El Gobierno estudiará que más comunidades gestionen el ingreso mínimo vital a partir de 2021

• Madrid, Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria y Castilla y León han pedido su gestión
• Los empresarios que empleen sin contrato a perceptores del IMV serán sancionados como "cooperadores necesarios"

Las comunidades autónomas reclaman la gestión del ingreso mínimo vital

El Gobierno estudiará, a partir de 2021, establecer convenios con comunidades autónomas para que gestionen el Ingreso Mínimo Vital (IMV), según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por ahora, se han firmado convenios con País Vasco y Navarra para la gestión del Ingreso Mínimo Vital -aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y cuya reglamentación se ha detallado este lunes-. Mientras que Madrid, Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria y Castilla y León han pedido gestionar esta prestación.

El real decreto-ley también detalla la concesión de crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión por 500 millones para financiar esta medida en 2020.

En una entrevista en la COPE, Escrivá ha subrayado que Navarra y País Vasco ya podrán gestionar el IMV, pero que para el resto de autonomías "se abre la posibilidad a un arreglo posterior", porque en estos momentos "hemos priorizado ser lo más eficaces posibles" y "algunas autonomías no han demostrado serlo" con prestaciones similares.

"Sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los que se refiere el artículo 31 de este real decreto-ley, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital", recoge el BOE.

Comisión de seguimiento

La norma también recoge la creación de una comisión de seguimiento del IMV como órgano de cooperación administrativa con las comunidades autónomas y las entidades locales para el seguimiento de la aplicación del contenido de este real decreto-ley y de un consejo consultivo sobre la medida en el que se sentarán entidades del tercer sector y los agentes sociales.

El IMV garantizará a los hogares españoles una renta mínima de 10.070 euros de media al año (839,2 euros al mes), aunque la cuantía dependerá del número de miembros de la familia, con lo que partirá de 461,5 euros al mes para un solo adulto hasta 1.015,3 euros para familias de al menos cinco personas.

El coste anual previsto para esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social es de 3.000 millones de euros anuales, con los que se quiere llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores.

Sanciones al "cooperador necesario"

Escrivá ha explicado que al solicitar la renta mínima, el beneficiario deberá "declarar y pasar por la Agencia Tributaria", lo que empuja a la formalización de su actividad económica y, por lo tanto, a evitar la economía sumergida.

"Si existiese y se detectara un creador de renta no declarada, las penalizaciones se extenderán no sólo al beneficiario -de la prestación- sino también al cooperador necesario", ha dejado claro Escrivá en referencia al empresario que ofrece trabajo sin contrato ni cotización a la Seguridad Social.

Entre las infracciones muy graves se detalla el "incumplimiento reiterado" de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio. La sanción implica la pérdida del IMV por un periodo de hasta seis meses y cuando las infracciones extinguiesen el derecho habrá que devolver seis mensualidades. En otros supuestos se puede decretar no tener derecho a esta ayuda hasta durante 5 años.

Las infracciones leves, como no proporcionar la documentación e información precisa, se sancionarán con un apercibimiento. Las graves -donde entra desde la falta de documentación, no comunicar cambios relevantes o incumplir con la obligación de participar en las estrategias de inclusión o en las condiciones para compatibilizar el IMV con otros ingresos- se sancionarán con la pérdida de la prestación por hasta tres meses.