Mascarillas obligatorias en lugares públicos: un debate a vueltas entre la salud y la política
- El uso de mascarillas en la población sana podría pasar de no ser aconsejado a recomendable primero y, ahora, obligatorio
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El Gobierno ha anunciado este domingo que en los próximos días regulará el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos como forma de prevención de la transmisión del coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad que provoca, la Covid-19. Dos meses después de decretarse el estado de alarma y el confinamiento, iniciada la desescalada en todo el territorio nacional, España parece decidida a tomar una medida que han adoptado algunos países de nuestro entorno pero sobre la que no hay un criterio unánime y sí varias rectificaciones en el Ejecutivo y en otros organismos.
El debate sobre las ventajas e inconvenientes del uso de las mascarillas entre personas sanas y en lugares abiertos ha sido una constante desde el inicio de la pandemia y ha reflejado diversos cambios de criterio. Aunque al principio instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) no se mostraron partidarios de su uso generalizado, otras voces, en especial desde el ámbito político, han reclamado desde hace tiempo que se hicieran obligatorias.
Según ha afirmado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la decisión se ha tomado por la petición de las comunidades autónomas, que habrían solicitado la obligatoriedad de usar las mascarillas en lugares públicos. Entre ellos, el presidente catalán, Quim Torra, y el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, que han planteado este domingo en la videoconferencia de presidentes autonómicos con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que se regule el uso de mascarillas en toda actividad que se realice fuera del domicilio en espacios cerrados, o incluso en la vía pública, como ha pedido el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
"Es una medida que hemos estado estudiando y que Sanidad regulará en los próximos días", ha dicho la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior a esa reunión. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que ha habido "unanimidad" con las comunidades autónomas y que el lunes se llevará a cabo una reunión interterritorial en la que se abordará este asunto.
Sin embargo, el criterio del Ministerio de Sanidad ha sido otro hasta la fecha. A día de hoy, el uso de mascarillas solo es obligatorio en transportes públicos y "altamente recomendable" en aquellos lugares en los que no se puede garantizar la distancia de seguridad, como en los supermercados y demás comercios. En la Comisión de Sanidad del Congreso, la oposición pedía el jueves al ministro que se hiciera obligatorio este material de protección en los espacios públicos.
El desabastecimiento y los asintomáticos dictaron nuevos criterios
La OMS llevaba alertando desde febrero de que la escasez estaba dejando a los sanitarios sin material de primera necesidad, como las mascarillas. En la última semana de febrero, la demanda de mascarillas en las farmacias españolas creció un 20.000% respecto al año anterior. Ese mismo mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud insistía en el uso racional de las mascarillas y advertía de que podían dar una falsa sensación de seguridad a las personas que la usan y que se olvidaran de tomar otras precauciones.
El 7 de abril, publicó un informe con Consejos sobre el uso de mascarillas en el contexto de COVID-19, en el que desaconsejaba que las personas sanas llevaran mascarillas. En aquellas fechas, la región italiana de Lombardía, la más afectada por el coronavirus en el país con más víctimas en aquellos días, exigía su uso y fijó multas de hasta 400 euros a quien no fuera con la boca y la nariz tapadas.
En este informe, la OMS reiteraba que el uso de mascarillas debía limitarse al personal sanitario y que en la población general "puede crear una falsa sensación de seguridad, al descuidar otras medidas esenciales, como la higiene de manos y el distanciamiento físico". Preocupaba entonces especialmente que la demanda masiva de mascarillas provocara un encarecimiento excesivo y desabastecimiento para los profesionales de la salud, que eran los que más la precisaban cuando muchos países seguían en el pico de la pandemia.
En aquellos días de abril, hace algo más de un mes, ante el conocimiento del papel que jugaban las personas sin síntomas de Covid-19 o con síntomas leves para la expansión de la pandemia fuera del radar del control sanitario, el ECDC incidió en el uso generalizado de mascarillas médicas, incluso en personas que no hubieran desarrollado la enfermedad, corrigiendo su recomendación anterior de que solo las usaran pacientes confirmados con Covid-19, personal sanitario y otras personas en contacto con los enfermos. La institución europea recomendaba su uso "especialmente en lugares concurridos, espacios cerrados, como tiendas de comestibles, o al utilizar el transporte público".
El Gobierno español seguía de reojo estas recomendaciones pero a la vez no quería exigir las mascarillas mientras no pudiera garantizar el abastecimiento, si bien su indefinición no impidió que la demanda se acelerara y los stocks se agotaran, mientras otros países prohibían las exportaciones o requisaban la producción, contribuyendo todo a alimentar las dudas del Ejecutivo.
Cambios de criterio en España
En España, desde el principio de la pandemia, y aun antes de declarar el estado de alarma, preocupado por el desabastecimiento, el Ministerio de Sanidad limitó la recomendación del uso de las mascarillas a las personas enfermas o sus cuidadores, el personal sanitario y en aquellas situaciones en que se considerase necesario.
El 25 de marzo, Sanidad publicó una infografía en la que destacaba esta misma idea, que "la población general sana no necesita mascarilla" y que un uso incorrecto podría generar más riesgo.
Sin embargo, el 3 de abril Sanidad ya barajaba generalizar el uso de las mascarillas para evitar el contagio, pensando en la reanudación de la actividad laboral no esencial y en un escenario de desconfinamiento para el que aún faltaban semanas. Pero el 11 de abril el propio ministro de Sanidad reiteraba que "no es necesario ir con mascarillas por la calle" si se iba andando al trabajo o en bicicleta.
