La acusación pide a la juez del 8M que impute a Fernando Simón por desobediencia y denegación de auxilio

• La Asociación contra la Gestión del Coronavirus atribuye a Simón una "flagrante dejación de funciones"

La acusación ve en la actuación de Simón una "flagrante dejación de funciones".

La Asociación contra la Gestión del Coronavirus (AGC), que se ha personado como acusación popular, ha pedido a la juez que instruye la causa abierta por el 8M, que impute al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por desobediencia y denegación de auxilio por su gestión de la pandemia.

En un escrito remitido a la magistrada al que ha tenido acceso RTVE, la asociación atribuye a Simón "una flagrante dejación en sus funciones así como de obligaciones" que han puesto "en peligro la salud pública, e integridad física de todos los españoles y residentes en España", pues, entre otras cosas, "animó a la asistencia de la marcha feminista del 8M, pese a que el coronavirus en España se encontraba desbocado".

El abogado Víctor Valladares, que fue quien presentó la denuncia que ha originado la causa en la que está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, destaca las "contradicciones" del médico en sus comparecencias públicas.

En especial, entre las contradicciones hace referencia a "la utilización obligatoria de mascarillas, la necesidad de la realización de tests serológicos, la falta de información veraz del número de fallecidos por coronavirus, la negación en un principio de un peligro real en España de la existencia del virus, afirmando que habría hechos aislados, y nunca de contagio local, cuando ya contaba con Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la UE".

Sobre este último punto, el denunciante cita estas declaraciones del 7 de marzo de 2020 del director del CCAES: "Si mi hijo me pregunta sí puede ir a la manifestación del 8M, le diré que haga lo que quiera", y por contra, advierte de que ese mismo día Simón suspendió la maratón de Barcelona por suponer un riesgo en relación con el coronavirus.

Cree que esas acciones pueden ser delito

Todas estas acciones podrían, señala el denunciante, ser "constitutivas de otros ilícitos penales tales como homicidio imprudente, falsedad documental, delito contra la salud pública, delito contra la seguridad de los trabajadores, delito de lesiones por imprudencia profesional, delito de obstrucción a la Justicia, etcétera...".

El escrito señala que la denuncia se fundamenta en el contenido del informe elaborado por la Guardia Civil, que ha provocado esta semana una crisis en el Ministerio del Interior. En tres días, se han producido, un cese, una dimisión y un relevo.

El pasado lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó al jefe de la Comandancia la Guardia Civil en Madrid, al general Diego Pérez de los Cobos. Según fuentes del Insituto Armado, la causa era el informe sobre el 8M que se habría negado a facilitar a Interior, algo que negó Marlaska. El martes, el entonces 'número dos' de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, dimitió como Director Adjunto de Operaciones (DAO). Y este miércoles fue revelado de su puesto también el 'número tres' de la Benemérita.

Cree que Simón actuó de forma "evidentemente dolosa"

En su escrito, la acusación se centra en buena medida en las reuniones mantenidas los días 5 y 6 de marzo por Simón y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los organizadores de un congreso evangélico que debía celebrarse en España entre los días 19 y 21 de ese mes, y en los argumentos que -según el informe- les dieron para no celebrarlo.

La acusación sostiene que el epidemiólogo actuó de forma "evidentemente dolosa" prohibiendo unas manifestaciones y permitiendo e incluso "animando" a asistir a la del 8M.

Por todo ello, insta a la juez a que ordene que se le remitan todas las comunicaciones existentes en relación con el coronavirus entre el Ministerio de Sanidad y el CCAES, desde el 30 de enero hasta el 14 de marzo de 2020, "a fin de acreditar la existencia o no de requerimientos del primero de los organismos al segundo"

Por su parte, en la rueda de prensa diaria, Simón, que ha dicho desconocer la denuncia, ha asegurado que está "centrado, al igual que el resto del Ministerio" de Sanidad, en hacer su trabajo "lo mejor" que puede.

Simón desconoce la denuncia contra él por su gestión de la pandemia: "Estoy centrado en hacer mi trabajo"

La acusación amplía la denuncia contra el delgado del Gobierno en Madrid

Además, en otro escrito, la acusación también ha ampliado la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid para que sea investigado por un delito contra los derechos y libertades públicas, en concreto el de manifestación. Franco, que ya se encuentra imputado en la causa por un delito de prevaricación, ha sido citado a declarar el próximo 10 de junio en el juzgado.

Al hilo de las llamadas que los promotores de 12 manifestaciones dijeron a la Guardia Civil que recibieron desde la Delegación del Gobierno, la asociación cree que Franco pudo incurrir en la "perpetración de un nuevo hecho delictivo, como es el que afecta al ejercicio de derechos fundamentales". Por ello, solicitan que el delegado de Gobierno sea imputado también por este delito.

La acusación solicita asimismo que llame a declarar a los convocantes de hasta doce manifestaciones que fueron canceladas por la Delegación del Gobierno tras el 8 de marzo mediante una llamada telefónica a los organizadores. Recuerda el abogado que estas llamadas no aparecen registradas en los archivos de la Delegación por lo que considera que fueron "canceladas sin motivación alguna y sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente".

Según el escrito, para prohibir una reunión o una manifestación se debe hacer "por escrito y una fundamentación fáctica y jurídica, y no a través de un funcionario anónimo de la Delegación del Gobierno, presionado por superiores y sin aportar motivación alguna que una conversación telefónica no registrada en archivo alguno".