La juez del 8M advierte a Interior de que la Guardia Civil solo debe informarle a ella

• La magistrada contempla responsabilidades penales si no se respeta el deber de reserva de la Policía Judicial
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El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, interviene en el Congreso

La juez que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8M en Madrid en la pandemia de Covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio al Ministerio de Interior recordando que ha dado orden expresa a la Guardia Civil -que actúa como policía judicial en la causa- de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones encomendadas, y le recuerda que no puede filtrar esa información ni a sus superiores ni a los medios de comunicación, según ha podido saber TVE.

El oficio ha sido remitido este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, tras conocerse la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar "por pérdida de confianza" al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos.

Fuentes del Instituto Armado y asociaciones como Jucil (Justicia para la Guardia Civil) y APROGC (Asociación Pro Guardia Civil) han indicado a TVE que sospechan que el motivo del cese está relacionado los informes judicializados y declarados secretos que hace pocos días la comandancia que dirigía Pérez de los Cobos envió al juzgado de instrucción 51 de Madrid.

Posibles responsabilidades penales en caso de infracción

En el oficio remitido al 'número dos' de Interior, Rodríguez-Medel recuerda que desde que arrancó la investigación el pasado 25 de marzo, "dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan".

En esta misma línea, la magistrada advierte al secretario de Estado que la infracción de este deber "debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar" -entre las que se contemplan las responsabilidades penales-, aunque señala que por el momento no le consta que se haya producido, según informa Europa Press.

La magistrada, que mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue la actuación del Gobierno durante el origen de la pandemia, ha citado este lunes a declarar como imputado el 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8M por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.