La crispación se adueña de la política durante el estado de alarma y aleja un gran pacto por la reconstrucción

• El tono bronco ha ido aumentando en el Congreso con duros reproches entre el Gobierno y PP y Vox
• El acercamiento entre el Ejecutivo y Ciudadanos hace recelar a ERC y agrieta la mayoría de la investidura
• Coronavirus: última hora en directo | Mapa de España | Mapa mundial
• Mapa de la nueva normalidad | Así evoluciona la curva | Qué se sabe de la vacuna

Imagen de archivo: el líder del PP, Pablo Casado, felicita a Pedro Sánchez por su investidura como presidente del Gobierno.

“De esta crisis salimos más fuertes”, reza una campaña del Gobierno para hacer frente “juntos” al coronavirus. España abandona este domingo del estado de alarma con decenas de miles de muertos, una economía profundamente dañada y una imagen política que dista mucho de la unidad. Han sido tres meses en los que, si de algo se ha infectado el Congreso de los Diputados, ha sido de crispación y balas cruzadas. Los posibles pactos de Estado se diluyen en agua de borrajas y ni siquiera hay consenso para negociar en Europa unas ayudas para el país, que todavía tendrá que hacer frente a posibles rebrotes.

La declaración del estado de alarma que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 13 de marzo, recibió el consenso mayoritario de los partidos, aunque PP, Vox y Cs ya le acusaron de ir “tarde”. Pero en el Congreso parecía claro que la medida era necesaria y la primera prórroga logró salir adelante sin ningún voto en contra y solo con la abstención de los partidos independentistas -ERC, JxCat, EH-Bildu y la CUP- y del BNG.

La imagen era casi de unidad y Sánchez comenzó a apelar a la reedición de los llamados Pactos de la Moncloa de 1977 para alcanzar un gran consenso por la reconstrucción social y económica del país ante la que era una “encrucijada histórica” y “la gran crisis de nuestras vidas”.

Pero a día de hoy, con más de tres meses de por medio, los grandes acuerdos parecen imposibles con un Gobierno que denuncia el “acoso” de PP y Vox, a quienes acusa de querer “derrocar un Gobierno legítimo”, y una oposición por parte de ambos partidos que hace al Gobierno responsable de los muertos, le acusa de “mentir” y ocultar cifras, de haber mantenido un “estado de excepción encubierto”, habiendo usado el estado de alarma para ampliar sus poderes y de “traición” a los españoles.

¿Qué pasó con la reedición de los ‘Pactos de la Moncloa’?

Ciudadanos estaba a favor y reivindicaba como suya la idea a principios de abril. Pero para ello, era necesario que se sumara el PP. Sin embargo, los ‘populares’ veían la propuesta de Sánchez como un “señuelo”. Su líder, Pablo Casado, insinuó que lo que quería Sánchez era “un cambio de régimen encubierto” y reivindicó que cualquier acuerdo debería ser alcanzado en el Parlamento “con luz y taquígrafos” y no en una mesa ajena al Congreso.

La comisión para la reconstrucción se constituyó a finales de abril en el Congreso, pero lo más destacado hasta la fecha han sido los graves insultos que en ella se han proferido algunos líderes y reproches continuos, especialmente entre PP, Vox y Unidas Podemos.

La crispación en el Congreso venía de antes, con momentos tensos como el de la diputada socialista Adriana Lastra preguntando al diputado ‘popular’, José Ignacio Echániz, si la estaba “amenazando”. El nivel subió cuando la portavoz nacional del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, llamó al vicepresidente social, Pablo Iglesias, “hijo de terrorista”, algo que le valió las críticas de un sector de su partido y la denuncia del progenitor del vicepresidente.

Poco después, el presidente de la comisión de reconstrucción, Patxi López, tuvo que pedir perdón por permitir un debate en el que el vicepresidente social, Pablo Iglesias, aseveró que a Vox “le gustaría dar un golpe de Estado pero no se atreve”. Para entonces, Iglesias ya había calificado a los miembros de Vox “parásitos” y “miserables”, pero el partido de Abascal tampoco había escatimado en acusaciones como la de que Iglesias ha "dejado morir" a los ancianos en las residencias y que al Gobierno solo le preocupan sus “delirios totalitarios".

Poco a poco, los debates sobre quién llamaba a la “insubordinación” de la Guardia Civil, quién pactaba con terroristas, quién buscaba un golpe de Estado o quería provocar un “cambio de régimen” se instauraron en el día a día en el Congreso pese al intento fallido de su presidenta, la socialista Meritxell Batet, de descolgar el teléfono y llamar a la calma uno a uno a los portavoces de los partidos parlamentarios.

