El Defensor del Pueblo urge a crear servicios de inspección en las residencias ante las carencias destapadas por la Covid-19

• Destaca en su informe el impacto "positivo" de la inmigración en la economía
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En la imagen, una trabajadora de una residencia de mayores sujeta la mano de una residente.

El Defensor del Pueblo ha alertado en su informe anual de 2019 de que las carencias del pasado en la gestión de las residencias de ancianos "se están dejando ver con una mayor intensidad" en la crisis del coronavirus, y por ello, urge a las comunidades autónomas pongan en marcha servicios de inspección "suficientemente dotados" para vigilar una atención de calidad en estos centros, que estén integrados por personal "correctamente" formado.

Es una de las conclusiones que incluye el informe anual de 2019 del Defensor del Pueblo entregado en el Congreso este miércoles, en un apartado sobre la atención a las personas mayores en centros residenciales, en la que destaca que la institución lleva tiempo alertando de las "carencias de medios y personal".

El Defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, considera necesarias reformas normativas "de calado" que garanticen "mejor" una serie de derechos a los mayores en las residencias e insta a prestar "mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora" en este ámbito.

De esta forma, señala que las autonomías deben crear o incrementar los servicios de inspección. El objetivo, explica, es vigilar de forma "eficaz" que los centros residenciales mantienen los requisitos normativos exigidos para su correcto funcionamiento y unos niveles "adecuados" de calidad en la prestación del servicio de atención a los mayores.

Apuesta por un modelo de residencias "sociosanitario"

Apuesta, asimismo, por un modelo residencial "propiamente sociosanitario", que cuente con atención médica y de enfermería "más amplia y extensa", que en España no está regulado ni así organizado": "Sería útil estudiar su viabilidad y conveniencia", apostilla el Defensor.

Estima "esencial" mejorar los mecanismos de recopilación de datos para contar con estadísticas "fiables y actualizadas" sobre los recursos de atención residencial disponibles, tanto en el ámbito de autonomías como en el estatal.

Insiste en que España carece de un número suficiente de plazas públicas y concertadas y apuesta por un "significativo" esfuerzo presupuestario para solucionarlo, al tiempo que también considera necesario aumentar el personal y la cualificación de éste para mejorar la calidad asistencial.

Apuesta por una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que los mayores pueden tener que asumir limitaciones al ejercicio y realización de algunos de sus derechos fundamentales, con especial referencia a la atención en las residencias.

Reitera que deben minimizarse las sujeciones físicas.

Denuncia recortes en Sanidad

En el ámbito sanitario, el Defensor ha incidido en que los recortes del presupuesto en Sanidad aún no se han compensado, unos recortes que recayeron sobre todo en la reducción de gastos de personal: reducción de plantillas, paralización de contratos, contratos menos estables, reducción de salarios y peores condiciones laborales.

Como consecuencia, "han aflorado problemas serios": las listas de espera son todavía demasiado largas y las urgencias con frecuencia se encuentran saturadas, circunstancias que podrían "cronificarse" y hacer temer por un deterioro de la atención sanitaria pública. En este sentido, ha sostenido que "el refuerzo de la atención primaria es imprescindible".

La insuficiencia de recursos sanitarios en áreas rurales y la falta de cobertura de especialistas en el ámbito de la atención primaria son otros de los asuntos que resalta el informe, en el que se dice que hay que apostar decididamente por el desarrollo de la cartera sociosanitaria de prestaciones, por los cuidados de larga duración.

Asimismo, insta a la reforma legislativa para que el copago de medicamentos cambie hacia un modelo de progresividad y equidad, con exención para las personas con bajos ingresos.

Necesidad de una renta mínima

Fernández Marugán ha destacado también que la crisis del coronavirus está alterando profundamente la vida en España, si bien ha precisado que destapa "con intensidad" la necesidad de renta mínima, y solicita un amplio acuerdo parlamentario para impulsar una renta mínima de inserción social que permita garantizar una mayor suficiencia de rentas a los hogares más castigados por la crisis.

La institución también ha instado a aumentar el parque de vivienda social en alquiler y a priorizar en el acceso a colectivos en riesgo, como las familias con rentas bajas, jóvenes, víctimas de violencia machista e inmigrantes.

Respecto a la violencia de género, ha solicitado que se amplíe la protección frente a todas las formas de violencia contra la mujer, como exige el Convenio de Estambul.

Destaca el impacto "positivo" de la inmigración

El Defensor acompaña la memoria de su actividad en 2019 de un estudio monográfico sobre la contribución de la inmigración a la economía española en el que destaca el impacto "positivo" de esta, pues considera que es un "potente agente de transformación".

Con el informe, el Defensor pretende rebatir con datos objetivos los mensajes negativos sobre la inmigración, "cuando no obstinadamente xenófobos", sobre el impacto económico de la inmigración. En este sentido, asegura que "la inmigración ha sido, es -y será-, una oportunidad e incluso una necesidad desde el punto de vista económico".

El Informe Anual del Defensor del Pueblo indica que en 2019 la institución tramitó 20.616 expedientes, un 16,5% más que el año anterior, siendo la mayoría de ellos, 20.215 (un 98%), quejas frente a 135 recursos de inconstitucionalidad y 266 actuaciones de oficio. Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes fueron los que más quejas presentaron.

Además, en 2019 ha presentado dos recursos ante el Tribunal Constitucional: uno contra un apartado de la Ley Electoral que permitía a los partidos políticos recabar datos personales de los ciudadanos para hacer perfiles ideológicos y otro contra la Ley de Caza de Castilla y León.