El Gobierno saca adelante el decreto para agilizar la Justicia con la mayoría de la moción de censura

• Justicia prevé 50.000 concursos acreedores en 2021, un 619% más que en 2019
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

El Gobierno ha sacado adelante este miércoles con la mayoría que apoyó la moción de censura su decreto para agilizar la Justicia y evitar el "colapso" en el sector por el "parón" de la pandemia del coronavirus, aunque deberá ser tramitado como proyecto de ley, como ha exigido la oposición para poder incluir enmiendas.

Lo ha hecho gracias al apoyo, además de PSOE y Unidas Podemos, de ERC, el PNV y partidos minoritarios, frente a la oposición de PP, Vox, Ciudadanos, JxCat y la CUP. El Ejecutivo se ha asegurado, por otra parte, de que los cinco diputados de EH-Bildu se abstuvieran en lugar de votar en contra. En total,el Gobierno ha recibido 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones.

Significativo ha sido el voto a favor de Esquerra Republicana de Catalunya, que lleva semanas advirtiendo de que "está en juego" su apoyo al Gobierno y la continuidad de la legislatura. ERC votó 'no' a la última prórroga del estado de alarma y su líder, Oriol Junqueras, instó al PSOE a "decidir si se lanza a los brazos de Ciudadanos o si quiere mantener las mayorías de la investidura". Se refirió así al pacto entre el Gobierno y Cs, cuyo 'sí' fue clave en la última prórroga del estado de alarma, aunque el partido naranja ha votado 'no' en el decreto de Justicia.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido en el Congreso de los Diputados un decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril con medidas como la habilitación de parte del mes de agosto -del 11 al 31, algo ampliamente criticado por los sectores profesionales-, vistas telemáticas o que haya turnos de mañana y tarde para evitar aglomeraciones en las sedes. La medida también incluye la creación de unidades judiciales específicas para COVID-19.

Justicia prevé 50.000 concursos acreedores en 2021, un 619% más

En su discurso, Campo ha defendido la necesidad de agilizar los trámites ya que los juzgados han realizado sólo el 20% del trabajo que habrían abordado en circunstancias normales. Así, ha previsto que los concursos de acreedores presentados aumentarán un 246% este año y un 619% en 2021 -alcanzando los 50.000-. Además, los asuntos ingresados en la jurisdicción social aumentarán este año un 31%, llegando hasta un 140% en 2021, más de un millón de nuevos asuntos. Con esos datos, ha explicado Campo, el porcentaje de casos pendientes se situará en un 175%.

En el ámbito civil se espera un aumento de entre el 30 y el 145% este año, con lo que el incremento de los asuntos pendientes puede situarse en el 180%; mientras que en la jurisdicción contencioso administrativa se baraja un aumento de nuevos asuntos de entre el 35 y el 125%.

La Justicia, ha subrayado Campo, debe prepararse para esas cifras y para ser un "motor dinamizador" de la economía. Ante las críticas de algunos partidos, ha hecho hincapié en que las medidas han sido consensuadas con todos los consejeros autonómicos y ha pedido hacer un "ejercicio de responsabilidad colectiva" y evitar "la mirada estrecha" que presta atención a las expectativas electorales: "No nos estamos jugando votos, estamos tomando medidas destinadas a salvaguardar la vida y la salud de muchas personas".

La oposición exige garantías para la seguridad de funcionarios y usuarios

La oposición, por su parte, ha sido unánime al pedir más garantías para la seguridad de los trabajadores de la Justicia y de los usuarios.

El diputado del PP Carlos Rojas García, ha criticado que el real decreto "nace herido por falta de consenso con los operadores jurídicos" y, aunque ha admitido que "es necesaria la vuelta a la trayectoria judicial", ésta debe hacerse "con seguridad".

El diputado de Vox José María Sánchez García, ha criticado también que en el decreto "no está garantizada la protección" de los implicados y ha cargado contra la "falta de negociación" con los interesados, algo que ha calificado como "torpeza" o "actitud totalitaria" en un decreto que "roza los perfiles de inconstitucionalidad y contra los derechos fundamentales".

Desde Ciudadanos, Edmundo Bal ha defendido el voto en contra de la formación contra lo que ha calificado como un "chantaje a los funcionarios" y ha acusado al ministro de haber "enfadado a todo el mundo", citando entre otros a asociaciones de jueces, fiscales y letrados por medidas ampliamente criticadas como la habilitación de los días de agosto.

La diputada de ERC Carolina Telechea ha criticado, pese al voto a favor de su formación, la "centralización de la competencia de las comunidades autónomas" dotando al Gobierno "competencias de los tribunales superiores de Justicia". Ha defendido por tanto que el decreto es "mejorable" y la necesidad de que se tramite como proyecto de ley.

Mikel Legarda, del PNV, ha defendido -también pese al voto a favor de su partido al decreto- la necesidad de una "gran inversión pública" en "herramientas, personal formado y espacios adecuados" para poder impulsar los trámites telemáticos y hacerlo no solo de forma temporal.

JxCat ha votado en contra de un decreto que, según Jaume Alonso-Cuevillas, es un "brindis al sol" con medidas de "marketing político" y porque hacen falta más medidas de prevención. Y EH- Bildu se ha abstenido. Su portavoz, Oskar Matute, ha criticado que la habilitación de los días de agosto "choca con la opinión" de los sectores profesionales, puede ser "motivo de posposiciones y nuevos aplazamientos" y suponer un "problema de incomparecencias" de personas citadas.

Convalidado el decreto con más medidas para autónomos

En la misma sesión, el Congreso ha avalado también el Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril con un nuevo paquete de medidas económicas dirigidas a reforzar la financiación de pymes y autónomos y de ámbito fiscal con el apoyo de Ciudadanos, de ERC, JxCAT y PNV, entre otras formaciones y con la abstención del PP. Deberá ser tramitado, sin embargo, como proyecto de ley.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha pedido el apoyo unánime del Congreso a las últimas medidas económicas aprobadas por el Gobierno toda vez que los avales del Estado a través del ICO han financiado ya 318.000 operaciones y han movilizado 41.266 millones.

El decreto permite a las pymes ajustar los pagos fraccionados de sus impuestos a la situación de cierre y a los autónomos renunciar temporalmente al sistema de tributación por módulos, además de rebajas de IVA en material sanitario, Calviño ha señalado que es urgente seguir financiando al tejido productivo.

"No son medidas del Gobierno, sino financiadas por el conjunto de la sociedad...que protegen y dan soporte al tejido productivo y a los colectivos más vulnerables" ha señalado la ministra de Economía que ha dicho que "actuando unidos, con responsabilidad y transparencia conseguiremos evitar que la pandemia deje cicatrices" que serían permanentes en la economía.

El decreto ha sido apoyado por 201 votos a favor (PSOE, UP, CS, PNV, ERC, JxCAT, Más País, Compromis y PRC entre otros) ha recibido 52 votos en contra (VOX) y 96 abstenciones (PP, EH Bildu y BNG, entre otras). La mayoría de partidos políticos han incidido en que es poco ambicioso en materia de ayudas al alquiler para los autónomos, en la financiación a las empresas o en la flexibilidad de los ERTE.