La Abogacía del Estado acusa a la jueza del 8M de iniciar una "búsqueda voraz de indicios de delito" contra el Gobierno

• El escrito, al que ha tenido acceso RTVE, también carga contra la Guardia Civil y pide el archivo de la causa
• Considera que el proceso se ha convertido en una "causa general" contra la gestión de la crisis sanitaria

La Abogacía del Estado acusa a la jueza del 8M de iniciar una "búsqueda voraz de indicios de delito" contra el Gobierno

La Abogacía del Estado acusa a la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que dirige la investigación del 'caso 8M', de haber iniciado una “búsqueda voraz de indicios de delito” contra el Gobierno y de haber convertido el proceso en una "causa general contra la gestión de la crisis sanitaria".

En su recurso, que fue presentado este lunes, el órgano judicial solicita la petición de archivo del proceso, que tiene como único imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por un presunto delito de prevaricación y llamado a declarar este miércoles.

El escrito de la Abogacía, al que ha tenido acceso RTVE, también carga contra la actuación de la Guardia Civil y señala concretamente a los agentes que elaboraron los dos informes incorporados a la causa por los "errores" e "imprecisiones" que contenían y por haber querido involucrar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Ve "evidente" que Franco no prevaricó

Para que hubiese prevaricación, explica la Abogacía, Franco debería haber sabido "perfectamente" que "al no prohibir/revisar las tomas de conocimiento estaba incumpliendo una obligación; debía ser sabedor de que no prohibiendo/revisando las manifestaciones iba a causar una alteración del orden público con peligro para las personas o los bienes".

Es "evidente", señala el escrito, que no concurre semejante circunstancia. "Ni las autoridades sanitarias sabían hasta el día 9 cuál era la situación real en Madrid, lo que hubiera permitido una distinta evaluación del riesgo, cuanto menos lo podía conocer el Sr. Franco que no ostenta competencia sanitaria alguna", afirma el escrito, fechado el 8 de junio y de 74 páginas.

En él se menciona también que "ni la CAM (Comunidad de Madrid), ni el CCAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) y el Ministerio de Sanidad, ni el ECDC (El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades) recomendaban la cancelación de eventos multitudinarios en Escenario 1, salvo circunstancias especiales que no se daban en las manifestaciones" y se concluye que Franco "actuó correctamente en el ejercicio de sus competencias".

Considera que se iniciaron diligencias sin haber indicios

Esos son algunos de los argumentos que sostiene la Abogacía del Estado, encargada de la defensa del Delegado del Gobierno en Madrid, para considerar que la "instrucción tenía por objeto, no investigar indicios de delito, sino encontrarlos" y que por esa razón se inicia con la investigación "una búsqueda voraz de indicios de delito, ya fuera el de prevaricación o el de lesiones por impudencia".

"Los más de dos mil folios de investigación que han sido necesarios para poder llamar al Delegado del Gobierno como investigado -y hacerlo sin ninguna motivación jurídica que permita conocer por qué se le llama- evidencian que al iniciar las Diligencias Previas no había ningún indicio, y sigue sin haber, como se desprende de los informes encargados para hacer acopio probatorio, sino meras sospechas huérfanas de apoyo", sostiene la Abogacía, que en muchas de sus acusaciones menciona de manera implícita a la Guardia Civil.

Critica los "errores" contenidos en los informes de la Guardia Civil

En otras, carga directamente contra la actuación de los agentes del instituto armado que elaboraron los dos informes remitidos a la jueza por los "errores" e "imprecisiones" que contenían los documentos, lo que "desvirtúa" las bases de las conclusiones.

"Una parte de los errores o imprecisiones de los Informes arrastran de informaciones obtenidas de distintos medios de comunicación social, de los que no sólo se hace eco el informe, sino que los adopta como fuente, a lo que se añade la filtración de los propios informes incluso antes de que se nos dé traslado a las partes", apunta.

Esto genera "un estado de opinión sobre unas valoraciones sesgadas y parciales" que constituyen "una clara violación", no solo de la presunción de inocencia, sino también del derecho a un proceso con las debidas garantías y una lesión del derecho de defensa", precisa.

Esfuerzos por "hacer ver oscuras maniobras"

La Abogacía del Estado entiende que la Guardia Civil interpretó de forma indebida las recomendaciones de los organismos internacionales y critica que en el primero de los informes hubiera errores significativos como el de señalar que la pandemia fue declarada por la OMS el 30 de enero, cuando fue el 11 de marzo.

El error fue corregido "después de que en numerosos medios de comunicación se señalara lo grosero del mismo", señala el escrito, en el que se incluye una reflexión al respecto: "de no haberse puesto de manifiesto ese error por medios de comunicación, quizá la mención errónea seguiría allí y con ello el énfasis que se quería dar a esa fecha temprana".

La Abogacía va más allá y acusa a la Policía Judicial de esforzarse por "hacer ver oscuras maniobras" y de "tergiversar" las declaraciones de los testigos, dando a entender que fueron presionaros con el fin de que desconvocaran algunas manifestaciones. "No hubo ninguna mano negra por más esfuerzo que se haga en encontrarla", añade el escrito.

Argumenta que se ha querido involucrar a Fernando Simón

También hay una clara crítica a las gestiones que los agentes hicieron en relación con el CCAES y su director, Fernando Simón, y consideran que se extralimitó la instrucción.

"¿Por qué se dirigió la Policía Judicial al CCAES cuando nadie les había autorizado a hacerlo ni se les había pedido? No se buscaba comprobar si había recomendaciones a la Delegación del Gobierno sino que se extralimitaba del teórico campo de la instrucción. Se pretendía saber qué había hecho el CCAES y su director, en cuanto cara visible de la gestión en el estado de alarma de la crisis sanitaria", señala la Abogacía.

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Este órgano ve "evidente" que "se ha querido investigar y se ha investigado a quien no ha tenido nunca la condición de investigado, por hechos que no constituyen el objeto de las presentes actuaciones y nada tienen que ver con la presunta prevaricación administrativa".

Para la Abogacía del Estado, "queda patente que la investigación ha desbordado los límites de la prevaricación administrativa imputada al Delegado del Gobierno para extenderse a la gestión de la crisis sanitaria por el Gobierno".