Entre tanto, tomaron protagonismo cuestiones ajenas al coronavirus, como la Guardia Civil y las marchas feministas del 8M, ligados entre sí por un informe del Instituto Armado que formaba parte de la causa judicial por la que estaba imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que finalmente fue archivada.

La destitución por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del coronel Diego Pérez de los Cobos a raíz de la filtración de dicho informe y el vídeo de una conversación privada de la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconociendo que la baja afluencia el 8M fue por el coronavirus, han llevado a PP, Vox y Cs -muy críticos con las marchas- a pedir la dimisión de ambos ministros. Tampoco se han salvado de las peticiones de dimisión el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sobre quienes pesan querellas por la gestión sanitaria de la pandemia.

La pérdida de apoyos para las prórrogas y el acercamiento a Cs

Por otra parte, la dificultad cada vez mayor del Gobierno en estos tres meses de sacar adelante las prórrogas del estado de alarma y su acercamiento a Ciudadanos han producido un resquebrajamiento en la mayoría de la investidura.

Casado mantuvo la “mano tendida” con el ‘sí’ de su partido en las tres primeras prórrogas, durante los picos más altos de la pandemia, pero su “paciencia” se agotó para la cuarta votación y el 6 de mayo pasó a la abstención, reclamando una reapertura más clara de los sectores económicos. Para Sánchez, que el líder de la oposición se abstuviera era como votar ‘no’. Desde entonces, acusó al PP de haber “dimitido” de su responsabilidad como partido de Estado y de haber escogido a “la ultraderecha”, en referencia a Vox, que votó ‘no’ desde la segunda prórroga y pasó a pedir la dimisión en bloque del Ejecutivo para dar paso a un Gobierno de transición. El partido de Abascal fue el que alentó y lideró las movilizaciones en coche contra el Ejecutivo y algunos de sus dirigentes se sumaron a las caceroladas en la calle.

Y a medida que se sucedían las prórrogas, los partidos nacionalistas acusaban al Gobierno de “invadir” competencias a través del mando único y se sumaban a la petición de PP, Vox y Cs de que el Gobierno buscara un “plan B” al estado de alarma.

ERC, uno de los socios clave de este Gobierno, transitó al ‘no’ en la votación de la cuarta prórroga, aunque uno de los rechazos que más dolió al Gobierno -en lo simbólico- fue el del único diputado de Compromís, Joan Baldoví, en la quinta votación, síntoma del resquebrajamiento en el bloque de la investidura.

En este contexto, Ciudadanos y el PNV resultaron claves para las dos últimas prórrogas, pero Sánchez tuvo que pactar algunas medidas antes, aunque la más polémica fue la derogación “íntegra” de la reforma laboral acordada con EH-Bildu. Un pacto que Sánchez se guardaba en la recámara por si fallaban los apoyos de Cs o PNV y que finalmente no fue necesario, pero que generó una pequeña crisis entre PSOE -que rectificó- y Unidas Podemos y tensión con la patronal de empresarios y la de autónomos.

No era la primera ni la única diferencia entre los socios de Gobierno, que ya habían tenido discrepancias sobre las medidas a incluir en el decreto de ayudas al alquiler y las tuvieron después para el decreto del ingreso mínimo vital.

Se tambalea la mayoría de la investidura y ERC avisa: "Todo no puede ser"

Entre tanto, Ciudadanos apoyó esos decretos y también el de nueva normalidad para salir del estado de alarma, pese a incidir en que no es un socio del Gobierno, y la relación se mantiene fluida a día de hoy, llegando incluso a abrirse a negociar unos Presupuestos. Sánchez ha recalcado en varias ocasiones que un partido con diez escaños puede ser más útil que uno de 89, en referencia al PP. El Gobierno también se ha abierto incluso a "modular" el acuerdo de Presupuestos entre PSOE y Unidas Podemos a las nuevas circunstancias.

En este contexto, ERC lleva semanas avisando de que “todo no puede ser”. “Dime con quién pactas, y te diré quién eres”, aseveró su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, durante el último debate el pasado 3 de junio.

Junto con él, otros partidos minoritarios que han apoyado a Sánchez han advertido contra sus posibles alianzas con Cs, aunque el Gobierno insiste en llamar a la unidad y al mayor número de fuerzas posible para sacar adelante las cuentas públicas para 2021, a ser posible, en octubre de este año.

Por ahora, el mayor consenso que ha conseguido el Gobierno al margen del estado de alarma ha sido sacar adelante el ingreso mínimo vital, con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que se ha abstenido.