Anticorrupción solicita 57 años de cárcel para Villarejo por el espionaje a un despacho de abogados

• Reclama 52 años para García Castaño por la pieza 'Iron', la primera que se terminó de instruir del macrosumario
• Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde hace dos años y medio.

Imagen de archivo del excomisario José Manuel Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción solicita 57 años de cárcel para el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y una pena de 52 años de prisión para el comisario Enrique García Castaño, han confirmado a TVE fuentes fiscales, por diversos delitos investigadosen la pieza número 2 del 'caso Tándem', denominada 'Iron', por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 procesó a los dos policías y a otras 12 personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

En prisión preventiva desde hace dos años y medio

La pieza 'Iron' ha sido la primera cuya instrucción ha concluido de toda la macrocausa que desde hace tres años indaga en las actividades supuestamente ilícitas del comisario Villarejo y por la que éste se encuentra en prisión preventiva desde hace dos años y medio.

El proyecto 'Iron' reveló un 'modus operandi' en la actividad profesional del comisario y que se ha ido repitiendo en la mayoría de las más de 20 piezas en las que está dividido el 'caso Tándem', y es que Villarejo constituyó un entramado societario en el que, entre otras cosas, se prestaba servicio de detectives, valiéndose para ello de su privilegiada posición en la Policía Nacional y recurriendo a otros funcionarios policiales para obtener datos de forma ilícita, en ocasiones a cambio de dádivas.

Cuatro policías y un funcionario de Hacienda

Tras concluir sus pesquisas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ve indicios para sentar en el banquillo a Villarejo, su socio en el Grupo Cenyt Rafael Redondo, su mujer Gemma Alcalá, el abogado David Macías; así como los policías ya apartados de sus funciones Enrique García Castaño --quien fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)--, Antonio Bonilla, Constancio Riaño y Javier Fernández Pérez; y el funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro.

Asimismo, procesa a los directivos del despacho Herrero y Asociados Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno, además de al propio bufete como persona jurídica por ser la empresa que habría contratado los servicios de Villarejo para supuestamente espiar a Balder IP Law.

Según las conclusiones a las que ha llegó el juez, que sustentan el escrito de la Fiscalía, los hechos parten de la "situación de crisis" de Herrero y Asociados por algo que el despacho consideró como una "competencia desleal", y es que antiguos socios y empleados constituyeron en el mismo edificio el bufete Balder IP Law, con similar "finalidad y objeto social".

Sin embargo, la actividad contratada iba mucho más allá" de una mera "prestación de servicios de detectives", ya que se ha podido constatar que Villarejo y Redondo ofertaron a Herrero y Asociados "un servicio dirigido a solventar una 'situación de crisis'" que incluía la "obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado", como tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, relativos a Balder IP Law.