Y esta semana, tras meditar de nuevo sobre el uso de las mascarillas, el departamento de Salvador Illa ha explicitado su nuevo criterio: recomendar el uso de mascarillas higiénicas (el 23 de abril limitó a 0,96 euros el precio de las mascarillas quirúrgicas desechables) en la población general sana "cuando no es posible mantener la distancia de seguridad en la compra, en espacios cerrados o en la calle".
En paralelo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, subrayó durante semanas que no era necesario que los ciudadanos sanos usen mascarilla. Siempre ha señalado su uso como un elemento complementario y ha repetido muchas veces una frase convertida en un lema: "La mejor mascarilla son los dos metros de distancia".
Preguntado en las últimas jornadas casi a diario sobre el uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas, las FFP2 o incluso de las viseras de fabricación doméstica, Simón no ha sentenciado a favor ni en contra, y se ha limitado a ponderar la utilidad de estos instrumentos para proteger a los demás del contagio del coronavirus.
El pasado miércoles, sobre si las mascarillas deben ser obligatorias, el experto sugirió que si lo "decide el Gobierno" deberá explicitar "muy bien las excepciones" para que no acaben siendo un problema para los grupos de población que no pueden usarlas.
Desde el 4 de mayo, obligatoria en el transporte público
Desde el 4 de mayo, con el inicio de la Fase 0 del plan de desescalada en España, es obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público. El propio Gobierno se comprometió a repartir millones de mascarillas en estaciones de metro y ha repartido también este material a la Federación Española de Municipios y Provincias y a organizaciones como Cáritas y Cruz Roja.
Esa misma semana, Simón había descartado que Sanidad fuera a obligar a utilizar de forma generalizada las mascarillas como mecanismo de prevención, y la postura oficial fuera del uso obligatorio en el transporte público era una "fuerte recomendación" de su uso.
Y, al mismo tiempo, el experto admitía que "hacerla obligatoria no es fácil" porque "no todo el mundo puede" usar las mascarillas, como las personas con problemas respiratorios, aquellas a las que su utilización les provoca crisis de ansiedad o los profesionales a quienes "por su nivel de alta actividad física pueden no tener la opción".
La polémica ha rodeado también a las mascarillas en muchos países, por los fraudes en la venta y comercio, la desinformación sobre los tipos más adecuados, y su disponibilidad en el mercado. También en España, en concreto por la distribución de mascarillas defectuosas que compró el Gobierno y que fueron retiradas en varias comunidades, o la reciente polémica en Madrid con el reparto gratuito por parte del Gobierno regional de mascarillas FFP2 modelo KN95, no recomendadas para la población general.
Países que obligan a llevar mascarilla en espacios públicos
¿Qué se hace en otros países? Las posturas están lejos de ser unánimes, y en el entorno europeo el abanico va de los países que obligan ya al uso de mascarillas en el espacio público a los que directamente las desaconsejan.
[Compara los planes de desescalada de España y de otros 19 países]
En Alemania, los 16 estados federados obligan al uso de la mascarilla en los espacios públicos, al igual que Portugal, que ha ordenado el uso de mascarillas también en transportes públicos y escuelas y también en todos los espacios cerrados con aglomeraciones. Grecia obliga a llevar mascarilla en empresas y servicios, en el transporte y los taxis. La República Checa ha ordenado también el uso de mascarillas en los espacios públicos al menos hasta el mes de junio. Austria ha establecido que los ciudadanos deben llevar cubierta boca y nariz en los comercios y el transporte público.
Las mascarillas son obligatorias en Italia en lugares interiores (allí el Gobierno limitó el precio máximo de la mascarilla a 0,50 euros). En Francia son obligatorias en el transporte público, y también para todos los maestros y los estudiantes de secundaria. Holanda también obliga únicamente al uso de mascarillas en los medios de transporte compartidos.
Otros países abogan de momento por la mera recomendación de las mascarillas en espacios públicos cerrados o cuando no se pueda mantener una distancia de dos metros entre personas, como Reino Unido, Bélgica y Suiza.
Destaca la ambigua postura del primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, médico de profesión, cuyo gobierno no obliga al uso de mascarillas y advierte de que llevarlas fuera del ámbito sanitario no garantiza un beneficio si no se está enfermo. Aún así, las recomienda en espacios cerrados y en el transporte público.
Finlandia, que también recomienda las mascarillas en el espacio público, es la excepción de una Escandinavia escéptica al uso de este modo de prevención. En Suecia, las autoridades sanitarias valoran más la distancia social que el uso de mascarillas o guantes y como Noruega, que afirma que "no existe base científica para una recomendación de uso generalizado de mascarillas", un argumento que comparte Dinamarca.
En los países asiáticos, donde la pandemia arraigó antes de llegar a Europa, y donde es más frecuente el uso de mascarillas entre la población, se ha recomendado el uso general para prevenir la Covid-19 y su uso desde el principio ayudó a contener la propagación de la enfermedad. En Hong Kong, desde que comenzó el brote se pidió a todo el mundo que usara mascarilla cuando salía a la calle. En Corea del Sur se recomendó usar mascarillas y el gobierno las distribuyó entre la población, al igual que se hizo en Japón.
Por supuesto, en China se extendió el uso de mascarillas a toda la población en lugares públicos o con mucha afluencia. En ciudades como Wuhan o Shanghai era obligatorio para toda la población, tanto en la cuarentena como en el actual desconfinamiento.