El juez propone juzgar por primera vez a Villarejo por espionaje

• Propone juzgar a un total de 14 personas, entre ellas la mujer de Villarejo y varios expolicías
• Villarejo ingresó en prisión preventiva en 2017 por presunto espionaje a través de su empresa Cenyt

Imagen de archivo del excomisario José Manuel Villarejo.

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, el comisario Enrique García Castaño y a otras 12 personas por la pieza número 2 del 'caso Tándem', denominada 'Iron', por el presunto encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.

Así, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha iniciado los trámites que llevarán al excomisario a ser juzgado por primera vez desde que en noviembre de 2017 ingresara en prisión preventiva por sus presuntas labores de espionaje a través de su empresa, Cenyt.

En el auto, al que ha tenido acceso RTVE.es, el juez propone juzgar a un total de 14 personas por cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, entre ellos Villarejo, su esposa, su socio Rafael Redondo, el exjefe de la UCAO, el comisario Enrique García Castaño yel inspector Antonio bonilla. También a los socios mayoritarios del despacho Herrero y Asociados: Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez, y a María Ángeles Moreno, directora del departamento de marcas externas del bufete, al que también procesa el magistrado como persona jurídica, además de al propio bufete como persona jurídica.

El proyecto 'Iron' reveló un 'modus operandi' en la actividad profesional del comisario y que se ha ido repitiendo en la mayoría de las más de 20 piezas en las que está dividido el 'caso Tándem', y es que Villarejo constituyó un entramado societario en el que, entre otras cosas, se prestaba servicio de detectives, valiéndose para ello de su privilegiada posición en la Policía Nacional y recurriendo a otros funcionarios policiales para obtener datos de forma ilícita, en ocasiones a cambio de dádivas.

Prestó servicios "más allá" de los de un detective privado

En su auto, el juez argumenta que los hechos que han sustentado esta pieza parten de la "situación de crisis" del despacho Herreros y Abogados, que "mantenían la convicción de que la empresa rival -Balder IP Law- se estaba sirviendo de antiguos empleados" del despacho para "filtrar información".

Así, cuatro de sus responsables se pusieron en contacto con Villarejo y Redondo para "descubrir mediante los servicios de detectives privados elementos de una posible competencia desleal y de potenciales ataques en seguridad informática".

La investigación, añade el magistrado, permite acreditar que los servicios fueron" mucho más allá" de servicios de detectives privados ya que se contrató a José Manuel Villarejo "a sabiendas de su condición de comisario en activo" del Cuerpo Nacional de Policía, para que a través de su entramado grupo Cenyt y prevaliéndose de dicha condición policial, resolviera la situación de crisis empresarial suscitada".

El trabajo prestado por Villarejo habría incluido acceso ilícito a datos reservados de carácter administrativo y tributario de Balder IP Law, así como a datos de carácter personal y patrimonial de sus fundadores y varios trabajadores así como de un socio de Herrero y Asociados y su esposa. No consta que accediera a sus tráficos de llamadas ni a su servidor informático, "como también habrían pretendido".

Según el auto, la información obtenida sería utilizada "para presentar una denuncia por presunta sustracción de datos informáticos en nombre de Herrero y Asociados" contra los socios de Balder IP Law ante la Brigada de Seguridad Informática de la Unidad Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial".

El grupo de Villarejo habría abonado dádivas a funcionarios públicos

Para obtener toda esta información, el grupo de Villarejo habría abonado dádivas a funcionarios públicos que "ya vendrían repercutidas en el precio del servicio pactado" con el despacho de abogados "dado su eminente carácter ilícito".

El juez detalla que el precio del encargo se fijó en 325.000 euros, más otros 300.000 en concepto de prima de éxito. De esa cantidad fijada, Herrero y Asociados habría abonado 302.500 euros de forma opaca, a través de facturas creadas "ex profeso" para simular legalidad de dichos pagos. Todo para conseguir la información ilícita se pagaron dádivas a funcionarios públicos.

Ahora el juez da un plazo de 10 días para que las acusaciónes presenten su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Responde con este auto a la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado martes le pidió que acordara la conclusión de la investigación de dos piezas de 'Tándem' -la 2 y la 3 ('Iron' y 'Land')-, que serían las primeras por las que sería juzgado el excomisario.

El juez archiva la causa para cinco personas

Por contra, el magistrado archiva la causa para otras 5 personas, entre ellos tres policías -Manuel Novoa, José María Serrano y Juan José Díez Álvarez- porque, aunque consta que entregaron datos reservados de algunos de los perjudicados a sus superiores jerárquicos en la UCAO después de que éstos se lo ordenaran, "no consta suficientemente justificado que recibieran dádivas por ello o que conocieran la finalidad ilícita pretendida con dicho acceso".

Se pronuncia en los mismos términos para César Bilbao, empleado de BBVA del que consta también acreditado que "habría facilitado datos bancarios de carácter reservado" tras una solicitud cursada oficialmente desde la Comisaría General de Información.

Y sobre el informático Antonio Serrano, que según el plan del comisario jubilado "debía perpetrar un ataque informático" sobre Balder IP Law, el instructor reconoce que "formaba parte del proyecto y del precio pactado", si bien "no consta que se llegase a acometer" el trabajo.