Presentan una querella contra el Gobierno ante el Supremo en nombre de más de 3.000 familiares de fallecidos

• La querella atribuye a todos los miembros del Gobierno un posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia
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Dos profesionales sanitarios atienden a una persona enferma de coronavirus en el Hospital Infanta Sofía de Madrid.

Un grupo de abogados de toda España han presentado este lunes una querella ante el Tribunal Supremo en representación de más de 3.000 familiares de fallecidos con el nuevo coronavirus, en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 22 vicepresidentes y ministros del Ejecutivo por un posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.

La querella ha sido presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra todos los miembros del Consejo de Ministros por "un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave" al haber permitido por acción o por omisión la extensión de la pandemia y la muerte de estas personas con el virus Sars-Cov-2.

Los firmantes de esta querella, que representan a 3.268 personas, han advertido que se podría ampliar para incluir los delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro, entre otros, así como incluir al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.

Denuncian "inacción y actuación tardía y nefasta"

En concreto, la querella representa a 3.268 las personas, cuyas familias han perdido a 3.274 familiares como consecuencia de la epidemia del Sars-Cov-2, aunque hasta el momento únicamente se han personado 116 familias "dado que las restantes no han podido obtener" el Certificado Médico de Defunción necesario para poder acreditar la muerte de los familiares, y las causas del óbito.

Entre otras cuestiones, en el texto de la misma se denuncia "la irresponsable y negligente inacción y actuación tardía y nefasta" por parte de los 23 miembros del Gobierno en la gestión y evolución de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Además, la querella recoge en el apartado tres de los hechos por los que se presenta, que el Gobierno "decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas", porque "a finales de febrero y primera semana de marzo se celebraron "multitud de concentraciones y manifestaciones" y señala en concreto que la vicepresidenta primera del Ejecutivo Carmen Calvo animó en unas declaraciones "a acudir a las manifestaciones feministas" del 8 de marzo.

"Un escenario perfecto para la propagación del virus"

"Una crisis sanitaria", dice el texto, "que, amén de tardía, ha estado continuamente trufada de decisiones y ordenes verbales, contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido de manera poderosa al desproporcionado incremento del número de víctimas que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus".

"Lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID-19 es muy grave", según ha señalado a través de un comunicado en su página web la Fundación Zaballos que preside Emilia Zaballos y que se ha unido a la iniciativa promovida e iniciada por la plataforma El Día Después.

"No hemos dudado, desde el minuto uno, en dar apoyo legal a los afectados. Consideramos que es de justicia. Las responsabilidades, desde nuestro punto de vista, están muy claras. Ahora le toca decidir a la justicia", ha señalado Zaballos, en nombre de la fundación que ha impulsado la querella, en la que se han unido once abogados de toda España.