El delegado del Gobierno en Madrid, ante la juez del 8M: "No había ningún elemento para prohibir un derecho fundamental"

• José Manuel Franco ha declarado como imputado por un presunto delito de prevaricación
• La magistrada rechazó este martes archivar la causa, como solicitaban la Abogacía del Estado y la Fiscalía

José Manuel Franco sobre el 8M: "En aquel momento, no había ningún elemento para prohibir un derecho fundamental"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha defendido este miércoles ante la jueza su actuación respecto a las concentraciones del 8M y ha asegurado que no había "ningún elemento" en aquella fecha que llevase a "prohibir el ejercicio de un derecho fundamental".

Así lo ha afirmado Franco frente a varias decenas de periodistas que lo esperaban a la salida de los juzgados de instrucción de Madrid, donde ha declarado como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativapor haber permitido la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del Día de la Mujer.

El delegado del Gobierno en Madrid ha asegurado que no se siente "responsable" del 8M y ha explicado que su declaración ante la magistrada ha consistido en "dejar perfectamente claro que la actuación ha sido siempre con arreglo a la ley y a las noticias que se iban teniendo por parte de los expertos" sobre la evolución del COVID-19.

El delegado del Gobierno en Madrid: "No había ningún elemento para prohibir un derecho fundamental"

"Se hizo lo que nos decían los expertos sanitarios que se podía hacer"

"Se hizo lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios que se podía hacer (...) No había ningún elemento en aquel momento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental cuando se estaban celebrando muchos otros acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos", ha recalcado Franco.

El Delegado del Gobierno en Madrid también ha apuntado que "las manifestaciones no se autorizan" y que "no está acreditado que el incremento de casos que se dieron el día 9 tuvieran que ver con la manifestación del del día 8".

A las preguntas sobre los informes remitidos a la jueza por parte de la Guardia Civil, Franco ha respondido de manera escueta: "Desde el respeto que tengo a la institución, no puedo estar de acuerdo con el informe que han hecho. Es una valoración muy subjetiva".

En cambio, se ha reservado su opinión acerca de si la juez está encabezando una "causa general" contra la gestión sanitaria de la pandemia por parte del Gobierno, como le ha reprochado la Abogacía del Estado, porque le gusta "ser cauto".

Franco ha lamentado "profundamente" que no se esté hablando de otros asuntos como los ERTE o el ingreso mínimo vital y que "tengamos que estar con este tema". "Me ha tocado esto y he intentado cumplir con mis obligaciones como delegado y ciudadano, y cumplir con la justicia", ha dicho.

También ha pedido disculpas por no haberse pronunciado hasta ahora sobre el caso: "No debía ni podía hacerlo por respetar el trabajo de la Justicia", ha aclarado

Ha incidido en que su puesto no tiene competencias sanitarias

En la declaración, que ha transcurrido en tono cordial y en la que el delegado ha podido extenderse en las respuestas, según han informado fuentes jurídicas, Franco ha asegurado que no recibió nunca un correo de la sección de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación en el que se proponían consejos para evitar la propagación del coronavirus, y ha incidido en que no su puesto no tiene competencias sanitarias.

Ha reconocido que antes del 8 de marzo tuvo conocimiento de algunos avisos sobre la propagación del coronavirus publicados por la Comunidad de Madrid, pero no eran resoluciones, y nunca recibió ninguna recomendación por parte de las autoridades sanitarias competentes, según han precisado otras fuentes presentes en la declaración.

Los miembros de su gabinete también han defendido que se cumplió la ley y el responsable de Seguridad Ciudadana ha reconocido que se hicieron llamadas a algunos organizadores de concentraciones o manifestaciones para fechas posteriores al 8M para recomendarles que las desconvocaran por posibles contagios, precisando que es una práctica "frecuente" cuando se detecta algún riesgo en las convocatorias.

El letrado de Unión de Oficiales -asociación de mandos de la Guardia Civil que ostenta la dirección letrada de la causa-, Jesús Martín Vázquez, ha defendido que el delegado debe responder por el delito de prevaricación, ya que su puesto si conlleva decisiones de ámbito sanitario, y ha anunciado que pedirá una batería de diligencias "para saber la verdad".

También ha asistido a la vista la asociación de consumidores Juan de Mena, personada en la causa, pero no el letrado del denunciante, Víctor Valladares, por un problema con los documentos que debía de presentar.

La jueza rechazó anular la causa

Su comparecencia ante la juez ha tenido lugar justo un día después de que la magistrada haya inadmitido los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía y rechazara anular la causa, tal y como solicitaban.

Después de la declaración de Franco es el turno del secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas, quienes comparecen también este miércoles en calidad de testigos.

La investigación comenzó el 23 de marzo, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid admitió la denuncia presentada por un particular por estos hechos. Desde entonces, la magistrada trata de dilucidar desde cuándo conocía la Delegación del Gobierno en Madrid el riesgo de contagio por coronavirus y si omitió la alerta que emitió el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades el 2 de marzo, así como las recomendaciones sanitarias.

Sin embargo, tanto la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno, como la Fiscalía de Madrid se han opuesto a mantener viva la causa. Por un lado, los servicios jurídicos del Estado han recurrido casi todas las resoluciones de la juez Rodríguez-Medel y la práctica de todas las diligencias de investigación.

La Abogacía asegura que la magistrada inició una "búsqueda voraz de indicios de delito" y la acusa de haber querido convertir la instrucción "en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria", saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

La Fiscalía tampoco ve que el delegado del Gobierno haya cometido un delito de prevaricación y añadió en su escrito que el Delegado del Gobierno no tenía competencias para prohibir una manifestación por razones sanitarias.

Informes del forense y de la Guardia Civil

Con el fin de esclarecer los hechos, la juez solicitó al médico forense adscrito al juzgado que analizará si la manifestaciones "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas", y a la Guardia Civil que investigara la actuación del delegado del Gobierno y el curso dado a las advertencias sanitarias.

Este lunes, la jueza recibió un segundo informe del perito en el que afirma que "la hecatombe" que ha devenido en la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus "se veía venir" desde semanas antes del 8 de marzo.

La Guardia Civil también ha entregado al juzgado dos informes en los que asegura que la Delegación del Gobierno de Madrid tenía conocimiento del riesgo del coronavirus desde "mediados de febrero", cuando los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales ya comenzaron a reunirse para adoptar medidas concretas para evitar contagios entre el personal.

Asimismo, los agentes del Instituto Armado también cuestionan que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que preside Fernando Simón no difundiera una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido el pasado 2 de marzo.

El contenido de esos informes ha suscitado una agria polémica por la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que era el superior de los investigadores que los realizaron. Este hecho ha sido criticado duramente por la oposición como un caso de injerencia política en una investigación judicial.

Otras declaraciones pendientes

Este jueves, a partir de las 09:00 horas, la juez instructora continuará con la ronda de testigos y escuchará a otros cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno.

Después comparecerán tres promotores de manifestaciones Javier Gómez Ochoa, de CC.OO. Construcción y Servicios; Antonio García Edwards, de 'Anonymus for the voiceless Animal Save'; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura ASAJA.

Las declaraciones continuarán por la tarde cuando acudirán a la sede judicial los promotores de otras siete manifestaciones convocadas en marzo a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran.