El informe de la Guardia Civil asegura que el Gobierno conocía el "peligro" de celebrar manifestaciones como el 8M

• Fuentes de la Guardia Civil sospechan que el informe es la causa de que Interior destituyera al coronel Pérez de los Cobos
• El informe forma parte de la causa por la que ha sido citado a declarar como imputado el delegado del Gobierno en Madrid

El informe de la Guardia Civil asegura que el Gobierno conocía el "peligro" de celebrar manifestaciones como el 8M

“La Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas al estado de alarma”. Esta es la conclusión principal del informe que remitió la comandancia de la Guardia Civil al juzgado de instrucción 51 de Madrid y que forma parte de la causa por la que ha sido citado a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la marcha del 8M.

También se trata del informe por el que fuentes del cuerpo armado sospechan que ha sido destituido el coronel Diego Pérez de los Cobos. Precisamente, este martes ha dimitido el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, en protesta por el cese.

Boletines RNE - Dimite el número dos de la Guardia Civil tras la destitución del coronel Pérez de los Cobos - Escuchar ahora

El documento de 83 páginas, al que ha tenido acceso RTVE, hace referencia a la ‘operación Sanitario’ de la Guardia Civil para esclarecer si hubo prevaricación administrativa por parte del presidente y los delegados del Gobierno en las distintas comunidades autónomas.

El texto enumera una serie de argumentos para afirmar que el Gobierno era conocedor del peligro de celebrar marchas como la del 8 de marzo en las semanas previas al estado de alarma. Así, señala las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que el 29 de enero ya aconsejaba “evitar aglomeraciones y no permanecer con frecuencia en espacios cerrados y abarrotados”, así como mantener, “al menos, un metro de distancia” con otras personas.

El informe también contiene errores e incorrecciones. Así, señala, por ejemplo, el 30 de enero como el día en que la OMS declaró la pandemia mundial por el coronavirus,  algo que no ocurrió hasta el 11 de marzo, tres días después de la manifestación feminista.

También indica que Fernando Simón alertó el 28 de febrero de un foco de transmisión incontrolado, cuando en realidad lo que dijo fue lo contrario: "Tanto en Andalucía como en Madrid, de existir la posibilidad de transmisión sería de bajo nivel, de acuerdo con la información que tenemos".

Un documento interno de la Delegación de Gobierno en febrero

La Guardia Civil también recoge en su informe un documento interno de prevención de riesgos laborales que fue hecho llegar a los trabajadores de la Delegación del Gobierno en Madrid el 28 de febrero -actualizado el 5 de marzo- que demuestra que “se tiene constancia de la gravedad de la enfermedad” con sus posibles efectos más adversos y recomienda que se “mantenga el distanciamiento social” con al menos un metro de distancia.

Un documento, afirma el informe, por el que “todo el personal de la Delegación del Gobierno estaba al corriente de la evolución del Covid-19”.

También asegura que el Gobierno estaba al tanto de los riesgos de las manifestaciones a raíz del documento de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional que ya el 24 de enero pedía evitar aglomeraciones, aunque su responsable, José Antonio Nieto, fue destituido con posterioridad.

El informe hace un recopilatorio, además, de comunicaciones mantenidas entre distintas autoridades gubernamentales con personalidades internacionales del ámbito de la salud, así como con los gobiernos regionales, para determinar que desde enero el Ejecutivo tenía conocimiento de la gravedad de la pandemia desde el mes de enero.

Un congreso evangélico y una maratón suspendidos antes del 8M

Otro de los argumentos señalados en el informe afirma que informa de que el Gobierno pidió suspender un congreso evangélico -que se iba a celebrar entre el 19 y el 21 de marzo- durante una reunión mantenida con los organizadores el 6 de marzo, presentando para ello un informe que consideraba de riesgo cualquier evento multitudinario.

A dicha reunión -precedida por otra un día antes-, acudieron el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la entonces directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid (Yolanda Fernández) y los representantes de iglesias evangélicas, según testimonios tomados a algunos asistentes.

“Ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto”, habría dicho Fernando Simón, sobre un evento que estaba previsto para 6.000 personas. Así, el informe señala una posible contradicción cuando el Gobierno permitió el 8M, al que se estima una asistencia de hasta un millón de personas.

El propio Fernando Simón, preguntado al respecto este martes en rueda de prensa, ha defendido que las recomendaciones sanitarias desde el 3 de marzo desaconsejaban celebrar eventos de masas con participación de personas de zonas de riesgo y que, en este sentido, el congreso evangélico iba a reunir a personas de alrededor de 120 países, algunos de ellos de alto riesgo, y que por ello rechazaron su celebración.

El documento también recoge que el día antes de las marchas feministas del 8 de marzo, el Gobierno prohibió una maratón en Barcelona y, sin embargo, el director del CAES, Fernando Simón, respondió así ese mismo día sobre qué le diría a su hijo en caso de que quisiera acudir al 8M: “Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera".

Suspensión de manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo

Por último, el informe recoge que entre el 5 y el 14 de marzo fueron convocadas 177 manifestaciones, de las cuales 35 acabaron siendo desconvocadas, más de 20 motivadas por la situación sanitaria.

Sin embargo, señala que en muchos casos, no fue la Delegación del Gobierno quien suspendió las convocatorias, sino que hubo llamadas por su parte a los responsables de esas manifestaciones para convencerles de que no era conveniente llevar a cabo las marchas con el fin de que las desconvocaran ellos mismos y que así no quedara registrado que había sido la Delegación la que las había cancelado.

Con todas estas consideraciones, el documento concluye que a partir del pasado 5 de marzo "no se debería haber realizado ninguna manifestación o concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19" porque ya existía un "profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas".