Los testigos insisten ante la juez en que la Delegación del Gobierno les recomendó cancelar eventos tras el 8M

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Han ratificado sus declaraciones incluidas en el informe de la Guardia Civil.

Los testigos que han declarado este jueves ante la magistrada que investiga la celebración de actos el 8M han ratificado sus declaraciones incluidas en el informe de la Guardia Civil, en las que aseguraron que la Delegación del Gobierno de Madrid les recomendó cancelar los eventos que tenían previstos en días posteriores por el coronavirus, y han rechazado haber recibido presiones para cancelar sus manifestaciones.

Las 15 declaraciones previstas para este jueves han transcurrido con normalidad ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, quien ha pedido al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que le comuniquen "los eventos colectivos o masivos públicos o privados" que se celebraron entre el 5 y el 8 de marzo "con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias".

En la sesión de mañana han comparecido los jefes de servicio y sección del departamento de Seguridad Ciudadana y dos auxiliares administrativas, además del jefe de Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey, quien ya declaró ante la Guardia Civil que la manifestación del 8M no se debería haber celebrado.

Muhzrram ha reiterado ante la juez que, en su opinión y aunque no es virólogo, la protesta no se debería haber producido.

También han testificado Javier Gómez Ochoa, de la Federación de Construcción y Servicio, de Comisiones Obreras; Antonio García Edwards, de Anonymus for de Voiceless Animal Save; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja.

Correos enviados antes del 8M

Tras las declaraciones, el abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Jesús Martín Vázquez, ha enfatizado que la sesión se ha desarrollado con "absoluta normalidad" y los testigos han ratificado las declaraciones que realizaron en su momento.

Vázquez ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar la causa ya que entienden que los "hechos investigados sí son susceptibles de un delito de prevaricación", ya que las competencias de Franco también incluyen el ámbito sanitario.

El abogado también se ha referido a los correos enviados antes del 8M por el departamento de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno recomendando a sus empleados una serie de consejos para evitar contagios. "Los mandó -en referencia al jefe del área- a todos los correos de la Delegación", ha afirmado.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, sin embargo, aseguró este miércoles durante su declaración como investigado en la causa que no había recibido ese correo.

Las llamadas para recomendar la cancelación se produjeron después del 8M

El letrado de UO, asociación que tiene la dirección letrada en la causa, ha reconocido que todas las llamadas del departamento de Franco para persuadir a los convocantes a que no llevaran a cabo sus protestas se produjeron después del 8M.

Por su parte, Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja, ha incidido que entre el 12 y el 14 de marzo recibió llamadas de personal de la Delegación del Gobierno para que cancelará una "tractorada" convocada para el 24 de marzo.

Esta protesta iba a partir de Extremadura hasta la sede de la Vicepresidencia del Gobierno de Pablo Iglesias.

Ante la negativa a desconvocar esta marcha, la Delegación del Gobierno en Madrid decidió no autorizarla a fecha del 16 de marzo por la pandemia del coronavirus. "Simplemente hemos venido a colaborar con la justicia", ha añadido Metidieri a los periodistas que esperaban en la puerta de los juzgados.

Una testigo dice que la Guardia Civil la malinterpretó

Por la tarde, ha llegado el turno de los convocantes de otras siete protestas en Madrid que recibieron llamadas de la Delegación del Gobierno para conocer si iban a desarrollar sus manifestaciones, que finalmente fueron cancelados por la crisis sanitaria.

La primera en declarar ha sido la presidenta de la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler, Diana Chnaiker, quien ha advertido a la jueza de que la Guardia Civil hizo una "mala interpretación" de la declaración que prestó ante los agentes que la citaron.

La testigo ha ratificado su declaración ante la Guardia Civil, pero "recalcando algunas cosas".

"Según lo que se entendía (en el informe) yo había cancelado la protesta por una llamada, pero no era así", ha precisado al tiempo que ha explicado que la Delegación pidió que enviara un documento para confirmar la cancelación de la protesta.

Esta entidad tenía tres concentraciones previstas frente a la Asamblea de Madrid. Una que se celebró el 5 de marzo, otra que no se llegó a desarrollar el 12 de marzo y la que cancelaron prevista para el 19 de marzo.

"El 17 nos llamaron para ver qué hacíamos", ha añadido mientras que ha rechazado haber recibido presiones para tomar esta decisión, según ha respondido a preguntas de la Abogacía del Estado.

"Depende de cómo se lea se puede entender de una forma u otra. No íbamos a celebrar esa protesta con el estado de alarma", ha incidido.