El Supremo de EE.UU. derriba una polémica ley que restringía el aborto en Luisiana en una decisión histórica
- La ley 620 fue aprobada en 2014 e imponía a los médicos unos complicados requisitos para poder realizar el procedimiento
- Si el tribunal hubiera dejado en pie la ley, dos de las tres clínicas que aún practican abortos se habrían visto obligadas a cerrar
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha defendido el derecho al aborto mediante la derogación de una ley de Luisiana que imponía restricciones a los médicos que realizaban el procedimiento, lo que supone un duro golpe a la campaña de múltiples estados conservadores del país para limitar al máximo ese procedimiento médico que es legal en EE. UU. desde hace casi medio siglo.
La decisión es la primera relacionada con el aborto en el Supremo desde que se sumaron a la corte dos jueces conservadores, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, que el presidente estadounidense Donald Trump eligió en parte debido a su oposición a ese derecho reproductivo.
Aunque ambos han votado a favor de la ley de Luisiana, se han quedado en minoría porque el presidente del Supremo, el magistrado de tendencia conservadora John Roberts, se ha sumado a los cuatro jueces progresistas para declarar inválida esa legislación, que habría obligado a cerrar a dos de las tres clínicas del estado.
El veredicto evitará el cierre de dos de los centros médicos
"La ley 620 viola la Constitución", ha proclamado el magistrado progresista Stephen Breyer en el fallo, adoptado por una estrecha mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra.
El veredicto implica que "las clínicas de Luisiana pueden seguir abiertas para dar servicio al millón de mujeres en edad reproductiva en el estado", ha afirmado en un comunicado la presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR), Nancy Northup, que ha defendido a uno de los centros médicos del estado en el litigio.
Si el Supremo hubiera dejado en pie la ley, dos de las tres clínicas que aún practican abortos en Luisiana se habrían visto obligadas a cerrar, y "solo quedaría una, con un único médico", para atender a las mujeres del estado, explicó Northup durante una entrevista con Efe en abril.
La ley 620 de Luisiana
La ley 620 de Luisiana, aprobada en 2014, exigía que los médicos que practican abortos en el estado tuvieran derechos de admisión en un hospital dentro de un radio de unos 48 kilómetros (30 millas) desde la clínica donde se llevara a cabo el procedimiento.
Los defensores del derecho al aborto denunciaron la ley como un intento de "cerrar las clínicas", porque esos derechos de admisión son muy complicados de conseguir y, a su juicio, innecesarios en el caso de un procedimiento tan seguro en términos médicos como la interrupción del embarazo.
A favor de esos activistas -y de una clínica de Luisiana que presentó la demanda en nombre de sus pacientes- ha jugado el hecho de que el Supremo ya examinó en 2016 una ley prácticamente idéntica, que en ese caso trataba de limitar el acceso al aborto en Texas, y la declaró inconstitucional. Es precisamente este precedente el que ha hecho al magistrado Roberts sumarse a los jueces progresistas.
El Supremo indicó entonces que imponer "regulaciones de salud innecesarias con el objetivo o efecto de presentar un obstáculo sustancial para una mujer que quiera abortar" supone "una carga indebida" para el derecho a interrumpir el embarazo.
El aborto, una bandera electoral para Trump
En los últimos años, numerosos estados conservadores del país han aprobado leyes que restringen sustancialmente el acceso al aborto, con el objetivo declarado de forzar al Tribunal Supremo a replantearse la decisión que en 1973 legalizó la interrupción del embarazo en el país.
El Partido Republicano -y en particular su amplia base de cristianos evangélicos blancos y conservadores- ha convertido la oposición al aborto en una bandera electoral importante para Trump.
El aborto sigue siendo un tema divisorio en los Estados Unidos. Los conservadores cristianos - una importante circunscripción electoral para Trump - están entre los más opositores. El presidente republicano, que años antes había apoyado derechos al aborto, asistió a una marcha antiaborto en enero y declaró: "Los niños no nacidos nunca han tenido un defensor más fuerte en la Casa Blanca".