La juez rechaza imputar a Fernando Simón en la causa por el 8M porque hay otros procedimientos contra él
- Rodríguez Medel rechaza así la petición de la Asociación contra la Gestión del Coronavirus, personada como acusación popular
- Coronavirus: última hora en directo | Así evoluciona la curva del coronavirus en España
- ¿Qué es el coronavirus? | Mapa mundial | Mapa de España
La juez titular del juzgado de instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha rechazado imputar al director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias (CAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por desobediencia y denegación de auxilio, como pedía la acusación popular en la causa que investiga la marcha del 8M, al haber otros procedimientos abiertos contra él.
En una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, Rodríguez Medel rechaza así la petición de la Asociación contra la Gestión del Coronavirus (AGC), en la que solicitaba la imputación de Simón en la misma causa por la que ha sido citado a declarar como imputado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco.
En concreto, la AGC atribuía a Simón "una flagrante dejación en sus funciones" que "puso en peligro la salud pública", al considerar que, entre otras cosas, "animó a la asistencia de la marcha feminista del 8M, pese a que el coronavirus en España se encontraba desbocado".
Mientras, en el marco del mismo procedimiento judicial, la Abogacía del Estado ha dirigido un nuevo recurso a la juez, en el que señala que hay "un claro sesgo acusatorio" en el informe del 8M elaborado por la Guardia Civil y pide que se anule la declaración como imputado del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco.
Admite que se persone otra asociación
Sobre la solicitud de la asociación AGC, la juez hace saber al denunciante que el procedimiento no se dirige contra el director del CAES y que hay "al menos otros dos juzgados diferentes (de Madrid)" con "asuntos ya registrados en trámite" contra él, por lo que se debería presentar la ampliación de la denuncia ante dichos órganos jurisdiccionales.
Por otra parte, en la misma providencia que rechaza imputar a Fernando Simón por la marcha feminista del 8M, la juez admite la personación como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, aunque la condiciona a la presentación de un poder especial y a la prestación de 1.000 euros en concepto de fianza.
Por el contrario, la juez deniega tener por ampliada la denuncia en relación con el conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno a los que "sin identificar, imputa una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades, toda vez que no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos enunciados".
Cita a declarar a otros siete testigos
Rodríguez Medel también deniega la personación en la causa de Javier Fernández Torres, al no cumplir el escrito con los requisitos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco admite la personación como acusación popular de la asociación Derecho a Decidir por no cumplir con los requisitos exigidos en dicha ley para personarse y por dirigir su acusación contra Fernando Simón "que no ostenta la condición de denunciado en este procedimiento".
Por último, en el marco de la investigación por las concentraciones del 8M, la juez cita a declarar siete testigos el próximo 11 de junio a las 15:30 horas.
Al margen del procedimiento judicial, a lo largo de la última semana se ha producido la salida de tres mandos de la Guardia Civil, la primera fue la del responsable de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska ha desinvulado del informe del 8M. A este cese le siguieron la dimisión del número dos, Laurentino Ceña, y el relevo del número tres, Fernando Santafé.
Fuentes de la Guardia Civil aseguraron sinembargo a TVE que Pérez de los Cobos recibió llamadas de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, para pedir el informe en cuestión, aunque desde Interior aseguran que la llamada era para comunicarle el cese.