La difusión de un vídeo con insultos y amenazas compromete la ya cuestionada Presidencia de Bolsonaro en Brasil

• En plena crisis por la pandemia del coronavirus han dimitido dos ministros de Salud y el de Justicia, que le acusa de abuso de poder
• El Tribunal Superior de Justicia del país es partidario de confiscar los teléfonos móviles de Bolsonaro para la investigación

La difusión de un vídeo con insultos y amenzas compromete a Bolsonaro

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sigue sumando polémica. Esta vez, como protagonista de un vídeo grabado durante un consejo de ministros y que está salpicado de palabrotas, insultos e incluso amenazas. Entre los insultos están los proferidos contra adversarios políticos como los gobernadores de Sao Paulo, Joao Doria y de Río de Janneiro, Wilson Witzel, a quienes Bolsonaro se refiere en el vídeo como "esas mierdas".

También han sido objeto de insultos, esta vez de parte del ministro de Educación, Abraham Wintraub, los magistrados del Tribunal Supremo (STF) que ha tachado de inconstitucionales algunas de las medidas adoptadas por el gobierno de Bolsonaro y que, según Wintraud, "ponía a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el STF".

Moro, de ministro de Justicia a feroz enemigo

El vídeo registra las conversaciones de Bolsonaro con sus ministros. Sergio Moro, entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, participaba en esta reunión y dimitía dos días después, el 24 de abril, después de que el presidente brasileño destituyese al director general de la Policía Federal, Maurício Valeixo, y nombrase en su lugar a Rolando Souza.

Según el exministro Moro, entregó entonces el vídeo a la Justicia como supuesta prueba de la interferencia de Bolsonaro en la Policía Federal. El magistrado del Tribunal Superior, Celso de Mello, decidió entonces hacer público el vídeo, considerado ya un elemento en la investigación sobre las sospechas de si Bolsonaro intentó influir en la labor de la Policía Federal.

Según la investigación, la primera decisión de Souza como nuevo director general de la Policía Federal fue destituir al responsable del cuerpo en Río de Janeiro, uno de los supuestos intereses de Bolsonaro, aunque en el vídeo no aparezca ninguna mención directa al asunto. Bolsonaro niega esta acusación y en su cuenta de Twitter dice que "defender la verdad con moderación es hacer un favor a la mentira".

La familia y la política

Según el ex ministro Moro, Bolsonaro temía una operación contra sus hijos, Carlos y Flavio, que están siendo investigados por la Policía Federal. En el caso de Flavio, por supuesta malversación de dinero público al estar acusado de pagar a "empleados fantasma". A Carlos, concejal en el Ayuntamiento de Río de Janeiro, se le investiga como presunto miembro de una organización criminal que elaboraba y difundía noticias falsas para perjudicar a cargos públicos.

A falta de referencias expresas, sí se considera que algunas declaraciones de Bolsonaro en el vídeo pueden dar lugar a interpretaciones en el sentido de la interferencia en la actuación de la policía. Por ejemplo, la que dice: "Va a cambiar. Si no los puedo cambiar, cambio a sus jefes. ¿No puedo cambiar al jefe? Cambio al ministro", y se dirigía a Moro, que dimitiría dos días después como ministro de Justicia.

En otra declaración dice: "Ya intenté cambiar gente de la seguridad nuestra en Río de Janeiro oficialmente y no lo conseguí. Y eso se acabó. No voy a esperar a que jodan a toda mi familia, de cachondeo, o a amigos míos, porque no puedo cambiar a alguien de la seguridad".

Bolsonaro investigado por supuesto abuso de poder

Según el ex ministro Moro, Bolsonaro quería influir personalmente en la Policía Federal, llamar a sus directores y otros responsables para hacerlo y tener acceso a informes clasificados.

A raíz de estas sospechas, la Fiscalía inició una investigación sobre supuestos abusos de poder por parte de Bolsonaro y a petición del ex juez de la operación anticorrupción Lava Jato, el vídeo fue exigido a la Presidencia y divulgado por orden del Tribunal Supremo y su decano Celso de Mello, que supervisa la investigación.

A su regreso al Palacio da Alvorada, residencia presidencial, Bolsonaro declaró a los periodistas que la pretensión del exministro Moro " no fue siquiera un fuego artificial, como mucho un petardo infantil" y reiteró que el vídeo no revela "una mínima prueba" de su "interferencia en la Policía Federal".

El Fiscal General de república, Augusto Aras, nombrado por el presidente, asegura que la divulgación integral del vídeo ha dado un tono político a la investigación criminal.

Sistema paralelo de información

Además de las críticas y descalificaciones, también Bolsonaro habla en el vídeo sobre el sistema paralelo de información. Reclama, con tono encendido, información de los organismos del Estado que dice necesitar pero que no recibe.

"No puedo ser -asegura el presidente brasileño- sorprendido por las noticias. Tengo a la PF (Policía Federal) que no me da información. Tengo a la inteligencia de las fuerzas Armadas y no tengo informaciones. La Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) tiene sus problemas, pero facilita alguna información."

Bolsonaro considera a todos estos servcios "una vergüenza" y se queja de que su familia "es perseguida" y defendió que, respecto a esta, lo único que pretende no es un trato de favor, sino garantizar su seguridad física en Río de Janeiro.

El teléfono móvil de Bolsonaro

En el marco de la investigación, el magistrado de Mello pidió el viernes 22 que la Fiscalía analice la posibilidad de incautar los teléfonos móviles del presidente y de su hijo Carlos, concejal en el ayuntamiento de Río de Janeiro. "La pretensión investigadora del estado impide que los órganos públicos competentes ignoren aquello que se apunta en una 'notitia cirminis', señaló el juez de Mello sugiriendo su criterio favorable a incautar los teléfonos de Bolsonaro, decisión que corresponde en último término al Fiscal General.

Bolsonaro, por su parte, ha asegurado que nunca cederá sus móviles para la investigación, ni siquiera si se lo ordena el STF, Tribunal Superior Federal. La sugerencia del magistrado de Mello, en el sentido de una incautación, provocó también una dura reacción por parte del Gobierno de Bolsonaro.

Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional y general de la reserva del Ejército, se pronunció mediante una nota que ha levantado ampollas en diversos sectores.

Heleno asegura que "La petición de aprehensión del teléfono móvil de presidente es inconcebible" y si así ocurriera, sería "una afrenta a la autoridad máxima" y "una interferencia inadmisible", que "podría tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional".

Entre las reacciones a la nota de Heleno, la de la OAB, máximo representante de los abogados en Brasilque llega a interpretar las palabras del ministro de Seguridad Institucional como una amenaza golpista.