguiera vigente a finales de mayo y que el Gobierno fueran pensando en garantizar la lucha contra con el COVID-19 sin recurrir a esta fórmula.

El presidente murciano, Fernando López Miras, ha advertido a Sánchez que no cuenten con ellos si pide prorrogar el estado de alarma para una hoja de ruta ideológica y posicionamiento político.

Mientras, el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que la nueva prórroga exige un consenso político con los partidos de la oposición y con las comunidades autónomas, alque, ha dicho, no ocurre ahora mismo y ha señalado que "el mundo rural no debe permanecer confinado".

Y aunque la presidenta de la comunidad de Madrid,  Isabel Díaz Ayuso, tampoco se ha mostrado en contra de manera rotunda a prorrogar el estado de alarma, sí ha reclamado que la estrategia sea más clara por parte del Gobierno.

Varios presidentes autonómicos piden el fin del estado de alarma

El Gobierno necesita del apoyo parlamentario para sacar adelante la prórroga y el Partido Popular no ha dejado claro si votará a favor. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha manifestado en una entrevista en Cope que su partido mantiene todas opciones abiertas de cara a la votación.

El presidente Pedro Sánchez señaló en su intervención del sábado que "no hay plan B" a esta prórroga y este domingo ha pedido a los líderes autonómicos que le apoyen en esta cuestión para poder plantear las restricciones de movilidad y confinamiento" que van a ser necesarias en las próximas semanas para poder pasar de una fase a otra.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha calificado de "imprescindible" este instrumento para la fase de desescalada y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido de que, si decae el estado de alarma, también lo harán algunas medidas económicas adoptadas al amparo de la misma, "como el pago de tributos".

El fondo de 16.000 millones, en transferencias directas y no reembolsable

El jefe del Ejecutivo también ha ampliado los los detalles acerca del fondo de reconstrucción de 16.000 millones para el conjunto de las comunidades, que ya anunció en su comparecencia del sábado, en la que avanzó su intención de pedir una nueva prórroga del estado de alarma.

Sobre este fondo, el presidente del Gobierno ha especificado que es "no reembolsable" y que estará constituido en tres tramos: el primero de 6.000 millones de euros, a corto plazo, y otros dos más de 5.000 millones cada uno en la segunda mitad del año.

La previsión es que el grueso del fondo, unos 10.000 millones, se destine a gasto sanitario, otros mil a gasto social y el resto, unos 5.000 millones, para paliar la disminución de ingresos de las comunidades autónomas a causa del frenazo a la actividad económica.

Segín ha declarado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la videoconferencia con los presidentes autonómicos, este fondo "no es un préstamo, son transferencias directas que recibirán las comunidades autónomas y que no tendrán que devolver" y ha dejado claro qu ese fondo es "adicional" a la financiación autonómica y a los mecanismos de liquidez extraordinaria, que siguen "plenamente vigentes".

La parte destinada al gasto sanitario "se va a distribuir en función de los indicadores que reflejan el impacto de la pandemia". La parte social se repartirá por "criterios poblacionales" mientras que los recursos derivados del recorte de los ingresos se asignarán en función de los datos de la caída de la recaudación, ha señalado Montero.

Fuentes de la reunión han señalado que algunos de los presidentes autonómicos han respondido a Sánchez que consideran "insuficiente" esa cifra de 16.000 millones.

Vídeo: El Gobierno anuncia que el fondo de 16.000 millones para las CC.AA. constará de tres tramos

24.500 millones en créditos para empresas y autónomos

Además, Sánchez ha informado a sus homólogos autonómicos de la movilización el próximo martes del tercer tramo de la línea ICO, con un total de 24.500 millones de euros, destinados a créditos para empresas al 50/50.

Unos 10.000 millones se destinarán a pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos; otros 10.000 irán para grandes empresas y 4.000 millones para el mercado alternativo de renta fija. Los 500 millones restantes se dedicarán a la Compañía Española de Refinanciamiento.

El jefe del Ejecutivo, que ha avanzado en la videoconferencia las últimas cifras de la pandemia, con 164 fallecimientos y 838 nuevos contagios en las últimas 24 horas, ha destacado los datos "esperanzadores, aunque duros", que suponen "una bajada importante respecto a días anteriores" y una muestra de la evolución de la enfermedad.

Discrepancias sobre el reparto

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado que el reparto del fondo autonómico vaya "en proporción al impacto" que la pandemia ha tenido en cada comunidad "para compensar a los que han tenido más problemas", a la vez que ha sugerido establecer un criterio de armonización fiscal entre los territorios, aspecto en el que coincide con la presidenta de La Rioja, Concha Andreu.

En esta cuestión ha discrepado el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que ha defendido que los criterios sean en función de la población porque -ha dicho- "los enfermos son enfermos, con independencia de la comunidad en la que viven".

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha pedido que no se distribuyan ni por criterios poblacionales ni de incidencia de la enfermedad ya que la comunidad que preside ha invertido muchos recursos "en prevenir antes que en lamentar".

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido al Gobierno central que tenga más en cuenta a las comunidades autónomas para la toma de decisiones.

Desescalada más rápida por territorios

Algunos presidentes autonómicos han pedido que en sus territorios se acelere la desescalada. Es el caso del aragonés Javier Lambán, quien ha propuesto que algunas zonas de Aragón entren directamente en la Fase 2, saltándose la primera, debido a que la incidencia de la pandemia en algunos municipios han sido "ínfima", lo que permitiría una reanudación "inmediata" de la actividad económica.

Y el extremeño Guillermo Fernández Vara ha propuesto la posibilidad de que los pueblos sin casos positivos de COVID-19 puedan avanzar a una velocidad "más rápida" en esta nueva etapa.

También la presidenta balear, Francina Armengol, ha puesto de manifiesto que el Gobierno central no ha respondido su propuesta de que Ibiza y Menorca adelante a este lunes el inicio de la Fase de la desescalada, como harán otras islas como Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa.