Marlaska cesó a Pérez de los Cobos por no informar del desarrollo de las investigaciones sobre el 8M

• RTVE ha tenido acceso a la nota firmada por María Gámez en la que informa del cese por "no informar" de la investigación
• PP, Vox y Cs piden al Congreso su reprobación y exigen su dimisión

Marlaska cesó a Pérez de los Cobos por no informar del desarrollo de las investigaciones sobre el 8M

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por "pérdida de confianza" y por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". Así dice una nota firmada por la directora de la Guardia Civil, María Gámez, a la que ha tenido acceso RTVE, a raíz de la cual PP, Vox y Cs han pedido al Congreso la reprobación del ministro y exigido su dimisión.

Tras hacerse pública esta nota, el Ministerio del Interior ha reconocido que cesó a De los Cobos por pérdida de confianza y por no haber comunicado las actuaciones relativas a la investigación del 8M en Madrid, "a los solos efectos de conocimiento" y en ningún caso por el contenido del informe que elaboró la Guardia Civil a petición de la juez, al que no tuvieron acceso ni el departamento ni la dirección del instituto armado. Aseguran también que la destitución "se enmarca en el proceso de remodelación de la Guardia Civil

Así, las fuentes insisten en la idea de que De los Cobos “incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones”, pero eso no significa que se le pidiera información sobre el informe.

En declaraciones a TVE, han aclarado después que Pérez de los Cobos empezó a informar sobre el procedimiento en marzo. "Dijo primero que la juez había comisionado a policía judicial, dijo que se habían paralizado las actuaciones y después Interior se enteró de los avances por la prensa".

Documento del cese de Pérez de los Cobos firmado por María Gámez RTVE.es

Marlaska: "No voy a dimitir, no ha habido injerencia"

El propio Marlaska ha respondido después, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, que lo que motivó la pérdida de confianza fue la filtración a la prensa de dicho informe "nada más ser entregado al juzgado", algo que podría suponer un "delito de descubrimiento de secreto".

Lo ha dicho siguiendo la aclaración que han hecho antes las fuentes del Ministerio, que han subrayado que la dirección de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior "ni conocían las actuaciones, ni tuvieron acceso al informe", que, "sin embargo, fue objeto de filtraciones antes incluso de que las partes personadas en el proceso tuvieran acceso al mismo".

Marlaska asegura que no va a dimitir por no haber cometido ninguna injerencia

"No voy a dimitir. No he pedido informe alguno ni ha habido injerencia alguna", ha incidido Marlaska, quien ha mostrado su respaldo al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, añadiendo que el Gobierno seguirá formando "equipos con capacidad, con personas neutrales y profesionales".

Fuentes de Interior precisan que la confianza "es un elemento nuclear en un cargo como el que ocupaba el coronel, para el que fue nombrado de forma discrecional, y que para el que se necesitan las más altas cotas de neutralidad, profesionalidad y comunicación". "Sin estos elementos, no se puede desarrollar el trabajo diario de forma óptima", concluyen las fuentes.

Los guardias tienen obligación de informar de manera genérica

Las asociaciones de la Guardia Civil recuerdan que los miembros del instituto armado comisionados como Policía Judicial tienen la obligación de informar a sus mandos sobre las investigaciones en marcha, pero solo de manera genérica, tal y como establece una orden de 2012 a la que ha tenido acceso RTVE. Sin embargo, piden al ministro del Interior que aclare los verdaderos motivos del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

El secretario general de AUGC, Juan Fernández, sostiene que "el ministro no ha faltado a la verdad, en el sentido de que no ha querido tener el informe ni interferir en la investigación" judicial. También se ha referido a la orden de 2012, que establece que todas la unidades deben remitir cada miércoles "una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente" o de las que presenten "novedades relevantes".

Por su parte, la AEGC, la Unión de Oficiales y JUCIL solicitan también explicaciones "urgentes" al ministro sobre los motivos reales del cese y dicen sentirse "sorpendidos", "estupefactos y descolocados" por la situación, mientras que para la Asociación Profesional de Cabos (APC) la nota de este martes supone "la gota que colma el vaso" en relación con el cese del coronel y "los escorzos, quiebros, requiebros y regates han finalizado". Para la Asociación PRO Guardia Civil (APROGC) se confirma que el cese del coronel fue "como consecuencia de negarse a incumplir una orden ilegal".

Marlaska "cuenta con todo el apoyo del Gobierno"

A raíz de la polémica, la ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero ha asegurado que Marlaska "cuenta con todo el apoyo del Gobierno y del presidente del Gobierno"y ha lamentado el "ruido" generado, ha dicho, por otros partidos. También ha reivindicado "el derecho" de los distintos ministerios de proceder a la "confirmación o renovación" de su equipo cuando llegan al Gobierno, un hecho que en el caso de Interior, se vio afectado por la pandemia del coronavirus.

El cese de Pérez de los Cobos se hizo público el lunes 25 de mayo e implicó la dimisión un día después del director adjunto operativo (DAO), teniente general Laurentino Ceña, adelantado unos días su relevo en el puesto de máxima aspiración del Instituto Armado, previsto para el 2 de junio. También esa semana fue relevado el otro teniente general al frente de las cuestiones operativas del Cuerpo, Fernando Santafé.

El informe de la Guardia Civil asegura que el Gobierno conocía el "peligro" de celebrar manifestaciones como la del 8M desde finales de enero y forma parte de la causa judicial por la que está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.