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El Supremo confirma la absolución a Ana Botella por la venta de viviendas sociales a fondos buitre

  • La Empresa Municipal de la Vivienda vendió 1.860 viviendas a Fidere/Blackstone
  • El Tribunal de Cuentas revocó la sentencia y ahora el Supremo rechaza el recurso

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El Supremo confirma la absolución a Ana Botella por la venta de viviendas sociales a fondos buitre

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y su Junta de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) al 'fondo buitre' Fidere/Blackstone.

En el auto, los magistrados desestiman el recurso de casación que presentó el 11 de diciembre de 2019 la concejal socialista Mercedes González contra la resolución del Tribunal de Cuentas.

El 17 de julio, el Tribunal de Cuentas revocó una sentencia anterior que condenaba a Botella y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros por la venta en 2013 a dicho fondo de inversión de 1.860 viviendas de la EMVS.

La sentencia inicial consideraba probado que la operación en la que fueron vendidas las viviendas pública por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado, generando un perjuicio al erario público de más de 25 millones de euros. Los vecinos afectados, a los que Fidere había subido el alquiler, mostraron entonces su satisfacción.

El Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, a seis de sus concejales y al exresponsable de la Empresa Municipal de la Vivienda a abonar casi 26 millones de euros por la venta de pisos protegidos a fondos buitre. El fallo, contra el que cabe recurso, considera que el procedimiento fue ilegal. Uno de los barrios más afectados por la venta es el Ensanche de Vallecas.

Sin embargo, esta sentencia fue revocada con los votos de dos consejeros de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas: Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Botella; y José Manuel Suárez, ambos nombrados a propuesta del PP. El tercer consejero, Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE, votó en contra.

Con el fallo de este jueves del Supremo se cierra la posibilidad de reclamar responsabilidades a la exalcaldesa por la venta de la vivienda pública.

El auto desestima el recurso de la concejal socialista

En el auto del Tribunal Supremo, los magistrados señalan que González "no desarrolló ninguna actuación procesal en la instancia, y ha sido con posterioridad a la sentencia cuando ha decidido comparecer ante el Tribunal de Cuentas y anunciar su intención de recurrirla en casación".

Señalan que la recurrente ha dejado "expresa constancia de su condición de concejal" del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Madrid, no sostiene su legitimación procesal con base en el cargo público que ocupa, sino que, según ella misma enfatiza una y otra vez, ha comparecido y está litigando con base en su condición de vecina del Ayuntamiento de Madrid.

Un punto que los magistrados concluyen en que el requerimiento se formula "invocando únicamente, de forma carga y expresa, el cargo público que se desempeña, no puede surtir efectos como tal requerimiento, a efectos del artículo 68 LBRL, si nada se dice acerca de la acción que esta precepto consagra".

El Supremo estima que la "única conclusión" que puede adoptar se desestimarlo, sin costas al mismo ya que no esta previsto en el recurso de queja la intervención de parte contraria.

Mercedes González ha señalado en declaraciones enviadas a los medios que valora "muy negativamente" el auto ya que en su opinión cercena su derecho a la tutela judicial efectiva y ha añadido que da la sensación de que el Supremo "ha pegado un patada al balón". No obstante, no descarta recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.